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EL PUNTO DE VISTA

Constitución y reforma

 

El 6 de diciembre es fiesta nacional. A veces puente largo, por la inmediatez de la Inmaculada, cual es el caso. Tal día de 1978 (por un 88,54 % de síes, frente a un 7,84 % de noes), el pueblo español aprobó en referéndum nuestra Constitución, que cumple ya 39 años.

No es, pues, para menos la alegría. Parecía que a la hora de solventar enfrentamientos ancestrales en pro de la convivencia pacífica pesara sobre nosotros algún maleficio, como bien advertía en sus versos el poeta Jaime Gil de Biedma: “¿Y qué decir de nuestra madre España, / este país de todos los demonios / en donde el mal gobierno, la pobreza / no son, sin más, pobreza y mal gobierno / sino un estado místico del hombre, / la absolución final de nuestra historia? / De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España, / porque termina mal.” Y es que cuanto arrastrábamos de nuestra experiencia política y constitucional venía a cargarle de razón.

Así, en los dos últimos siglos la inestabilidad en España es manifiesta. Son hasta nueve los textos constitucionales promulgados y tres las guerras civiles que nos desangraron durante el siglo XIX. La más traumática de todas en pleno siglo XX, con sendas dictaduras: la de Primo de Rivera y la de Franco, de casi 40 años.  Y hasta dos repúblicas fallidas.

Se alude a que nuestra vigente Constitución fue fruto del consenso, entre el franquismo evolutivo y la oposición moderada, durante la transición política, dejando fuera a los extremos. Como consecuencia, el periodo más largo de democracia y libertad de nuestro país ha propiciado los mayores avances sociales, políticos, económicos y culturales.

Ahora, muchos estiman necesaria su reforma (puntualmente ya se hizo en 1992 y 2011). Parece urgirlo la cuestión territorial, soliviantada tras la tragicomedia del proceso y la DUI en Cataluña. Precisa una modernización respecto a la línea de sucesión de la corona, el senado, la ley orgánica electoral, el poder judicial, la UE, la emigración, etc.

Se trataría de mantener la virtualidad inclusiva del estado de bienestar, respetándose valores y principios básicos. Como el de la lengua común y la solidaridad entre las regiones, evitándose discriminaciones y privilegios. No será fácil, pero si hay voluntad política se puede y habrá que hacerlo para un tiempo nuevo. 

 

 

 

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