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El Consistorio aplica el IPC a 12 tributos y deja el IBI sin cambios

El alza del 2,3%, según el dato de junio, afecta al Impuesto de Vehículos y la zona azul

JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO
11/10/2018

 

Por primera vez en años el debate fiscal del otoño no estará protagonizado por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y, descontado este ingreso, se entablará en unos términos parecidos a los del año pasado. O sea, con la aplicación a un cierto número de ordenanzas fiscales de la referencia de la inflación, el IPC. También llega con varias bonificaciones, que como las alzas quedarán cerradas en el pleno del mes para que dé tiempo a cerrar posibles alegaciones y todo quede listo en el año para que los cambios entren en vigor el próximo ejercicio. De lado de los incrementos son 12 los tributos que asumirán el IPC, un 2,3% de actualización según el dato de junio. El IBI queda sin cambios: ni se toca el tipo impositivo (ahora en el 0,55%) ni le afectará la variación de poder adquisitivo. Las 12 ordenanzas que se modifican suponen una menos que las cambiadas del lado del contribuyente en 2017.


De lado de la repercusión del contribuyente, ya que la entrada en vigor en marzo de ciertas innovaciones de la Ley de Contratos del Sector Público da lugar a retoques casi en bloque. Aquí «ha habido que adaptar la literatura», señaló gráficamente el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, tras celebrarse ayer la Comisión del área. Aprovechando la circunstancia y teniendo en cuenta peticiones y sensibilización hacia colectivos, se instauran nuevas bonificaciones en el IBI y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.


La puesta al día según el IPC afecta en cinco casos a la circulación. Así, varían según el IPC el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; el estacionamiento general en la zona azul y el específico de camiones en la terminal de mercancías del polígono; la reserva de espacios mediante vados; y lo que abonarán los conductores por aparcar mal, a los que la grúa haya retirado el coche.


El 2,3% implica a las actividades en lo relativo a la apertura de establecimientos; la apertura de zanjas; y el uso del espacio público por instalación de vallas o andamios, ocupación con materiales de construcción o por venta ambulante; tampoco se libra el uso privativo del subsuelo y vuelo.


Por último en las actualizaciones, la tasa por celebración de matrimonios civiles entra también en el paquete fiscal.


«No podemos dejar pasar varios años sin actualizar», explicó Muñoz, pues al cabo en casos se dará una «disonancia» entre el servicio prestado y lo que cuesta realmente y, en todo caso, la reforma paulatina impide luego que haya subidas elevadas de golpe.


Esto del lado de los incrementos. Las ventajas fiscales de ayer en la Comisión se distribuyen en el ámbito de las obras y reformas y en el de la propiedad de inmuebles, o sea, el IBI que el año próximo permanecerá inamovible.


En este segundo el equipo de Gobierno atiende a una consideración de los comerciantes, relativa a los locales cerrados «desde hace ya mucho tiempo y que tenemos por toda la ciudad», en ocasiones en mal estado.


«Sensibles» a esta situación y ante los establecimientos sin uso pero que tuvieron ocupación antes (la medida no atiende a los derivados de nuevas construcciones), el equipo de Gobierno propone una bonificación del 20%. A cambio, la propiedad deberá incorporarlos a una bolsa de alquiler. Aquellos que se encuentren «ornamentalmente peor» conocerán una actuación municipal para disimular los estragos y llamar la atención sobre la opción de arrendar. O sea, que el Consistorio colocará trampantojos, diseñados con un hilo conductor para que «todo tenga un sentido», como ya se ha hecho otras veces.


Los casos sociales son el segundo frente de ventajas fiscales en el IBI. Un 60% de bonificación para víctimas de terrorismo y de violencia de género y para familias monoparentales en ciertas situaciones y en función de criterios de renta.


En cuanto al Impuesto sobre Construcciones, el Ayuntamiento se propone dar un «nuevo impulso» a la Inspección Técnica de Edificios, trámite legal que deben pasar los inmuebles de más de 40 años de antigüedad y cuyo registro corresponde al Consistorio. Los recientes cambios en la Ordenanza llegaban acompañados de la posibilidad de incentivos para ejecutar las obras en los casos de una revisión desfavorable. Y el equipo de Gobierno los materializa con una bonificación del 50% para estos casos. Eso sí, siempre que se solicite a los tres meses tras haberse emitido el informe.


Muñoz consideró ventajoso el incentivo tanto para el particular como para el sector de la construcción, aparte de lo que supone para relanzar la propia Inspección Técnica de Edificios, que hasta la fecha ha tenido poca repercusión entre los propietarios.


El Impuesto sobre Construcciones incluirá además una segunda reducción, también del 50%, para reformas y obras destinadas a mejorar la accesibilidad y la habitabilidad en viviendas y edificios. Esto en caso de personas con discapacidad.


Al margen de lo derivado de la Ley de Contratos, también la Ordenanza de la ayuda a domicilio varía, «aunque en lo básico no cambia nada», refirió Muñoz. Se trata de una adaptación requerida por innovaciones regionales.


Sobre el IBI, poco había que decir ayer más allá de que queda sin inmutarse. La próxima Corporación deberá abordar «un camino nuevo en relación a este impuesto». Habrá que ver los valores catastrales «en qué momento están en relación con el valor real de las viviendas», sin que esto implique una nueva ponencia catastral. El Consistorio está además pendiente del futuro de las Plusvalías y la reforma de su aparato legal.

 

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