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Salvar el Archivo denunciará a Guirao si vuelven a salir documentos de Salamanca

La asociación registrará una solicitud formal de ejecución de sentencia para recuperar los 400.000 escritos


31/10/2018

 

La Generalitat vuelve a pedir documentación al Archivo de Salamanca, un tema que la consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Laura Borràs ha llegado a tratar personalmente con el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Una propuesta que no ha causado buenas sensaciones entre los salmantinos ni en la asociación Salvar el Archivo.

La organización, presidida por Policarpo Sánchez, lo tiene claro y Salvar el Archivo denunciará a Guirao si vuelven a salir documentos de Salamanca. «Una nueva salida de documentos del Archivo constituye una nueva violación de la Ley y no dudaremos en ejercer cuantas acciones procedan en defensa de la integridad del Archivo», rubrica el investigador en una carta a la que ha tenido acceso este diario y que fue enviada ayer al ministro.

Sánchez advierte que tomaría acciones contra el ministro y los responsables «que pacten, den la orden o la ejecuten». «Exigiremos responsabilidades para todos», responde a preguntas de este diario.
En esta misiva, Salvar el Archivo solicita al titular de Cultura que facilite y haga público «el listado de todos los documentos y efectos susceptibles de ser trasladados y que vayan a ser tratados en la reunión prevista entre el Ministerio y la Generalitat».

La reunión a la que Sánchez hace referencia se celebrará en noviembre, según anunció el ministro en su comparecencia en el Senado de la semana pasada, aunque no tiene fecha exacta fijada.

La Comisión Mixta estará formada por los directores generales y técnicos competentes en este tema del Ministerio y la Generalitat, según informa a este diario el propio Ministerio, administración que recuerda que todas las decisiones que tome esta Comisión deberán ser «validadas» por el Patronato del Centro Nacional de la Memoria Histórica.

«Estamos muy preocupados porque hasta ahora han predominado los acuerdos políticos», señala el representante de Salvar el Archivo de Salamanca, quien asegura que la documentación histórica carece de «valor» para el Ministerio, lo que la convierte en un «objeto fácilmente negociable para seguir en el Gobierno». Por eso, asegura Policarpo Sánchez, desde la asociación estarán «muy vigilantes».

«El Ministerio está obligado a hacer cumplir la ley y no quiere hacerles cumplir la legislación ni las sentencias judiciales», explica Sánchez.

El «siguiente paso» de la asociación Salvar el Archivo tendrá lugar en Madrid el próximo 14 de noviembre. En el Ministerio de Cultura se registrará una solicitud formal de ejecución de la sentencia para que la cartera dé la orden de devolver los 400.000 documentos que están en posesión de la Generalitat y que legalmente pertenecen al Archivo de Salamanca, según han reconocido incluso los juzgados. «Los mayores escándalos se produjeron en 2010 y en 2011, salidas absolutamente escandalosas», agrega Sánchez, quien reconoce que una «pequeña cantidad» de legajos han sido devueltos al Archivo de Salamanca.

Entre los escritos que quiere recuperar la asociación hay correspondencia personal de familias de 23 provincias de España, documentos de instituciones o de empresas. Ninguno tiene relación con Cataluña, explica el presidente de Salvar el Archivo, que también reclama los documentos ‘sin propietario’.

Es decir, aquellos que la Generalitat debía entregar a los dueños o sus sucesores o a las asociaciones (gremiales, sindicales, vecinales) dueñas de esa documentación, cuyos propietarios no han aparecido o ya no existen, por ejemplo, porque fueron prohibidas durante el Franquismo. Esos 100.000 escritos también deben ser devueltos a Salamanca.

La recuperación de documentación por parte de Cataluña o el País Vasco –las únicas autonomías que han mostrado interés– carece de «encaje legal», sostiene Policarpo Sánchez. Una afirmación que ya fue respaldada por el propio ministro en su comparecencia en el Senado. «Habrá que hacer modificaciones legales o una ley. Pero lo que no podemos hacer es aplicar una ley para casos que no contemplaba la ley de 2005», señaló entonces Guirao.

Por otra parte, se ha admitido a trámite una moción en el Senado que insta al Gobierno a «apoyar» y «preservar» la «integridad» del Archivo de Salamanca. Firmada por la presidenta de honor de la organización y senadora de Foro Asturias, Rosa Domínguez de Posada, moción del Grupo Mixto muestra su «más firme apoyo» a la integridad del Archivo, institución con la que se compromete «expresa y firmemente».

El documento, al que ha tenido acceso este diario, exige al Gobierno que se abstenga de realizar nuevas entregas de documentación y que «actúe» ante la Generalitat «para el efectivo cumplimiento del ordenamiento jurídico y la devolución al Archivo de toda la documentación recibida desde el año 2006, así como la devolución de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios».

La consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, expuso ayer al ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, la «preocupación» y la «oposición» de Castilla y León ante la situación de documentos y efectos del Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca que obran en poder de la Generalitat de Cataluña, informa Ical. La consejera incidió en la importancia de «garantizar el regreso de todos esos fondos bibliográficos que no se hayan podido restituir a sus propietarios (personas naturales o jurídicas de carácter privado) y evitar que se produzca una nueva salida de documentos», dijo. Durante el encuentro mantenido con el responsable de la cartera, García Cirac recordó que en 2014 salieron los últimos papeles, que «deben ser devueltos» al Centro Documental de la Memoria Histórica, así como «todos aquellos que salieron indebidamente al ser erróneamente identificados».

El ministro se comprometió a estudiar la situación en una comisión que se celebrará en noviembre porque, en palabras de García Cirac, «entiende que la ley de 2005 está para cumplirla». No obstante, el titular estatal denunció «una campaña de política preventiva», de «esas que ponen la venda antes de que haya herida», al respecto. «Estamos hablando de archivos de ida, pero también de vuelta» indicó.

 

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