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GARRAY

Asden indica que el parque aéreo puede iniciarse en suelo rústico

Indican que habría que hacer una modificación urbanística de 384 hectáreas

Heraldo Diariodesoria.es
03/10/2019

 

La asociación Asden-Ecologistas en Acción se defendió ayer de las acusaciones políticas que les exigen responsabilidades por frenar el parque aéreo en Garray diciendo que el proyecto se puede iniciar en suelo rústico, fuera del PEMA. «Pueden empezar ahí», dijo el portavoz de la agrupación ecologista, Carlos González, en referencia a 380 hectáreas de suelo rústico, ubicado en el sector A, donde, a juicio de González, el terreno (una superficie plana) ofrece unas condiciones viables para una ampliación de las pistas del aeródromo y para albergar los hangares y talleres necesarios. «Estas obras se pueden hacer sin tocar el PEMA, solo habría que realizar una modificación puntual de las normas urbanísticas», agregó, a la vez que insistió en que se podría desarrollar todo el entorno del aeródromo, que se encuentra en terrenos rústicos.

La propuesta del aeroparque de Loyânair ocuparía 510 hectáreas, de las que 384 son suelo rústico, otras 63 hectáreas corresponden al nivel inferior del terreno, incluidas en el PEMA y un total de 58 hectáreas son polígono industrial del PEMA y una estrecha franja de suelo calificado como apto para urbanizar a lo largo de la nueva calle que corre de este a oeste, paralela a la pista de aterrizaje del aeródromo.

Asden plasmó sus consideraciones en un escrito que remitió la semana pasada a la Diputación sobre el aeroparque tecnológico-industrial en Garray. Un documento elaborado por los ecologistas para dar a conocer su posición sobre el proyecto, que ven poco viable, y en el que también trasladaron su negativa a retirar un recurso judicial ante el Supremo contra el decreto del PEMA, dictado por la Junta de Castilla y León, lo que no permite hacer uso del terreno.

Esta postura inamovible de Asden han originado duras críticas por parte del presidente y vicepresidente de la Diputación, Benito Serrano y José Antonio de Miguel, respectivamente, y de la alcaldesa de Garray, María José Jiménez, que piden responsabilidades a los ecologistas de paralizar el proyecto de Layônair.

Carlos González no entiende estas críticas a las que ve un marcado tinte electoral. En este sentido subrayó que la Diputación tenía conocimiento de este proyecto desde el mes de marzo, pero no ha sido hasta octubre, ya en campaña electoral, cuando lo han dado a conocer a Asden «y como no tienen cerrado el proyecto les viene bien echarnos la culpa», agregó. El portavoz recordó que desde la agrupación se valoró la documentación y se vio que «solo hay un manifiesto interés por parte de una empresa, pero nada más, no nos podemos embarcar en un proyecto sin saber lo que hay detrás».

Asimismo puntualizó que «Asden tiene los socios que tiene y están todos informados de este proyecto y de todos los temas que se abordan, ademas las decisiones se toman en asamblea, algo que probablemente no hagan los partidos políticos». El portavoz de los ecologistas invitó a mirar hacia atrás para buscar responsabilidades entre los que defendieron y aprobaron una ley de la CMA en las Cortes de Castilla y León que los tribunales dictaron que es inconstitucional, en referencia a José Antonio de Miguel, «y ellos sí que son responsables de haber enterrado cien millones de euros en Garray».

Por último, González recordó que todo el litigio judicial que la organización ha emprendido contra la antigua CMA era para garantizar la protección de la zona baja de arbolado del soto de Garray, próximo a la ribera fluvial.

 

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