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COMERCIO

Europa prohíbe aplicar recargos a las compras hechas con tarjeta

La nueva directiva comunitaria sobre servicios de pago entra en vigor

EL PERIÓDICO
13/01/2018

 

La nueva directiva comunitaria sobre servicios de pago, que entre otras cuestiones establece la prohibición de aplicar recargos por pagos con tarjetas de crédito o débito y regula el acceso de terceros a las cuentas bancarias de los clientes, aunque siempre con su consentimiento, comenzó a aplicarse este sábado.

La normativa, conocida también por sus siglas en inglés, PSD2, es una revisión de la legislación vigente desde 2007 y sus principales objetivos son contribuir a un mercado europeo de pagos «más integrado y eficiente», mejorar la igualdad de condiciones entre los proveedores de servicios de pago (incluidos los nuevos participantes), proteger a los consumidores e incrementar la seguridad.

«Esta legislación es otro paso hacia el mercado único digital en la UE. Impulsará el desarrollo de pagos innovadores on line y con el móvil, que beneficiarán a la economía y al crecimiento. Con la PSD2 en vigor, prohibimos los recargos a pagos con tarjetas de débito y crédito», destacó el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de la cartera de Servicios Financieros, Valdis Dombrovskis.

AHORRO MILLONARIO

En España, sin embargo, la directiva todavía no ha sido traspuesta plenamente a la legislación nacional. De hecho, hasta el próximo martes estará abierta la audiencia pública iniciada el pasado viernes 22 de diciembre sobre el anteproyecto de ley.

La normativa europea prohíbe los cargos adicionales en los pagos que se realizan a través de tarjetas de débito y de crédito tanto en comercios tradicionales como en internet. Esta prohibición afecta al 95% de las tarjetas, según estima la Comisión Europea, y permitirá un ahorro para los consumidores de más de 550 millones de euros al año.

También se modifica la responsabilidad de los consumidores en casos en los que se ha realizado un uso no autorizado de la tarjeta. En concreto, excepto en supuestos de fraude o negligencia grave, la cantidad máxima que tendrá que pagar el consumidor será de 50 euros, frente a los 150 euros de la actualidad.

De la misma forma, la nueva legislación europea introduce medidas reforzadas de seguridad en el inicio y el proceso de pago electrónicos, que se aplicarán a todos los proveedores de este servicio, incluyendo los nuevos actores en el mercado.

 

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