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Un informe de Deloitte sostiene que prescindir del carbón o la energía nuclear antes de 2030 pondría en riesgo el suministro

Señala que cerrar la plantas nucleares a los 40 años elevaría la emisiones y un aumento de la factura eléctrica

ICAL
17/03/2016

 

Prescindir “prematuramente” de ciertos combustibles -nuclear, carbón o gas- podría poner en riesgo la eficiencia económica durante el periodo de transición hacia un modelo energético sostenible en 2030, así como la seguridad del suministro, según expertos como Alberto Amores, socio consultor de Monitor Deloitte, que ha elaborado el informe ‘La energía y la ingeniería al servicio de la sociedad’, que se abordó este miércoles en un debate en la Real Academia de Ingeniería.

En ese sentido, fuentes de la RAI, explicaron que el informe de Deloitte señala que para lograr el compromiso de reducir las emisiones de CO2 entre el 80 y el 95% en 2050 España debería poner en marcha medidas que requieren una inversión total de entre 325.000 y 385.000 millones de euros, es decir 10.000 millones de euros al año. Estas inversiones para “descarbonizar” la economía son la cantidad, según Amores, que ha invertido el sector eléctrico al año durante la última década.

Asimismo, el estudia recomienda a España contar con todas las tecnologías y energías disponibles en el periodo de la transición. “No se debe cerrar prematuramente durante la transición las centrales térmicas convencionales de gas natural y de carbón, dado que, en caso de hacerlo, a partir de 2020 tendremos que volver a construir nuevas centrales de gas, emisoras de CO2, condenadas a funcionar muy pocas horas para dar el respaldo necesario al sistema eléctrico, porque las nuevas tecnologías de almacenamiento no estarán disponibles tan pronto”, expuso.

Por lo que se refiere al cierre de las plantas nucleares cuando cumplan 40 años de vida o incluso antes, advierte de que supondría un aumento de las emisiones de CO2, ya que se debería sustituir por energía térmica convencional a partir de gas natural. Además, esta medida podría suponer un incremento del precio del mercado diario de hasta ocho o diez euros/MWh en el corto plazo. Es decir, un incremento de la factura eléctrica para los consumidores finales de 11.000 millones.

 

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