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POLÍTICA

La defensa de la PAC como eje

MEDIDAS El acuerdo programático de PP y Ciudadanos solo da respuesta a una de las peticiones de las Opas / Plantea un «marco estable de relaciones» en la cadena de valor para «evitar la concertación» de los precios agrícolas y ganaderos

E. ORTIZ
07/07/2019

 

Lo que el campo castellano y leonés espera del Ejecutivo autonómico está claro. Las Organizaciones profesionales agrarias (Opas) hicieron llegar sus decálogos a los distintos partidos que podían tomar las riendas de la región. Una política de Comunidad que vaya más allá de la mera gestión es el eje que, a su juicio, debe regir en las distintas actuaciones de futuro. Todas ellas basadas en el consenso y enfocadas en el largo plazo. La defensa de la PAC, el control de la fauna salvaje y los planes de regadío son algunas de las más urgentes. Pero, ¿qué responden los implicados a estas peticiones?

Como fruto del diálogo, que ya las Opas tildaron de indispensable en la sala de espera de los comicios, surge el acuerdo programático entre PP y Ciudadanos para gobernar Castilla y León, cuyo apartado noveno habla de medidas para la agricultura y el medio ambiente. Tres son los escasos puntos que conciernen a la primera parte, que es objeto de este suplemento.

La única respuesta que el acuerdo entre las formaciones popular y naranja da a las demandas de las Opas es la continuidad en la defensa de la PAC. Un compromiso que avala la certeza de que «ofrece una garantía de ingresos» a los agricultores y ganaderos «complementarios a los proporcionados por el mercado». En esta línea aseguran que debe estar «bien dotada económicamente» y ser «eficiente y simplificada» pues, consideran, «no se les puede exigir más con menos financiación».

Dentro de este apartado, incluyen la elaboración de un Plan Autonómico de Agroindustria que «fortalezca el sector de transformación agroalimentaria, potencie la generación de valor añadido, y oriente la eficiencia y eficacia del gasto en I+D+I». Asimismo, plantean un «marco estable de relaciones» en la cadena de valor para «evitar la concertación de precios en el ámbito agrícola y ganadero».

El resto de medidas incluidas en este capítulo son menos directas para el mundo agrario, aunque tengan su repercusión en el mismo. Entre ellas está el impulso a la Agenda Digital Rural y la banda ancha, una gestión integral del agua que permita mejorar su uso, el desarrollo de una Estrategia Regional para la Economía Circular o la evaluación del Plan de Desarrollo Rural.

De la misma manera, PP y Ciudadanos se comprometen a analizar los resultados de la marca de calidad autonómica Tierra de Sabor con el fin de adoptar «medidas que consigan un impacto más eficaz y eficiente en el mercado de los consumidores». Incrementarán la superficie forestal «hasta las 900.000 hectáreas» para las que promoverán una «gestión sostenible» que revierta en la creación de empleo. Además, se marcan un plazo de seis meses para la aprobación de la nueva Ley regional de caza y pesca.

Despoblación

El acuerdo para el Gobierno de Castilla y León dedica un apartado de un solo punto a otra de las circunstancias que más preocupan a agricultores y ganaderos: la despoblación, Así, anuncia la creación de un grupo de trabajo de expertos nombrados por las Cortes para que «elaboren un diagnóstico y emitan en un año un informe de propuestas de actuación» para encarar la lucha contra la misma así como la ordenación del territorio.

A lo largo del centenar de compromisos que configuran el documento rubricado por Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea hay distintas referencias al mundo rural como una «fiscalidad favorable a través de bonificaciones y deducciones del IRPF, especialmente para aquellos que residan en municipios de menos de 5.000 habitantes». Igualmente ampliarán los supuestos de bonificación del Impuesto de Sucesiones en el caso de empresa agraria y establecerán un tratamiento favorable en el de Transmisiones Patrimoniales cuando se trate de tierras o para la adquisición de primera vivienda en un pueblo. En lo relativo a la economía y el empleo, proponen la creación de una «plataforma de nuevos emprendedores rurales» y un apoyo «específico» para la industria en estos municipios.

Llama la atención que con la problemática que envuelve a la sanidad rural, motivo de multitudinarias manifestaciones en Castilla y León, no se esboce ninguna actuación específica. Sí se hace, en cambio, con la educación al barajar la posibilidad de «disminuir la aportación de los usuarios o incrementar los casos de gratuidad» en circunstancias entre las que se encuentra el vivir en una zona rural, donde garantizan su compromiso con la escuela. Dentro de este ámbito contemplan la internacionalización de las universidades como «estrategia esencial en la lucha contra la despoblación» y blindan el acceso de sus jóvenes a la Formación Profesional (FP).

Por último, tildan al turismo rural de «clave» en Castilla y León como presentación de un plan de promoción internacional del mismo, que irá de la mano de la Administración central. 
En conclusión, son diversos los puntos que tienen en consideración el mundo rural en general pero pocos los que se centran en sus ejes: la agricultura y la ganadería.

 

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