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tributación

Bruselas denuncia ante la justicia europea la declaración de bienes en el exterior

Se trata del impreso 720 que obliga a declarar los activos por más de 50.000 euros en otros países La Comisión Europea considera que la norma es desproporcionada y discriminatoria y vulnera varias libertades europeas

SILVIA MARTÍNEZ
06/06/2019

 

Nuevo frente contra España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea ha decidido denunciar a las autoridades españolas ante la máxima corte europea por imponer sanciones desproporcionadas a los contribuyentes españoles que no comuniquen, a través del modelo 720, los activos que tienen en otros Estados miembros. Bruselas activó el procedimiento de infracción en noviembre de 2015 y en febrero de 2017 lanzó un ultimátum. Dado que España aún no le ha dado cumplimiento, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE, han anunciado en un comunicado.

El modelo 720, aprobado en octubre de 2012 en el marco de nuevas medidas contra el fraude fiscal del ex ministro Cristobal Montoro, es una declaración informativa sobre bienes que exige a los contribuyentes residentes que notifiquen los activos que poseen en el extranjero por valor de más de 50.000 euros, lo que incluye desde propiedades hasta activos financieros, cuentas bancarias o seguros. De no presentar esta información a tiempo y en su totalidad, uno se expone a sanciones superiores a las que se aplican a infracciones similares en una situación puramente nacional. Es más, el castigo puede incluso llegar a superar el valor de los activos en el extranjero.

El Ejecutivo comunitario considera que las multas, por un incumplimiento incorrecto o tardío de la obligación de informar a Hacienda, son desproporcionadas y discriminatorias ya que pueden disuadir a las empresas y a los particulares de invertir o circular dentro del mercado único. Es más, Bruselas estima que las disposiciones de la normativa española vulneran cinco libertades fundamentales de la UE: desde la libre circulación de personas, hasta la de trabajadores, establecimiento, libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

DENUNCIA EN 2013

Fue un despacho de abogados de Palma de Mallorca, DMS Consulting, quien presentó en 2013 la denuncia contra la obligación prevista en la normativa española y origen del procedimiento sancionador que tendrán que dirimir los jueces del Tribunal de la UE. Este jueves han recibido con enorme satisfacción la decisión. El Tribunal Constitucional anuló el real decreto que aprobó la última amnistía fiscal (zanahoria) y el Tribunal de Justicia de la UE acabará con el Modelo 720 (el palo) con el que se quiso animar a acogerse a aquella aministía, ha celebrado Alejandro del Campo.

Este abogado denuncia que el modelo 720 puede, literalmente, acabar con grandes defraudadores pero también con modestos ahorradores despistados y con muchos extranjeros que han fijado aquí su residencia y mantienen bienes fuera y ha recordado que no todo vale en la lucha contra el fraude fiscal y menos las devastadoras sanciones previstas que además tampoco prescriben. En su opinión, los efectos de luna sentencia condenatoria contra España podrían ser demoledores porque lo normal es que tenga eficacia retroactiva desde la entrada en vigor de la normativa lo que podría terminar en anulación de sentencias y devolución de cantidades millonarias.

La Comisión Europea también ha abierto procedimiento contra España, y a otros 11 Estados miembros, por no transponer las normas sobre la facturación electrónica en la contratación pública o no aplicarlas. Los 12 países tienen ahora dos meses de plazo para responder a las alegaciones de Bruselas.

 

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