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El Gobierno deja los riegos a medias

El proyecto de Presupuestos del Estado prevé una inversión de 15,7 millones para la modernización de infraestructuras en la Comunidad pero aplaza otros 62,4 hasta 2022 / Las Opas ven insuficiente la inversión y urgen la ejecución de las obras

S. G. DEL CAMPO
22/01/2019

 

Escasa inversión en modernización de regadíos por parte del Gobierno central en Castilla y León. Así ven las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por Pedro Sánchez la pasada semana. Aun en caso de que el presidente lograra la aprobación de las cuentas, éstas sólo prevén una inversión de 15,69 millones de euros en modernización de regadíos en Castilla y León, y aplazan para los años 2020 a 2022 otros 62,39 millones en proyectos ya planificados en canales de cuatro provincias.

Eso sí, la inversión prevista para este ejercicio cuadruplica lo ejecutado en 2018, que fue de sólo 3,4 millones de euros. Y es que «una cosa son las cantidades presupuestadas y otra las efectivamente ejecutadas», lamenta el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín. Por eso él demanda que las Administraciones«no sólo presupuesten, sino que acometan ya las obras».

El presidente de Asaja en Castilla yLeón, Donaciano Dujo, lamenta que las cuentas del Estado central no suban para Castilla yLeón. «El presupuesto del Ministerio en materia agrícola es casi idéntico al del año pasado», apuntó. «En épocas de crisis bajó casi un 30%, y si los políticos dicen que estamos saliendo de la crisis y no recuperamos ese 30% es que el presupuesto es insuficiente».

En el caso concreto de la comunidad de Castilla y León, «la única cuestión positiva es que se ha incrementado de forma importante la subvención de seguros agrarios, que es una de las políticas fundamentales necesarias para el sector», aseguró Dujo. «Dicho eso, en materia agrícola, y sobre todo en lo referente a infraestructuras de regadíos, las dotaciones del Ministerio son totalmente insuficientes».
También critica el representante de Asaja los fondos destinados al Programa de Desarrollo Rural (PDR), pues el Ministerio «se limita a la dotación a nivel nacional, con la propia dotación europea, pero no tiene más fondos para compensar a las Comunidades Autónomas en otras políticas de inversión como los temas de saneamiento, promoción, animales salvajes, ayudas al cambio en maquinaria agrícola, en reconcentraciones, ayudas a reestructuraciones, viñedos, incorporación de jóvenes... para eso no hay partidas que vayan a mejorar las condiciones de agricultores y ganaderos».

Aunque en dinero «contante y sonante» la organización agraria no ha cuantificado las partidas, la aportación del 20 a 25% de los fondos del PDR por parte del Estado es «claramente insuficiente», aseguró. «La necesidad presupuestaria es mucho mayor».

Dujo lamentó también que en un momento como este, cuando los regantes sí tienen «buena voluntad y posibilidades» para acometer la modernización de riegos, «ahora el Ministerio está siendo rácano y las dotaciones de Seiasa son escasas para lo que se necesita».

REPOBLACIÓN

De parecida opinión es el coordinador de la alianza Upa-Coag, Aurelio González. Si bien la entidad aún no ha evaluado las cuentas con profundidad, y está «pendiente del análisis de la organización a nivel nacional, porque primero hay que desgranar los números», se muestra de acuerdo en calificar como «infraestructuras prioritarias» las de modernización de riego, a las que es fundamental dar impulso. «Lo hemos dicho siempre, hay que modernizar los regadíos existentes, convencer a los regantes, y hacer nuevos donde se pueda, porque van a optimizar un recurso fundamental como es el agua».

Por otra parte, González destacó que «cuando hablamos de fijar población en el medio rural, una de las posibilidades es esta, mejorar los riegos, porque en un pueblo donde el regadío funciona, hay gente joven», subrayó.

Palacín, de UCCL, por su parte, calificó los PGE de «totalmente insuficientes», porque «son como es el ministro, planos y continuistas. Denotan una falta de proyecto político para España y para Castilla y León». Según el representante de la Opa, «tenemos un déficit importante de infraestructuras, sobre todo en regadíos. Uno de nuestros principales recursos es el agua, pero no se aprovecha porque no se moderniza al ritmo que se debería».

Por eso las inversiones planteadas para Seiasa en los PGE «nos parecen totalmente insuficientes», subrayó Palacín. A su modo de ver, lo que debería hacer el Ministerio junto a Seiasa es recabar la opinión de los profesionales y «elaborar una planificación a medio plazo, para que se lleve a cabo independientemente de quién gobierne. Establecer una serie de prioridades con un horizonte de diez o quince años, y que en ese periodo no se pudiera mover el presupuesto. Un acuerdo de estado».

Y es que en la actualidad «cada partido lo mueve como le conviene», y por eso «las obras no acaban de ejecutarse aunque pasen 20 años». Es un problema que «se repite, pero para el que no ponen solución». Por otra parte, las inversiones que contemplan los PGE para otras Comunidades Autónomas constituyen «un agravio comparativo, porque aquí hay una deuda histórica». Y no sólo con el regadío, señala Palacín, sino con otros asuntos como las ayudas para los seguros agrarios. «Una política fundamental es potenciar los seguros, pero el apoyo público tiene que ser mucho más amplio», añadió.

Por otra parte, en cuanto al PDR, el responsable regional de UCCL pone de manifiesto que el Estado «aporta lo mínimo imprescindible que le exige la Unión Europea». El Ministerio ha recortado el apoyo al PDR «porque redujo la partida en años de crisis y esa partida no se ha recuperado».

SOBRE PAPEL

Los números de los PGE parecen, aun así, mejores que el ejercicio anterior sobre el papel. Las dudas surgen cuando se pone de manifiesto las posibilidades reales de que las cuentas se aprueben, por un lado –por ahora, fuerzas políticas imprescindibles para obtener ‘luz verde’ han manifestado su rechazo al proyecto–. Aun en caso de aprobarse, las Opas son incrédulas en cuanto a que llegue a ejecutarse materialmente lo presupuestado.

El proyecto recoge, no obstante, una partida para la gestión del agua que sube un 19% en Castilla y León, hasta los 32,4 millones de euros. Por otro lado, La CHD incrementa su consignación un 5,4% hasta los 38,6 y Seiasa la cuadruplica con 15,7. Sumado a otros cinco millones de la Sociedad Aguas y Cuencas de España, el montante total que el Estado consignaría a Castilla y León ascendería a 97 millones de euros.
La subida del 19% para la Dirección General del Agua en Castilla y León se traduce en que el organismo pasaría de recibir los 27,6 millones consignados en 2019 a los 32,43 millones previstos para el ejercicio recién iniciado. Un incremento importante experimentaría también la gestora de la principal cuenca de la Comunidad, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que pasaría de percibir los 36,64 millones que le atribuyeron las cuentas del pasado ejercicio, a los 38,61 del actual, un 5,38% más.

Otras cuencas con menos presencia en el territorio castellano y leonés sumarán una consignación de casi seis millones de euros (5,83). Se trata de las del Cantábrico (322.500), la del Ebro (675.200), la del Miño-Sil (4,24 millones) y la del Tajo (590.540).

Un importante repunte experimentaría la partida de inversiones de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), desde los 3,4 millones en 2018 en las cuatro provincias de la tabla, a los 15,69 que destinará en 2019 al desarrollo de nuevas infraestructuras para mejorar el riego en Castilla y León. El canal del Pisuerga, sector Santoyo, en Palencia, tendrá que esperar hasta 2021 para su construcción, así como el del Páramo de León, sectores IV y VI, que se financiarán entre 2020 y 2022. Sí recibirán consignación los del Páramo Bajo, sectores VII y VIII de León (5,42 millones); el canal de Zorita, en Salamanca (2,8 millones) y los de Vega de Castronuño (3,8 millones) y Pollos (3,7 millones) en Valladolid. Los leoneses del Páramo, sectores I y VIII no reciben consignación en 2019, pero sus obras se finalizarán con fondos provenientes de los presupuestos 2018 y anteriores.

A todas esas partidas hay que sumar la de cinco millones de euros, proveniente de otra empresa pública, la Sociedad Aguas de Cuencas de España, para la habilitación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de la capital de la provincia de Soria.

Las distintas partidas destinadas a políticas de agua en Castilla y León reúnen, así, un montante global de más de 97 millones de euros (en concreto, 97,56). De ellos, 76,87 proceden directamente del Ministerio para la Transición Ecológica. Otros dos millones de euros que destina el Ministerio a Castilla y León, hasta alcanzar los 78,88 del total, van a parar a Parques Nacionales y a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

 

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