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Sólo el 0,6% de los que heredan están obligados a pagar el impuesto de sucesiones

PP y Ciudadanos han hecho un caballo de batalla de su supresión aunque sólo lo pagan 815 contribuyentes que reciben más de 400.000 euros / Lo han convertido en un mito electoral pese a que ya beneficia al 99,4%

J. LUIS F. DEL CORRAL VALLADOLID
03/06/2019

 

Partido Popular y Ciudadanos pretenden convertir la eliminación del impuesto de sucesiones en una cruzada regional, como si esta supresión beneficiara a amplias capas de la población de Castilla y León. La realidad es absolutamente distinta, porque su pretensión solo beneficia a una minoría y no son precisamente los colectivos más vulnerables. La eliminación del impuesto de sucesiones solo beneficiaría a 815 contribuyentes de Castilla y León, que representan menos del 0,6% de los que reciben herencias. 
La Ley de Presupuestos de la Comunidad de 2018, prorrogada para este año, exonera a los que heredan menos de 400.000 euros de tributar por sucesiones. Son más del 99% los que ya se benefician de esta exención fiscal. La Junta de Castilla y León retiró en 2013 la bonificación del 99% a este impuesto cedido e impuso una exención hasta los 175.000 euros. En 2018 la elevó de 250.000 a 400.000 euros. Como en otros tributos cedidos, la diversidad de los tipos y de las bonificaciones y exenciones entre comunidades autónomas es amplia. Es difícil encontrar dos regiones con la misma regulación.

Partido Popular y Ciudadanos han hecho, durante la campaña electoral, un caballo de batalla de la eliminación total de este impuesto que hoy solo tributan los que más incrementan sus recursos gracias a las herencias.

Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea fueron beligerantes con esta reivindicación en el debate electoral y lo han convertido en un mito, pese a que su promesa solo beneficia a los que reciben herencias de las rentas más altas.

Mañueco lo tildó de injusto. «Cuantos menos impuestos, más dinero se queda en los bolsillos de los ciudadanos», subrayó. Lo que no dijo es que hay 148.678 autoliquidaciones presentadas de contribuyentes que han heredado menos de 400.000 euros que desde 2018 ya no pagan nada y que solo los 815 que heredan por encima de esta cuantía son los que están obligados a pagar al fisco regional y a los que se pretende beneficiar.

«Suprimiremos en la práctica la tributación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos», reza el programa del Partido Popular de Castilla y León.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, coincide en lo sustancial con el PP, a pesar de que su insistencia al respecto ha sido menor. «Ningún castellano y leonés tendrá que pagar el impuesto de sucesiones y donaciones en las transmisiones entre parientes directos», precisa el programa electoral autonómico de Ciudadanos, que manifiesta su voluntad si gobernara de bonificar «el 100% del impuesto» en las herencias y donaciones «entre cónyuges, padres e hijos, abuelos y nietos».

En sentido opuesto se manifestó Luis Tudanca. El candidato socialista a la Presidencia de la Junta se mostró crítico con el PP porque «pretende bajar los impuestos a los mismos de siempre, a los ricos, a los que les sobra». Su crítica a la eliminación del impuesto fue rotunda y con datos. La supresión del impuesto de sucesiones «beneficiará a 815 herederos directos con rentas altas» y cifró en 500 millones de euros el ahorro que supondría el recorte fiscal del PP.

El PSOE tiene estudiado el impacto de la anulación del impuesto de sucesiones y donaciones. Con datos facilitados por la Consejería de Economía y Hacienda correspondientes al ejercicio 2016. Y aunque son de hace dos años, la Consejería de Pilar del Olmo nunca los ha desmentido pero tampoco ha querido exhibirlo.

Las 148.678 autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes que recibieron herencias por debajo de 400.000 euros han supuesto un ahorro de casi 139 millones de euros para las familias con menos ingresos. La pretensión de Partido Popular y Ciudadanos es ahorrar en torno a 67 millones a quienes reciban herencias superiores a 400.000 euros, supuestamente las personas con más nivel adquisitivo.
Además, la Junta de Castilla y León, como la mayoría de los ejecutivos autonómicos tiene una serie de bonificaciones adicionales a colectivos que reducen el impacto de este impuesto en los contribuyentes. Personas con discapacidad, jóvenes, herederos de bienes muebles integrantes del patrimonio cultural, víctimas de terrorismo y violencia de género, contribuyentes que reciben explotaciones agrarias, empresarios que transmitan la compañía a sus descendientes…

Cuestión distinta en la que hasta ahora no han entrado los legisladores de sucesiones es el pago adicional del impuesto de plusvalía, que obliga al heredero a tributar por el incremento del valor de los terrenos, aunque se trata de un impuesto municipal con ventanilla distinta a los autonómicos.

 

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