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DIPUTACIÓN

Diputación lleva al Contencioso la reclamación de la Junta de 410.000 euros del Plan de Empleo

El Ecyl rechaza el recurso que interpuso la Diputación para evitar devolver la ayuda de 2015

Diariodesoria.es
13/09/2017

 

La Diputación Provincial de Soria acudirá al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que dirima sobre el reintegro de 410.626, 21 euros que reclama el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) a la Institución Provincial, por incumplir la convocatoria de los fondos consignados a subvencionar a los ayuntamientos la contratación de parados para acometer obras de carácter general, dentro del Plan de Empleo de 2015.

Concretamente, la Diputación interpondrá un recurso Contencioso-Administrativo contra la Resolución de 28 de agosto de 2017, del presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la Diputación Provincial sobre el reintegro de 410.626,21 euros correspondientes a los fondos destinados a medidas, planes o programas de empleo del año 2015 dirigidos a subvencionar a los ayuntamientos para contratar a desempleados. Así lo acordó ayer la Junta de Gobierno que ha encomendado al secretario general de la Diputación la defensa de los intereses provinciales en el procedimiento.

La Diputación se anticipó a la convocatoria de la Junta de Castilla y León y aprobó, el 10 de febrero de 2015, la suya propia con una dotación de 400.000 euros, así como los requisitos para los beneficiarios y las condiciones de las contrataciones. La Junta dio a conocer el contenido de la convocatoria a través de una Orden, de 26 de febrero, del mismo año, con una cuantía de 391.865 euros.

Las condiciones de la Diputación eran más generales y marcaban que el dinero se tenía que destinar a contratar desempleados y el periodo de trabajo debería concluir el 31 de octubre de ese año. La Diputación subvencionaría contratos que tengan un duración mínima de 90 días, a tiempo completo o su equivalencia a tiempo parcial. Una decisión que adoptó el anterior equipo de Gobierno gobernado por Antonio Pardo.

Sin embargo, las condiciones de la Junta resultaron ser más detalladas. Los parados contratados deberían ser preferentemente jóvenes menores de 35 años y mayores de 45 años que fuesen parados de larga duración y, al menos, el 50% de los trabajadores contratados deberían estar comprendidos entre este margen de edades. De la misma manera, el periodo mínimo de contratación debería ser de 180 días, si fuese por debajo de los 120 días se reduciría la financiación de manera proporcional. Las contrataciones deberán ser formalizadas antes del 15 de abril.

Al tratarse de dos convocatorias distintas, el Gobierno regional dictó una resolución en la que ordenó la cancelación total de los fondos y el reintegro, por parte de Diputación, de los 410.626,21 euros, de los que 391.865 correspondía a la cantidad subvencionable y otros 18.761, 21 euros en concepto de intereses. El 29 de julio de 2016 la Diputación Provincial interpuso un recurso de reposición contra esta resolución que es la que ha sido desestimada el pasado 28 de agosto, con la que se agota la vía administrativa, de tal manera que el conflicto pasa ahora a los tribunales.

El recurso de reposición interpuesto por la Diputación planteaba, como alegación primera y principal, que la cantidad de 391.865 euros, cuyo reintegro ahora se reclama, nunca tuvo la condición de subvención directa, sino que tenía su origen en la aplicación de la Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas tributarias y de financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León.

En la aplicación de dicha ley, a la Diputación le correspondieron durante el año 2015 unos fondos por importe total de 783.730 euros, teniendo un 50% carácter incondicionado y el otro 50% carácter condicionado por ser su destino obligado el de promover «medidas, planes o programas de fomento de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos», exigencia cumplida de «manera escrupulosa» por la Diputación mediante las oportunas convocatorias para la contratación por los ayuntamientos de la provincia de personal en situación de desempleo.

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