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Condenada la directora del Santa Isabel a un año de cárcel

El juzgado de lo Penal considera acreditado un delito de revelación de secretos y otro leve de maltrato contra una trabajadora del centro y le impone una multa de 3.000 euros

VÍCTOR F. MORENO
16/07/2019

 

El Juzgado de lo Penal número 1 de Soria ha condenado a la directora del colegio Santa Isabel, María Luisa Andrés Esteban, a un año de prisión por un delito de revelación de secretos y a 3.000 euros de multa, tras la denuncia presentada por una trabajadora del centro, además de la prohibición de acercarse a ésta a menos de 300 metros durante un periodo de tres años. Además, a la directora también se le considera autora de un delito leve de maltrato, con una pena de un mes de multa. La jueza, sin embargo, la absuelve de un delito de trato degradante contra la trabajadora, según la sentencia a la que ha tenido acceso Heraldo Diario de Soria.


La denunciada, al frente del centro educativo durante los últimos ocho años y trabajadora del mismo hace cerca de tres décadas, estaba acusada de propiciar «un reiterado y sistemático trato gravemente desconsiderado» hacia la dignidad personal de la trabajadora M.Á.H.P.», según señaló la acusación pública, «haciéndole objeto de humillaciones continuas, gritándole de forma habitual y dispensándole un trato denigrante».


El delito de revelación se refiere a un expediente abierto por la Dirección Provincial de Educación y que habría sido hecho público por la acusada al comité de empresa del centro. La jueza considera que ha quedado acreditado por la declaración del director provincial de Educación, Javier Barrio, que se remitió a la directora del centro educativo un informe elaborado por la inspección educativa firmado por una inspectora y que luego se dejó a disposición del personal del turno de noche que fue leído de forma personal por cada uno de ellos, y que la jueza considera que estaba amparado por la Ley de Protección de Datos al contener información de la esfera íntima de la persona. como datos médicos o de salud.


Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando la trabajadora solicitó a la directora un permiso para ir al médico. La segunda le comentó que fuera esa misma tarde a urgencias, desencadenándose una discusión entre ambas, «subida de tono de voz y con gritos mutuos». La directora, siempre según la sentencia, devolvió a la trabajadora la solicitud de permiso y ésta rompió la petición y se fue llorando a una sala del centro educativo. La jueza declara probado que la responsable del colegio de educación especial recibió el citado informe remitido por el director provincial relativo a la queja formulada por M.Á.H.P.


La sentencia recoge que la directora leyó el 6 de febrero de 2917, ante la totalidad de los trabajadores, el informe de Educación, entre los cuales se encontraba «personal docente y no docente», y el mismo se dejó «a disposición del personal de turno de noche que lo leyó por sí mismo». El informe contenía datos médicos y un diagnóstico de salud de la trabajadora.


Los hechos que se declaran «probados» son, según la jueza, constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, previsto y penado en el artículo 147.3 del Código Penal.


En cuanto al delito leve de maltrato de obra, el juzgado considera acreditada la discusión del 12 de septiembre de 2016 por la concesión del servicio para ir al médico y que terminó en una discusión. Descarta que hubierta sometimiento, humillación o trato degradante constante como denunciaba la empleada. En el curso de la discusión, la responsable del centro cogió del brazo a la empleada y «la sacó por la fuerza de la sala común». Estos hechos resultan acreditados de la declaración de una testigo, tanto en su declaración en el acto del juicio como por los mensajes del teléfono móvil, «adverados notarialmente». Esta situación «produjo unos hematomas en el brazo» a la denunciante, pero no consta acreditado que precisara ningún tipo de asistencia médica para su curación, ya que la denunciante acudió al médico «y ni siquiera refirió estas lesiones al facultativo».


Por consiguiente, «acreditado este único episodio», sucedido el día 12 de septiembre, este hecho «debe ser calificado como un delito leve de maltrato de obra, previsto y penado en el artículo 147.3 del Código Penal.


Hay que recordar que la Dirección Provincial de Educación abrió un expediente informativo tras la denuncia de la trabajadora que cerró sin consecuencias.


Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Soria, en el plazo de diez días a contar desde su notificación, en los términos previstos en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para el pago de los 3.000 euros se declara la responsabilidad civil subsidiaria a la Junta de Castilla y León, Delegación Provincial de Educación.


La Fiscalía de Soria solicitaba una pena de tres años de cárcel para la directora al considerarla responsable de los delitos de trato denigrante (acoso laboral), revelación de secretos y un tercero leve de maltrato de obra.

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