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CARGA POLÉMICA

El Castor desaparece del recibo de gas

Los usuarios no notarán un efecto inmediato en el recibo, si bien se reducirá el déficit del conjunto del sistema. Energía y CNMC deben decidir quién y cuánto reclaman a los bancos por las cantidades pagadas desde el 2016

AGUSTÍ SALA
01/02/2018

 

Las compañías de gas dejarán de cobrar en el próximo recibo la parte que corresponde a la indemnización por el almacén Castor, invalidada por el Tribunal Constitucional en una sentencia del pasado 22 de diciembre. Esta suma, una media de unos dos euros de media a lo largo de 30 años,  ya no constará como tal en los peajes incluídos en la factura por orden del Ministerio de Energía, según han confirmado fuentes del sector.

Pero no habrá ventajas para los 7,8 millones de usuarios de gas, al menos inmediatas. En la factura no notarán de forma inmediata ningún cambio porque, según la ley, los peajes no se pueden reducir hasta suprimir el déficit del sistema gasista, que suma unos 1.000 millones a liquidar en 15 años. Esa carga proviene del periodo 2004-2014, durante el cual se vivió un 'boom' en la construcción de ciclos cobminados (centrales que queman gas) que se vio afectado por la crisis y el desplome del consumo. 

En todo caso, la desaparición de la hipoteca del Castor supondrá menos carga para el sistema. "En la medida en que el desfase anual sea cada vez menor o que haya superávit, antes de eliminará el déficit total y antes se podrá repercutir a la baja en el recibo",  según fuentes del sector. 

De hecho, la indemnización, los intereses y los costes de mantenimiento de la instalación del almacenamiento de gas ya cerrada, elevaron el déficit del conjunto del sistema, que pagan todos los usuarios. En el 2015, la diferencia entre los costes y la tarifa reconocida fue negativa en 27 millones, mientras que en el 2016, una vez incluido del Castor, el déficit se disparó hasta 90 millones y el año pasado, hasta 120 millones. Para el 2018, el Ministerio de Energía había previsto un superávit de 18 millones, que aún será mayor, gracias a eliminar la hipoteca del almacén en la costa del sur de Catalunya.

En el sector se considera que la supresión de la carga del Castor del sistema hace innecesario el recorte en la retribución de la distribución de gas que tiene previsto introducir el ministerio de Energía. La decisión de suprimir la indemnización de Castor del recibo se produce después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidiera paralizar la liquidación de noviembre de los 6,7 millones de euros por este concepto cuyos derechos de cobro están en mnaos del Banco Santander, Bankia y CaixaBank (son 80,4 millones al año).

Redistribución
Eso suponía que los titulares de esos derechos de cobro (los bancos) dejan de ser "sujetos del sistema de liquidaciones". Todos los meses, la CNMC, en su papel de regulador, redistribuye el dinero que recaudan los distribuidores y transportistas de gas y electricidad (actividades reguladas) entre los distintos agentes que tienen derechos de cobro (distribuidoras, transportistas, etc.)

La decisión de la CNMC complica la situación y genera un enorme conflicto jurídico. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya previó el miércoles  una elevada "litigiosidad".  Por un lado, se tendrá que decidir quién, si el ministerio de Energía o la CNMC, reclaman a los bancos las cantidades pagadas hasta ahora por este concepto desde enero del 2016, que suman más de 150 millones. Y por otra, los bancos reclamarán los derechos de cobro que se les adjudicaron.

El Banco Santander, Bankia y CaixaBank se adjudicaron una licitación convocada por el Estado, para aportar el dinero para que Escal, la sociedad que explotaba el Castor y de la que la ACS de Florentino Pérez tenía la mayoría, pagara la deuda que tenía pendiente esencialmente con el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Como consecuencia de esta operación diseñada para evitar engordar el déficit público, la indemnización de 1.350 millones reconocida por ley, se elevaba a más de 4.700 millones en 30 años, al sumar los intereses del 4,27% anual al que tenían derecho los bancos por el préstamo concedido. Una hipoteca a 30 años para los consumidores.

 

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