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Unión Europea

El fiscal general británico confirma que el Reino Unido puede seguir sujeto a la unión aduanera mucho tiempo

El Gobierno se resiste a entregar el informe completo de Geoffrey Cox sobre el acuerdo EL Parlamento empieza a debatir el acuerdo antes de la votación definitiva del día 11

BEGOÑA ARCE
03/12/2018

 

El Fiscal General británico, Geoffrey Cox, confirmó el lunes en la Cámara de los Comunes, que el Reino Unido no podrá dar por terminada unilateralmente la polémica salvaguarda para Irlanda del Norte, que figura en el acuerdo del brexit alcanzado por Theresa May con la UE. Esa medida temporal puede "prolongarse indefinidamente", como temen los euroescépticos.

"No hay un derecho unilateral por ninguna de las partes para terminar lo pactado", declaró Cox durante la comparecencia, que estuvo acompañada por la publicación de un resumen de 43 páginas del informe jurídico sobre el acuerdo. La salvaguarda es un mecanismo de seguridad impuesto por la UE para garantizar que no habrá una frontera formal en Irlanda, si no se logra un acuerdo comercial entre Londres y Bruselas. Hasta lograr ese compromiso, el Reino Unido continuaría en la unión aduanera y los norirlandeses estarían sujetos además a otras normas de la UE.

Los diputados querían saber cómo salir de este acuerdo 'temporal' si las negociaciones comerciales se prolongan indefinidamente, o fracasan. En contra de los que exigían los diputados, el Gobierno se niega a publicar íntegramente el informe legal elaborado por el Fiscal General. "Estoy dispuesto a dar mi apoyo a este acuerdo porque no creo que vayamos a estar atrapados en él permanentemente", señaló Cox. "La Cámara debe sopesar esto, contra las otras alternativas potenciales y calcular los riesgos", añádió.

CANCELAR LA VOTACIÓN

La intervención del Fiscal General precede a los cinco días de debates antes de la votación decisiva del acuerdo, el próximo martes 11 de diciembre. La férrea oposición de diputados de todos los partidos, incluidos decenas de euroescépticos conservadores, indica que el acuerdo será rechazado. La humillación para May sería enorme y se abriría una crisis aguda, obligando a reconsiderar sus posiciones, tanto a Bruselas, como a Londres.

El ministro de Interior, Sajid Javid, negó las especulaciones en la prensa que apuntan a que el Gobierno podría cancelar la votación por miedo a perderla. "No creo que haya ninguna posibilidad de cancelarla, declaró a la BBC. La votación tendrá lugar como está previsto y muchos diputados están cavilando sobre cómo deben o no votar", afirmó

El rechazo del acuerdo abriría varias posibilidades. Una de ellas sería la dimisión de la primera ministra. Su propio partido o la oposición laborista podría presentar una moción contra ella. Pero May insistió en la cadena de televisión ITV, que el acuerdo es el único posible y dio a entender que no dimitirá.

"Voy a estar en mi puesto dentro de dos semanas", respondió cuando el presentador matutino le preguntó si había reservado unas vacaciones para dentro de 15 días. "Mi trabajo es asegurarme de que hacemos lo que la gente nos pidió: dejar la Unión Europea, pero de manera que sea bueno para ellos".

May y el líder laborista, Jeremy Corbyn tienen previsto enfrentarse en un debate televisado sobre el brexit este domingo si sus respectivos equipos llegan a ponerse de acuerdo sobre el horario y formato del encuentro. Corbyn ha aceptado finalmente que se celebre en la BBC, pero no admite que haya periodistas ni comentaristas políticos. Otros actores en este drama nacional, como los euroescépticos radicales y los independentistas escoceses, también han pedido poder participar, de manera que el debate refleje puntos de vista más variados.

SEGUNDO REFERÉNDUM

La inviabilidad del acuerdo y la necesidad de salir el laberinto actual favorece la posibilidad, hasta hace poco remota, de celebrar un segundo referéndum. El lunes cuatro diputados, Vince Cable, líder de los liberales demócratas, Caroline Lucas, de los verdes, Chuka Umunna, laborista y Justin Greening conservadora, presentaron en Downing Street, la residencia oficial de la primera ministra una petición con un1.300.000 firmas, reclamando una segunda consulta.

 

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