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Condenado a más de 70 años de prisión

Correa vuelve a juicio por contratos con el Ayuntamiento de Jerez

Anticorrupción pide siete años y nueve meses de cárcel por unas adjudicaciones de 355.000 euros

El Periódico / Agencias
03/06/2019

 

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, se enfrenta a partir de este lunes a los siete años y nueve meses de prisión que le pide la Fiscalía Anticorrupción por las adjudicaciones presuntamente irregulares por un importe de más de 355.000 euros concedidas por el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) del 2004.

Este juicio, que se prolongará hasta septiembre, comienza una semana después de que el empresario conociese la condena a seis años y nueve meses de cárcel por los sobornos a directivos de Aena.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tiene previsto juzgar estos hechos que forman la pieza separada del caso Gürtel los contratos con el ayuntamiento gaditano en 19 sesiones, que se celebrarán en varios días de junio, julio y septiembre, según el auto dictado por la Sección Segunda.

Además de Correa, se sentarán en el banquillo de los acusados su 'número dos', Pablo Crespo; la que fuera administradora de sus empresas Isabel Jordán, y el empleado Javier Nombela. También serán juzgadas las interventoras municipales del Ayuntamiento de Jerez María del Milagro Pérez y Milagros Abascal; el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad José Agüera; la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del consistorio Manuel Bárez.

Condenas a las que se enfrentan

Anticorrupción pide para los dos líderes de la trama Gürtel y los dos empleados de las empresas de Correa, siete años y nueve meses de prisión por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil; mientras que para los trabajadores municipales, excepto Milagros Abascal, solicita siete años de cárcel por los mismos delitos, salvo el de falsedad en documento mercantil.

En cuanto a Abascal, interventora del consistorio, solo se piden de dos años de cárcel por prevaricación y fraude en las administraciones.

Para alguno de estos acusados no es el primer juicio por la Gürtel que afrontan. Así ocurre para el 'cabecilla', para quien es la cuarta vista oral que se celebra contra él en la Audiencia Nacional y el quinto de toda el caso. Así, si finalmente es condenado por esta pieza, se sumarán a los 76 años y 11 meses que ya acumula por varias casos de la trama.

Condenas anteriores

La primera condena que recibió fue la de 13 años de cárcel impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por unos hechos parecidos a los que se juzgarán ahora: por el montaje del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo en las ediciones del 2005 al 2009. Esta es la única condena que es firme por el Tribunal Supremo.

Después, la Audiencia Nacional le condenó a 51 años y 11 meses por los primeros años de actividades de la trama Gürtel en connivencia con altos cargos del PP, sentencia en la que se dio por acreditada una 'caja B' de los 'populares', cuando aún está siendo investigada. También le impuso otra pena de cinco años y tres meses por la financiación irregular del PP valenciano en las elecciones del 2007 y el 2008, liderado entonces por el expresidente autonómico Francisco Camps.

La última fue la que se conoció la semana pasada, por la que el mismo tribunal fijo una condena de seis años y nueve meses por beneficiarse de adjudicaciones irregulares de Aena entre los años 2000 y 2002.

En el caso de Crespo, suma ya 55 años y nueve meses por el las piezas relativas a los primeros años de la trama (37 años y medio); al montaje del expositor de la Comunidad Valenciana (13 años y tres meses) y a la financiación en negro del PP valenciano (5 años). También han sido condenados por otras piezas Isabel Jordán, que acumula 20 años y 10 meses de cárcel; y Javier Nombela, tres años y medio.

El caso de Jerez

En este caso, el procedimiento versa sobre la contratación de tres empresas vinculadas a Correa (Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio) para el montaje del expositor de la ciudad gaditana en Fitur 2004 por más de 355.000 euros mediante adjudicaciones "sin concurso público" que incurrieron en "groseras ilegalidades", tal y como explicó el juez instructor José de La Mata en el auto con el que enviaba la pieza a juicio en enero del 2016.

Según concluyó, las sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad los concediese formalmente, pese a que no era el órgano competente para ello. Además, los contratos y expedientes administrativos -que en ocasiones se trataron como si fuesen "menores sin publicidad"- se elaboraron una vez finalizada la feria, lo que demostraría que "se construyeron" ad hoc y que "las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".

De la Mata considera que hay indicios suficientes de que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPD José Agüera justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia" y Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.

La adjudicación del 'stand' de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda llevaron aparejados sendos presupuestos de 162.806,37 y 141.367,56 euros, el espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor costó 39.366,92 euros y la muestra de flamenco, 11.855,08 euros.

Archivada la causa de la alcaldesa

Asimismo, el juez De la Mata atribuyó a la exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.

Sin embargo, al estar entonces aforada, fue el Tribunal Supremo quien investigó a García Pelayo y acordó, casi cuatro meses después de que el juez de la Audiencia Nacional decidiese sentar en el banquillo a Correa y los otros ocho investigados, archivar la causa contra ella.

El magistrado instructor del alto tribunal Antonio del Moral reconoció en su auto que existen "datos abrumadores" de irregularidades en la adjudicación de contratos del consistorio, pero entendió que la entonces regidora no tenía por qué saber lo que firmaba.

 

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