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La alcaldesa de Santa María, imputada al ‘perdonar’ multas por valor de 13.800€

Alicia Gallego declarará ante el juzgado el 20 de febrero como investigada por prevaricación

MAR PELÁEZ
22/01/2019

 

La alcaldesa de la localidad leonesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego González, tendrá que declarar, en calidad de investigada, ante el juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de la Bañeza el próximo 20 de febrero. Se le investiga por un presunto delito de prevaricación administrativa y de falsedad documental.

Deberá comparecer después de que el juzgado de la Bañeza y la Fiscalía Provincial de León hayan admitido a trámite las denuncias formuladas por miembros del Servicio de Vigilancia Municipal del Ayuntamiento, quienes acusan a la alcaldesa, entre otros, de no haber tramitado las multas de tráfico interpuestas desde febrero de 2018 y haber ‘perdonado’, por tanto, sanciones por importe de 13.800 euros.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Alicia Gallego comunicó el 14 de febrero de 2018 que las denuncias y números de expedientes tramitados por el Servicio de Vigilancia Municipal ya no fueran enviadas directamente, como hasta ese momento, a la Jefatura Provincial de Tráfico, sino que fueran remitidas a las oficinas municipales.

«Desde esa fecha se entregan boletines y relación de denuncias en papel, directamente, a la propia alcaldesa», sostienen los denunciantes, quienes añaden que «el importe económico de las denuncias que no han sido tramitadas por la Alcaldía desde febrero asciende a 13.800 euros».

Pero no sólo eso. Los denunciantes además le acusan de un posible caso de falsedad documental al tratar de paralizar unas obras en la calle Cantapelayo 32 por incumplir supuestamente «la normativa urbanística vigente», amparándose en «decreto que no existe». En segundo lugar, la alcaldesa se apoya en un informe de la Vigilancia Municipal «inexistente» para requerir a un particular que «proceda a la limpieza un mantenimiento de un solar».

Junto a esto, miembros del Servicio de Vigilancia Municipal hacen constar que el Ayuntamiento «ha anulado» cuatro liquidaciones de la tasa cursadas y enviadas por la policía por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntuales, grúas, andamios y otras instalaciones. Y las ha anulado, según la denuncia, «sin que exista una resolución por parte de la Alcaldía», ni siquiera hay constancia en los registros del Ayuntamiento «de solicitud de anulación por la tasa» por parte de los interesados. «Simplemente en el expediente consta: ‘anulada Alcaldía».

«Se da la circunstancia de que una de las personas a las que se le anula la liquidación es Cristina Chamorro, cuñada de la alcaldesa», tal y como reza la documentación consultada.

Por último, la alcaldesa será investigada por «dejación de funciones». Y es que, según consta, ella misma rechazó la firma de la resolución para que comenzara el expediente contra dos ciudadanos que habían sido denunciados por no recoger los excrementos sólidos de sus animales en la vía pública o por orinar en un lugar prohibido para perros.

Dejaba así sin tramitar el primer expediente sancionador que se emitía y que data de octubre 2016, sólo nueve meses después de que la propia alcaldesa emitiera un banco relativo a la recogida de excrementos caninos y que conllevaría multas de hasta 750 euros. «Con posterioridad no se ha tramitado ninguna de las denuncias de la Vigilancia por infracción de ese bando», del mismo modo que ha ocurrido «con las demás denuncias por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana».

La actual alcaldesa, perteneciente a la formación leonesista UPL, sustituyó en 2015 a Miguel Ángel del Egido al frente del consistorio paramés tras el acuerdo de legislatura alcanzado con el PSOE, y que logró desbancar al PP, pese a ser la lista más votada. Gallego se convertía así en la primera alcaldesa en el municipio tras la implantación de la democracia y llegaba, según manifestó en su toma de posesión, con la intención de hacer un «ayuntamiento abierto a todos los ciudadanos, con una gestión transparente, abierta y participativa».

 

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