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Los empresarios avivan la campaña contra la «caprichosa» subida del IBI

Piden el tipo impositivo mínimo e invitan a apoyar con firmas las alegaciones que presentarán

JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO
14/11/2017

 

La situación es parecida a la de los últimos años por estas fechas, con los trámites de los cambios fiscales de cara al siguiente ejercicio. Con la elevación del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aprobada inicialmente en el pleno del pasado 30 de octubre, la patronal FOES vuelve a clamar contra la medida, anuncia alegaciones y ayer avivó la campaña para intentar contrarrestar el cambio por el que la referencia para calcular el recibo pasará en 2018 al 0,55% frente al 0,52% de este año. El presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas, Santiago Aparicio, salió a la palestra para calificar de «caprichosa» la subida y animar a empresas y ciudadanos a que respalden con su firma la recogida de apoyos ante el cambio fiscal. Las rúbricas acompañarán las alegaciones de FOES frente a la novedad impositiva que tendrá que volver al pleno para su visto bueno definitivo.


La mayor carga «no ayuda nada a las empresas, al mantenimiento, a la generación de empleo, porque cuantas más subidas de impuestos mucho peor», expresó Aparicio en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el vicepresidente de FOES, José María Izquierdo, y el responsable de la Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Las Casas, Jesús Mateo.


Las consideraciones de FOES al IBI defienden dos puntos. Por una parte, que el tipo impositivo tiene que quedar en el mínimo legal, o sea, el 0,4%. Y que se deben implantar bonificaciones a los locales donde se desarrollen actividades económicas. Esto último, en la línea de la posibilidad que ofrece la Ley de las Haciendas Locales para las que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. En este caso (por razones «sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo»), la norma permite una reducción de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto. Estos dos aspectos compondrán las alegaciones de FOES.


Por su parte, Izquierdo se remontó a los orígenes de la subida progresiva que comenzó en 2009 con la finalidad de distribuirla en diez años. De manera que 2018 se anuncia como el último con incremento. En 2009 entró en vigor a nueva ponencia de valores cuya intención procede del mandato corporativo 2003-2007. Las referencias de los inmuebles atienden al periodo de la «burbuja inmobiliaria» que estalló a finales de 2008 tras una década de constante hinchazón.


«Esto significa que la ponencia catastral aprobada en el año 2008 utilizó como base las valoraciones más elevadas de los bienes inmobiliarios, siendo a partir del año 2009 un punto de inflexión hasta la actualidad», señaló el vicepresidente de FOES.


Si el valor catastral tiene que representar el 50% del de mercado, se está produciendo un desajuste. Y es que «en muchos supuestos el valor catastral está superando al valor de mercado de los bienes inmuebles», indicó Izquierdo. Si bien el Consistorio aplicó en su día coeficientes reductores que en la práctica congelaron los valores, el IBI continuó su trayectoria debido a las alzas anuales del tipo. El vicepresidente de FOES apeló también al informe tributario del Ayuntamiento de Madrid, que coloca a la capital en el «primer puesto nacional» en esfuerzo fiscal absoluto en relación a este impuesto. Ciudades próximas, contó Izquierdo, como Burgos o Logroño, se sitúan por ejemplo en los puestos 32º y 41º, respectivamente.


Los empresarios ilustraron su queja con algunos casos de recibo. Así, en dos naves del polígono, con casi 4.000 y 800 metros cuadrados construidos, las diferencias al alza en 2017 en relación a 2008 representarían un 513% y un 306% en su valoración catastral. En una casa en El Collado, la subida en este aspecto sería del 211%, con un recibo abultado en un 151%.


Como el abono se realiza en dos momentos, explicó Mateo, «no se ha visto el incremento tan bestial que ha tenido».


En la actualidad los ayuntamientos españoles han mermado sus ingresos tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional que anuló los artículos de la Ley de Haciendas Locales que definen la base imponible y el cálculo del valor del bien de cara al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La medida afecta a los casos en los que la transmisión del bien se haya producido a pérdida, es decir, en los que no se ha dado el hecho imponible, precisamente el incremento que da nombre al tributo que recaudan los municipios. La pérdida de parte de las llamadas ‘plusvalías’ (en Soria se han congelado las liquidaciones hasta que el Gobierno precise un nuevo sistema de cálculo o una manera de compensar a la administración local) «trata de ser revertida por los consistorios incrementando otros impuestos», lamentó el vicepresidente de la patronal.


En cuanto a la campaña de firmas, Aparicio animó a participar, como «última oportunidad» para que se dé un cambio. De momento no hay una aproximación de cuántos respaldos lleva conseguidos, ya que sigue abierta en la sede de FOES, empresas y la web de la patronal. Pero «la gente está firmando de una manera importante, porque está harta ya», consideró el presidente, quien confió en que la iniciativa será «un éxito».

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