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El conflicto armado colombiano

El Senado aprueba controvertido ascenso de general involucrado en asesinatos extrajudiciales

Nicacio de Jesús Martínez, comandante en jefe del Ejército de Colombia, estaba al frente de una brigada inolucrada en 283 casos El Gobierno de Duque rechaza por otra parte un reporte de la ONU sobre los asesinatos de exguerrilleros tras el acuerdo de paz

ABEL GILBERT
06/06/2019

 

En Senado colombiano aprobó en la noche de este miércoles el ascenso al grado de general de cuatro soles del comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez. La votación no estuvo exenta de controversias y denuncias. Quince años atrás, Martínez era el responsable de una brigada que operaba en los departamentos de Las Guajira y del Cesar y que, según la Fiscalía, está involucrada en decenas de presuntos casos de "falsos positivos". De esta forma se conocen en ese país las ejecuciones extrajudiciales de civiles a quienes se los hacía pasar por guerrilleros. Las revelaciones periodísticas y el pedido de Human Rights Watch y tres senadores norteamericanos de frenar la promoción no tuvieron eco en la legislatura. Cincuenta y ocho senadores le dieron el sí al ascenso y 19 lo rechazaron. Los integrantes de la Alianza Verde, el Polo Democrático y Decentes se retiraron del recinto en medio de gritos de indignación.

El bloque oficialista y sus aliados circunstanciales exaltaron en cambio el perfil del nuevo general de cuatro soles. "Hemos estudiado la hoja de vida del general Martínez con mucho rigor y debemos decir que el oficial tiene todos los merecimientos militares y académicos", dijo el senador liberal Jaime Durán Barrera. No faltaron los que acusaron a la ex FARC de tratar de entorpecer la carrera de Martínez.

El tema de los falsos positivos es uno de los más oscuros del conflicto armado que se inició en 1964 y puso su punto final con el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, a fines de 2016. Las primeras denuncias de peso se conocieron precisamente cuando Santos era ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe. De acuerdo con organismos defensores de los derechos humanos, la llamada política de seguridad democrática de Uribe entre 2002 y 2010 constituyó la plataforma para esas acciones disimuladas en el marco de la estrategia contrainsurgente.

Un informe de la Fiscalía conocido días atrás es elocuente: se llevaron a cabo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014. Pero el 97% de los casos tuvieron lugar mientras gobernó Uribe. Los organismos humanitarios elevan la cifra de falsos positivos a 4.000 personas. El actual mandatario y delfín de Uribe, Iván Duque prometió conformar una comisión presidencial independiente para analizar con profundidad los procedimientos y protocolos militares de esos años. Pero ese anunció no ha modificado la voluntad hasta el momento de proteger al general Martínez.

RECHAZAN EL INFORME DE LA ONU SOBRE ASESINATOS

En este contexto, el Gobierno rechazó "de forma enfática" un informe de expertos en derechos humanos de la ONU sobre el asesinato de exguerrilleros de las FARC perpetrados tras la finalización del conflicto armado. El Palacio Nariño recalcó a través de un comunicado que "no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las FARC y viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final".

Los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, habían condenado previamente en Ginebra "el reciente asesinato e intento de desaparición forzada" de Dimar Torres Arévalo, desmovilizado de las FARC, ocurrido el pasado 22 de abril en una zona rural del departamento de Norte de Santander y del cual se responsabiliza a militares. "Este atentado es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas".

Para las autoridades colombianas, "es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un 'aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal', así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos". En ese sentido, el Gobierno recordó que el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu, ha reconocido su esfuerzo para investigar y castigar "el lamentable y condenable hecho ocurrido con Dimar Torres Arévalo". Añade que un presunto responsable del crimen, un cabo del Ejército, "está recluido preventivamente mientras avanza la investigación" a la que también fue vinculado el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita "por el presunto delito de encubrimiento".

El pasado 15 de mayo el senador Carlos Antonio Lozada, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, heredero de la antigua insurgencia, sostuvo que desde la firma de la paz y hasta esa fecha, 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares habían sido asesinados.

 

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