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EL TABLERO CATALÁN

El Supremo se ratifica en su competencia para juzgar el 'procés'

Rechaza las súplicas de las defensas que insistían en su pretención de que la vista se celebrara en el TSJC. La acusación que ejerce Vox, en cambio, recurrió al entender que los seis acusados de desobediencia debían ser juzgados en el Supremo

ÁNGELES VÁZQUEZ
22/01/2019

 

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de súplica presentados por los procesados Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell y Santiago Vila, así como por la acusación que ejerce Vox contra el auto en el que la Sala Segunda confirmó su competencia para juzgar los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos que se atribuyen a 12 de los líderes del 'procés'. Los otros seis lo serán por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al estar solo acusados de desobediencia.

Las defensas insistían en que su causa debía ser juzgada por el TSJ, mientras que la acusación recurría al considerar que el Supremo debía juzgar también a los acusados de desobediencia para no partir la causa.

El tribunal declara que las defensas incurren en un error doble en sus argumentos, porque prescinden de una idea “sin la que los delitos de comisión plural o colectiva no pueden ser entendidos, a saber, que no todos los sujetos realizan por sí los elementos nucleares del tipo”. Y en segundo término, por identificar el delito de rebelión como delito de simple actividad en el que, en las propias palabras de los recurrentes, "…se supone que el lugar de comisión (…) debe radicar allí donde los supuestos rebeldes o sediciosos se hayan alzado violenta y públicamente".

SIN QUE TENGA QUE COMPLETARSE

El auto indica que la consecuencia de ese erróneo análisis “sería la aplicación de la reduccionista teoría de la actividad como criterio para la solución de la duda competencial. Pero el delito de rebelión por el que el Fiscal y la acusación popular han considerado oportuno acusar a los procesados no es un delito de simple actividad. Es un delito de resultado cortado. La ausencia de este matiz conduce al equívoco de la defensa”, añade el auto.

Así, la Sala recuerda que en rebelión, cuando la finalidad perseguida sea la de ‘declarar la independencia de una parte del territorio nacional’, “aunque tal lesión no acaezca, el resultado al que ha de encaminarse afecta a las dos partes cuya unidad se pretende disolver, pues una y otra serían ya, de alcanzarse la lesión por efectividad del resultado, diversas en su identidad. Y tal disolución no es un efecto diferenciable ex post del resultado que se procura. Es el resultado mismo. No confunde, por tanto, la Sala, los efectos con los resultados”.

“Tampoco incurre en ese defecto el legislador que, al definir los límites de la jurisdicción penal española, en el artículo 23.3 c) LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) prescinde del «lugar de comisión» de la acción cuando se trata de los delitos de rebelión o sedición, en relación con los cuales atribuye siempre su conocimiento a la jurisdicción española, pues es el territorio español el escenario de su eventual resultado, por más que cortado”, explican los magistrados.

En cualquier caso, la Sala recuerda que la cuestión de la competencia del Tribunal no la determinan por considerar que existen méritos para proclamar determinados hechos como ocurridos, ni siquiera por tener por correcta su calificación como constitutivos de un delito de rebelión, ya que ello no es ahora objeto de valoración (lo será en el juicio y con la prueba que se practique), sino que han atendido al relato y la calificación recogidas en los escritos de acusación.

RESPONSABILIDAD PROPIA

Sobre la alegación de Forcadell en la que resalta que el resto de la Mesa del Parlament sólo está acusada de desobediencia, y que será juzgada por ello en el TSJ catalán, la Sala indica que la recurrente parece sugerir “la existencia de una identidad corporativa con consecuencias jurídico-procesales. Sin embargo, el derecho penal sólo conoce la responsabilidad por el hecho propio. No existe una responsabilidad solidaria ni un extravagante litis consorcio, en el que la pertenencia a uno u otro ente público sea la que determine la competencia del órgano jurisdiccional llamado al enjuiciamiento. Ni el Fiscal, ni la Abogacía del Estado, ni la acusación popular igualan en la exigencia de responsabilidades a Forcadell y al resto de los integrantes de la Mesa”, resume.

Añade: “La Sala ignora si ese tratamiento diversificado se corresponde o no con la realidad. Será la prueba practicada en el plenario la que resuelva lo que ahora no es objeto de valoración, pero que sí justifica un tratamiento competencial diferenciado”.

 

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