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LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA

Justicia solicita a 12 pueblos retirar los símbolos franquistas

Remite cartas en las que se obliga a cumplir con la Ley de la Memoria Histórica

Heraldo Diariodesoria.es
10/02/2019

 

El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Memoria Histórica, ha solicitado a 12 ayuntamientos de Soria la eliminación de los vestigios del franquismo que quedan en los espacios públicos, principalmente nombres de calles.

Ahora es el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, el que obliga a los ayuntamientos, a través de una carta, esta medida que la justifica en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como de la Memoria Histórica.

Los pueblos sorianos a los que se ha dirigido Justicia son: Almaluez, El Burgo de Osma, Frechilla de Almazán, Garray, Medinaceli, Renieblas, Retortillo, San Leonardo de Yagüe, Soliedra, Tejado, Valdelagua del Cerro y Vozmediano. Estas son las localidades sorianas que ha detectado el Instituto Nacional de Estadística (INE) con nombres en plazas, calles o edificios públicos con nombres de destacadas figuras del franquismo, que en todo el país suman 1.171 repartidas entre más de 637 municipios. A ese censo, la Dirección General de Memoria Histórica ha incorporado otros 19 en los que también pudieran quedar otros vestigios de exaltación de la Guerra Civil u homenaje al franquismo.

Los gobiernos municipales han recibido una carta del director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, quien solicita certificación sobre la no existencia de simbología de exaltación en su municipio y, en caso de que la hubiera, proceda a dar cumplimiento a la Ley 52/2007, elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura.

El director general recuerda en su misiva que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 7 de junio de 2013 estableció que «el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978». Aquella sentencia rechazó un recurso contra la retirada de la estatua ecuestre del dictador Franco de la madrileña plaza de San Juan de la Cruz. Además de los 656 municipios que, en principio, podrían conservar vestigios franquistas exhibidos en espacios públicos estos, el director general de Memoria Histórica también ha solicitado a todos los gobiernos autonómicos información «sobre la existencia de simbología de exaltación de Guerra Civil y dictadura en territorios autonómicos, para proceder a obrar en cumplimiento con la Ley 52/2007». El artículo 15.1 de dicha ley establece que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas».

El listado de ayuntamientos del Ministerio de Justicia coincide en gran parte con la relación de los pueblos a los que se dirigió el partido político Compromís, a través del Senado, dentro de una campaña que inició hace años con el mismo objetivo que es el de cumplir con la Ley de la Memoria Histórica. En este punto, los datos ofrecidos desde el Ministerio y desde Compromís son contradictorios. Mientras Justicia reclama cambios a algunos pueblos, parece ser que estos ya lo han hecho.

Recientemente, la formación política valenciana ha remitido un listado de municipios a los que había formulado la petición de la retirada de estos símbolos y algunos ya han accedido a hacerlo. Entre ellos se encuentra Nepas, cuyo gobierno del PP eliminó el nombre la plaza de General Mola por la de plaza Mayor. Al igual que en Vozmediano, cuyo Ayuntamiento socialista modificó el nombre de la calle General Mola por la de Mayor.

Seguramente que los ayuntamientos de Medinaceli, Tejado y Garray se sorprenderán de la reciente carta del Ministerio de Justicia. El alcalde popular de Medinaceli, Felipe Utrilla, desde que recibió la primera petición de Compromís ha asegurado que no había ninguna calle franquista en el pueblo y que la plaza del Generalísimo cambió su nombre por el de Mayor hace bastantes años. En Tejado ocurre algo similar. El alcalde, Rufo Martínez, (PP) asegura que en el municipio, formado por seis núcleos de población, no tienen nombres franquistas cuando se le adjudicaba una calle a nombre de Carrero Blanco. Y el ayuntamiento popular de Garray cambió este verano el nombre de la calle Primo de Rivera por la de Retógenes.

Por otra parte, según la última información de Compromís, el Ayuntamiento de Soliedra se ha comprometido a cambiar el nombre de la calle de Primo de Rivera que todavía se mantiene en la pequeña localidad, gobernada por el PP.

 

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