La ayuda energética salva a 1.257 hogares en Valladolid

La ampliación de la campaña a los doce meses aumenta un 18% las prestaciones en 2017 / En 60 casos, la subvención sirvió para evitar un corte de suministro anunciado por la compañía

Una persona enciende la luz en una vivienda
- BERNABÉ CORDÓN

E. NEILA / VALLADOLID

La ampliación de la campaña de ayudas contra la pobreza energética –que este año permanece abierta por primera vez durante los doce meses– ha elevado el número de prestaciones concedidas en Valladolid. En concreto, 1.257 familias han recibido una subvención para poder pagar las facturas de electricidad y calefacción, lo que supone un 18% más que el ejercicio anterior.

El año pasado fueron 1.067 las prestaciones aprobadas y en 2015 esta línea de actuación se estrenó con 648. En esos dos primeros años, la campaña sólo estuvo activa durante el invierno, ante la imposibilidad de las familias más vulnerables a hacer frente a los mayores picos de consumo energético. Este año, el periodo susceptible de ayudas ha permanecido abierto durante todo el año.

La mayoría de las prestaciones se concedieron de forma preventiva, es decir, a petición de los usuarios que acuden a los CEAS para solicitar ayuda ante la previsión de que no podrán afrontar esos gastos por falta de recursos. «Nuestro trabajo es preventivo; el objetivo es impedir que llegue una carta anunciando el corte de luz», explica Félix Moro, director del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid.

Mientras, en apenas 60 casos la intervención tuvo lugar cuando la compañía ya había enviado esa notificación de corte de suministro por impago. Cuando ese requerimiento se produce, los servicios sociales contactan con la empresa suministradora para pedirle que no lleve a cabo la interrupción mientras se tramita la prestación de urgencia social que permitirá al beneficiario hacer frente al gasto.

Este protocolo es consecuencia de los convenios de colaboración firmados entre la Junta, la Federación Regional de Municipios y Provincias y las principales compañías energéticas. En virtud de esos acuerdos –rubricados con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo–, las empresas mantienen el suministro a la espera de la concesión de la prestación, siempre y cuando el pago se materialice durante los tres meses siguientes. Y, en casos en los que la suspensión del suministro ya se ha producido, las compañías se comprometen a reestablecerlo en 24 horas y mantenerlo mientras se tramitan esas ayudas. El primero de esos convenios se firmó en 2015, convirtiendo a Castilla y León en la primera comunidad española en impulsar esta iniciativa, según destacan fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Entonces, ¿este año no se ha cortado la luz en ninguna vivienda de la ciudad? Desde el Ayuntamiento aseguran que se conceden prácticamente todas las solicitudes y que sólo se deniegan aquellas que no cumplen los requisitos del acuerdo marco autonómico, regulador de estas prestaciones de urgencia social y que establece los baremos de la renta disponible en el hogar.

Félix Moro no precisa el número de solicitudes rechazadas para acceder a una ayuda de pobreza energética, pero indica que el porcentaje ronda el 10% en el conjunto de las líneas de acción social, por incumplimiento de los requisitos o por una justificación inadecuada de éstos.

Otra cosa es que un vecino «no venga a los CEAS» a pedir ayuda. Si el Ayuntamiento no tiene constancia de la precaria situación que atraviesa una familia, difícilmente podrá poner a su disposición los mecanismos de emergencia. Y precisamente en esta labor se afanan los trabajadores sociales, en alerta para detectar ‘de oficio’ nuevos casos en colaboración con las asociaciones de la ciudad. Así lo explica la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, al mostrar su preocupación por las familias que desconocen la existencia de estas ayudas. «El reto es llegar» a todos los usuarios, apostilla mientras pone el acento en personas que viven solas y que no recurren a los CEAS porque no contemplan la posibilidad de recibir una subvención.

La concesión de más ayudas este año elevará el montante económico destinado en Valladolid, que en 2016 dedicó 430.000 euros a costear estas facturas y en 2015, otros 276.000.

Estas prestaciones se sufragan conjuntamente entre las entidades locales (que aportan el 45%) y la administración autonómica (el 65% restante). El director del área de Servicios Sociales de Valladolid precisa que, en la ciudad, el porcentaje que asume el Ayuntamiento asciende al 50% por un esfuerzo del equipo de Gobierno de llegar a todas las familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Aumento del 30% en CYL

En el conjunto de Castilla y León, donde el 23,2% de la población está en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, el volumen de prestaciones también crecerá este año, a la vista de los datos del primer semestre. Según los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, entre enero y junio las ayudas sumaron 963.000 euros para llegar a 7.056 personas en la Comunidad (el dato tiene en cuenta todos los miembros de cada hogar beneficiario de la prestación). Eso supone casi un 30% más que las concedidas en el primer semestre del año pasado, cuando se atendió a 5.490 personas con un gasto de 832.000 euros.

En todo 2016, estas prestaciones beneficiaron a 8.916 personas (con un gasto de 1,40 millones de euros). En 2015, llegaron a 7.129 personas (que supusieron un desembolso de 1,25 millones).

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