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La ministra asegura que 'desde el primer momento' su intención fue defender el Estado y al juez Llarena

No menciona la distinción que incluyó de no asumir 'en ningún caso la defensa' del magistrado por 'actos privados' Insiste en que la demanda es 'instrumental' para utilizarla en la causa que se sigue en el Supremo por el 'procés'

Ángeles Vázquez
11/09/2018

 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no había vuelto a hablar desde la polémica del mes de agosto sobre su negativa a defender al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante los tribunales belga por los actos privados que se le atribuían en la demanda de los huidos del procés. Este martes, en el Congreso de los Diputados, no mencionó esa salvedad que llevó a convertirse en la diana de las asociaciones de jueces y fiscales y en su lugar sostuvo que desde el primer momento su intención y la del Gobierno ha sido defender los intereses de nuestro Estado, la inmunidad jurisdiccional española y al juez demandado.

Pero no incluirla en su intervención de una hora no la salvó de que luego se lo recordaran los portavoces del PP y de Ciudadanos en su intervención. Delgado previamente había pedido un "ejercicio de responsabilidad" y calificó de "instrumental" la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, porque todo en ella hace "referencia a decisiones jurisdiccionales realizadas en la causa especial" contra los líderes del 'procés' por declarar unilateralemente la independencia. "Aquí tenemos los recursos, aquí se sigue el procedimiento y aquí se sigue la estrategia procesal de acusaciones y defensas, lo que no se puede permitir es que se utilice Bélgica" para ponerlo en cuestión, aseveró la ministra.

En cuanto a "los actos privados" que la nota de prensa de Justicia atribuyó a Llarena, para negar su defensa en lo relativo a ellos, Delgado en esta ocasión los definió como "manifestaciones en un evento, pero absolutamente imbricadas en el asunto y el procedimiento, de manera que se cuestionaba la soberanía de jurisdicción". En sus palabras Llarena había negado la existencia de presos políticos en España e incluía como condicional los delitos que se atribuyen a los procesados, pese a que la demanda la mostraba como aseveración.

Sin un pero en tribunales internacionales

Apelando a la transparecencia, la ministra pormenorizó todos los pasos dados durante agosto para intentar "la defensa de los intereses de España", que "es preservar nuestra soberanía de jurisdicción", aunque había que "prever los posibles escenarios internacionales" para "determinar la estrategia de España para defender sus intereses internacionales y no tener un solo pero en ningún tribunal internacional". Justicia contrató un abogado belga para defender tanto la jurisdicción de los tribunales españoles como al magistrado.

Sus palabras no parecieron convencer a los diputados que habían pedido su comparecencia, aunque Delgado lo hizo voluntariamente. Tanto el PP como Ciudadanos destacaron cómo en un primer momento el Ministerio de Justicia distinguió entre la defensa de la jurisdicción española y los actos privados del juez Llarena. El portavoz de este último partido, Marcial Gómez, aseguró que esa había sido la décima rectificación del Gobierno de Pedro Sánchez y destacó la gravedad de no defender a un magistrado que por ser instructor de la causa por rebelión seguida en el Tribunal Supremo había sido acosado por hacer su trabajo.

Tampoco pareció convencer la ministra al PDECat. Su portavoz, Lourdes Ciuró, que atribuyó el cambio de postura de Justicia a las "presiones de la extrema derecha", no se quedó a escuchar la respuesta de la ministra para acudir a la Diada, "una manifestación que será pacífica para defender los derechos civiles", sostuvo la diputada, como, en su opinión, han reconocido los tribunales de Alemania, Bélgica o Escocia. Además, dijo que las manifestaciones de la extrema derecha española acaban en destrozos y agresiones, mientras que las celebradas en Catalunya lo hacen "sin un papel en el suelo".

 

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