C’s exige saber si el Gobierno reclama cambios en la ley que prohíbe gasolineras sin empleado

El Ejecutivo acaba de exigir a Extremadura modificaciones en una norma idéntica a la de Castilla y León

MAR PELÁEZ / VALLADOLID

La Junta de Castilla y León multa, desde el pasado 25 de enero, con entre 3.000 y 15.000 euros a todas aquellas gasolineras que no cuenten con al menos un trabajador mientras permanencen abiertas y en servicio, ya sea de día o de noche. Lo hace después de que las Cortes aprobaran el 25 de octubre del año pasado la modificación del Estatuto del Consumidor, con el respaldo del PP, PSOE, Podermos e IU, el rechazo de Ciudadanos y la abstención de la UPL.

Un año hace que está en vigor esta ley y las posiciones encontradas no se han relajado en la Comunidad entre partidarios de que existan gasolineras desatendidas y de que todas sean atendidas. En esa controversia, entra en juego un nuevo elemento. El Gobierno y la Junta de Extremadura han acordado crear una comisión bilateral para «resolver discrepancias». Así, según figura en el BOE del 27 de septiembre, acuerdan designar una grupo de trabajo para buscar la «solución que proceda».
Se da la circunstancia de que la normativa aprobada en la Comunidad extremeña es exactamente igual a la castellano y leonesa, lo que hace presagiar un inicio de conversaciones entre la Junta y el Gobierno para aclarar puntos.

El procurador de Ciudadanos David Castaño ha presentado, de hecho, una pregunta en las Cortes para conocer si la Junta «ha recibido notificación o petición» de la Administración central «para abordar las posibles soluciones legislativas y evitar que la ley autonómica sobre gasolineras termine en el Tribunal Constitucional». Y es que, según asegura, la norma ha sido considerada por el Estado como «una invasión de sus propias competencias». «Podría suponer un incumplimiento del Principio de Jerarquía Norativa», añade.

El director de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), Jerónimo Lozano, recibe la noticia de la vecina Extremadura con esperanza. «Estaríamos encantados de que Castilla y León también diera marcha atrás y paralizara esa exigencia», asegura. Aún así Urcacyl prosigue con su campaña de recogida de firmas para elevar ante las Cortes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) –sería la segunda en la historia de la Comunidad– con el fin de cambiar la ley y permitir así que las cooperativas agrarias no tengan que cumplir ese requisito de contar con personal las 24 horas al día.

«Llevamos recogidas 16.000 firmas y nos faltan unas 2.000 para llegar a las necesarias para presentar la iniciativa», afirma, si bien asegura que en los próximo días darán por finalizado el plazo. A partir de ahí, comenzarán una ronda de contactos con los distintos grupos. «Rectificar es de sabios», asegura, convencido de que los partidos políticos que el año pasado dieron el sí a la ley, «den ahora su brazo a torcer».

Por contra, el vicepresidente y portavoz de la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, analiza la noticia de la vecina Extremadura sin ningún temor. Alega que «el Gobierno no tiene competencia, después de que consumo fuera transferido a las Comunidades».

Aunque se muestra «respetuoso» con la ILP de Urcacyl, recuerda que «esta ley fue aprobada por el 94% de los representantes de las Cortes», por lo que ve inviable que los grupos cambien de opinión.
A su juicio, la defensa de las gasolineras atendidas «no es ninguna broma, ni ningún capricho. Es una garantía de seguridad ante un producto tóxico, peligroso, inflamable y contaminante. No son refrescos, ni gominolas».

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