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PENALISTAS

Un centenar de catedráticos firman contra la prisión permanente revisable

Consideran que es contraria a la Constitución y que no evita la comisión de los delitos más graves

ANGELES VÁZQUEZ
13/03/2018

 

Alrededor de un centenar de catedráticos de Derecho Penal de todas las universidades españolas han firmado un manifiesto contra la prisión permanente revisable a dos días de que se debata en el Congreso de los Diputados su derogación y tras la triste noticia de la muerte del pequeño Gabriel Cruz a manos de la que era pareja de su padre.

Los firmantes se muestran a favor de su derogación, porque no aporta eficacia a la hora de evitar los delitos más graves y "compromete algunos de los valores fundamentales" que configuran España "como sociedad democrática.

Según los expertos universitarios, la penas ya existentes para los delitos que castiga ya ascendían a 30 años de prisión cuando se trataba de uno solo o alcanzaban los 40, si eran varios. "Tampoco se ha constatado la necesidad de esta pena para evitar la reiteración delictiva del condenado", afirma el manifesto que cita los estudios existentes al respecto.

Contrario a la Constitución
A su juicio, la prisión permanente revisable "compromete seriamente la prohibición de penas inhumanas" recogido en la Constitución y sitúa el horizonte de libertad del condenado en al menos 25 años, sin tener en cuenta el comportamiento del penado.

También complica el mandato constitucional de la reinserción social del condenado y el de legalidad al tratarse de una pena doblemente indeterminada, al no existir un plazo delimitado de cumplimiento en función de un pronósitico favorable de reinserción social.

Respecto al argumento de que se trata de una pena similar a la de otros países europeos, los catedráticos contraponen que en Suecia su cumplimiento mínimo es de 10 años, en Gran Bretaña, 12, en Alemania, 15, y en Francia, 18, mientras que en España se eleva a los 25 años. Este número de años de cumplimiento mínimo tan elevado es lo que hace que consideren que podría ser contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

 

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