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Procesado un grupo que estafaba con ofertas de videoconsolas a través de ‘wallapop’

Doce personas están acusadas de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal por vender Play Station y entregar legumbres / La juez contabiliza 77 víctimas y una cuantía total de 15.245€

MARÍA R. MAYOR / VALLADOLID
03/06/2019

 

Doce vecinos de Valladolid han sido procesados por estafa, acusados de anunciar en la popular plataforma wallapop y en otras páginas web de compraventa de segunda mano videoconsolas PS4 (Play Station 4) a precios baratos que nunca llegaron a entregar a los compradores, después de que estos abonaran el precio acordado. En su lugar, los paquetes que recibían contenían legumbres o botellas de agua de un peso similar a los de las Play Station. En total, la presunta estafa alcanzó los 15.245 euros, entregados por 77 víctimas de distintas provincias, que efectuaron sus encargos entre 2016 y 2017.

Después de incoar diligencias previas el 25 de enero de 2017, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, Elena López Negrete, ha dictado auto de imputación contra los implicados, –siete mujeres y cinco hombres– por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y falsedad documental. Este último está penado entre 6 meses y dos años, el de estafa de seis meses a 3 años y, la pertenencia a grupo criminal, entre 3 meses y un año.

Los acusados son Jenifer G.T., Pablo F.E., Pedro F. G., Belén E.V., Jenifer R.G., Cristina G.H., Ramón G.R., Francisco M.V. y Ruth J.B., todos ellos con antecedentes penales por estafa, además de Beatriz G. S., Susana M.V. y Cristian R.G., también con antecedentes penales, aunque el auto no especifica por qué delitos. Todo ellos se habrían beneficiado en alguna medida de la venta de las videoconsolas a 77 personas que no llegaron a recibir lo adquirido, y que abonaron en conjunto 15.245 euros.

DISTINTAS CIUDADES

Las víctimas procedían de distintos puntos de la geografía española, como Jaén, Torrejón de Ardoz, Ciudad Real, o Valladolid. En cuanto a los acusados, algunos operaron desde Málaga, como Susana M. V., detenida el 22 de junio de 2017 en la ciudad andaluza, donde el juez de Instrucción se inhibió en favor de la de Valladolid.

En el auto judicial al que tuvo acceso este periódico, de fecha 23 de mayo, la magistrada de Instrucción número 3 ordena la continuidad de la causa por el procedimiento abreviado y da diez días a la Fiscalía para que proponga el sobreseimiento o la apertura de juicio oral. En este último caso, deberá formular su escrito de acusación y proponer, si lo estima oportuno, la práctica de nuevas pruebas. Posteriormente, las defensas contarán con otros diez días para presentar sus escritos.

Según expone la titular del Juzgado de Instrucción número 3, entre los años 2016 y 2017, los imputados, todos ellos con antecedentes penales en su mayoría por estafa, integraron un grupo que «de forma concertada y estructurada» se dedicaba a insertar anuncios de venta de artículos, principalmente videoconsolas PS4, en distintas páginas web, como wallapop, milanuncios.com, o vibbo.

La finalidad no era otra que «obtener un beneficio económico ilícito», ya que ofrecían estos artículos a un precio nunca superior a 400 euros, «aunque carecían de ellos y no tenían intención de entregarlos a los compradores».

INSTRUCCIONES

Este grupo «ofrecía datos que daban confianza a las víctimas de todo el territorio nacional a través de teléfonos móviles y conversaciones de whatsapp, como envío de vídeos de funcionamiento del objeto, remisión de contratos de compraventa y de sus datos personales», relata la magistrada.

Los presuntos estafadores también remitían a las víctimas instrucciones sobre cómo abonar el precio final, mediante un archivo de audio incorporado como adjunto en un mensaje de whatsapp.

Otros métodos consistían en enviar una fotografía de la tarjeta de prepago de correos y telégrafos, «o remitiendo fotografía del ticket de compra de un artículo similar al de la supuesta transacción, así como del ticket de envío de Correos». Este último mostraba un peso aproximado al de los artículos objeto de venta, pero en realidad, los paquetes contenían legumbres, botellas de agua, o artículos «no coincidentes con el comprometido».

Según relata la juez de Instrucción, en ocasiones los supuestos estafadores adjuntaban tickets de compra falsos de la PS4 manipulando los códigos numéricos del ticket de un centro comercial. Además, daban facilidades de pago, logrando que las víctimas realizaran ingresos en cuentas bancarias, giros postales, ingresos en tarjetas prepago o mediante pago virtual Pay Pal.

La primera operación que figura en el auto judicial tuvo lugar el 16 de enero de 2015 y la víctima abonó 280,68 euros, el mayor importe de todos los registrados. Solo hay otra compraventa de ese año, un mes después, por valor de 200 euros.

La mayoría oscila entre los 101 euros y los 260, y corresponde a los años 2016 y 2017. Algunos son incluso posteriores a la apertura de las diligencias judiciales, por lo que fueron incorporándose a medida que avanzó la investigación.

Un imputado acusa a los presuntos cabecillas

Uno de los imputados en la causa, Cristian R. G., asegura en una declaración ante la juez, el mismo día de que la titular de Instrucción número 3 transformó en abreviado el procedimiento, que hace dos años había denunciado a los dos presuntos cabecillas de la trama. Se trataría de la pareja formada por Jennifer G.T. y y Pablo F.E., a los que dijo conocer como vecinos de su barrio, las Delicias, en 2016 y 2017.

Cristian, detenido en San Sebastián el 22 de junio de 2017, declaró que desconocía al resto de los investigados, excepto a Jenifer R.G., que es su hermana, y que nunca había publicado «directa ni indirectamente anuncios en páginas web.

Añadió que Jenifer y Pablo utilizaron su nombre como vendedor y que consintió que lo hicieran, pero pensaba que de verdad estaban vendiendo la Play. Según expuso ante la juez, vio las fotos de la consola y también una auténtica en el domicilio de los supuestos cabecillas.

Este imputado, que reconoció haber sido condenado con anterioridad por hechos similares, insistió en que desconocía que los compradores no recibían la videoconsola y en que nunca contactó con ninguno de ellos. En su declaración exculpatoria, agregó que tuvo conocimiento de los hecho por la policía y tuvo que denunciarlos porque «seguían haciendo cosas» en su nombre.

 

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