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El equipo de Gobierno persigue la corresponsabilidad en la depuradora

Ciudadanos, Sorianos e IU reciben la documentación del proceso de cara a la próxima PNL

JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO
09/02/2018

 

Corresponsabilidad, que los partidos políticos con representación municipal sean actores y se impliquen con sus decisiones en la medida de sus posibilidades en el desbloqueo de la financiación y opciones de la nueva depuradora. Con este objetivo y con la perspectiva de una Proposición No de Ley (PNL) que presentará el PSOE en el Congreso, el equipo de Gobierno se reunió ayer con los concejales de Ciudadanos, Sorianos e IU. La idea es que estas formaciones transmitan a sus compañeros y afines la necesidad de que respalden unas mejores condiciones de financiación para la planta soriana. Para el equipo de Gobierno es inasumible la propuesta del Estado de que la parte local aporte un 65% del coste de la infraestructura, con sólo un 35% de refuerzo con fondos europeos. Y recuerda que otras ciudades reciben hasta el 100% de financiación estatal.


Los ediles de Ciudadanos, Sorianos e IU recibieron ayer toda la documentación sobre una tortuosa relación con el Estado a través de Acuaes y que se desbarató a finales de 2014. El proyecto de realizar una planta en Los Rábanos quedó en la práctica rechazado cuando los consistorios de Soria y Golmayo insistieron en limitar su responsabilidad al 20%, en un momento en que el horizonte de obra era tan ajustado que hacía previsible un sobrecoste al sobrepasar los plazos marcados por Europa.


Tras el encuentro de ayer, los partidos reunidos en el grupo mixto explicaron que tenían que estudiar los documentos. No obstante, apuntaron algunas ideas previas que iban de la disponibilidad de IU al papel de transmisor de Ciudadanos y el escepticismo de Sorianos. Por su parte, la concejala de Obras, Ana Alegre (quien asistió al encuentro acompañada del portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, y del diputado del PSOE, Javier Antón) apeló entre otras consideraciones a la responsabilidad del PP soriano. Y es que hoy la presidenta popular, María del Mar Angulo, tiene programada una reunión similar a la que ayer convocó el PSOE para explicar su postura.


Ana Alegre
«Creemos que nos tratan de una forma discriminatoria», expuso la concejala de Obras sobre el punto de partida de la anunciada PNL. Y por ello «es justo que pidamos esa ayuda nacional». El encuentro de ayer sirvió para que el grupo mixto conociera «todo el procedimiento» existente sobre la depuradora, incluidos los documentos de financiación y el informe del secretario municipal sobre las consecuencias del «interés general» con que la planta fue calificado. De este documento se desprende la competencia estatal en la instalación.


El objetivo es que los otros partidos sean «corresponsables» y transmitan a sus respectivos ámbitos o afines que «nos traten de una forma justa». Alegre recordó que «en otros sitios han puesto cero euros» en sus depuradoras, aunque por parte de Soria existe una oferta de llegar a una tercera parte en la financiación loca. Esta «oferta última que hicimos es bastante justa», estimó la responsable de Obras, quien lamentó la «forma desigual» con que se trata «a la ciudad de Soria», tal vez «por tener otros colores políticos».


«Si no trabajamos todos desde aquí, ‘arriba’ [en Madrid] no sé si nos van a hacer mucho caso», reflexionó la concejala, quien tuvo un mensaje para el PP soriano. «Debería exigir a sus compañeros en Madrid que hagan una apuesta de verdad» por la planta. Y es que si se habla de despoblación, «lo tiene que demostrar el Gobierno apoyando esta depuradora», aseguró.


«Es tan clara la injusticia que es difícil quedarte de lado, más allá de unos intereses políticos equivocados», expresó Alegre en referencia a los populares. En este sentido, «quien quiera trabajar por la ciudad de Soria y por los sorianos, es obvio que todos tenemos que estar juntos y unidos».


Jesús de Lózar 
El concejal de Ciudadanos, Jesús de Lózar, hablará con «mis correligionarios para que se hagan una idea en el marco de la Comisión» de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente., donde se debatirá la PNL. «Entiendo, en principio, que puede ser de apoyo», opinó De Lózar, aunque en todo caso la decisión no depende de él. El edil remitirá, eso sí, «mi punto de vista», una vez que haya escuchado al PP en el encuentro de hoy. La depuradora, más que un problema, «es un problemón», señaló De Lózar. Y en este caso «tampoco se trata de buscar la responsabilidad», en el sentido de la polémica política que suscita el tema, sino de «encontrar soluciones» dentro de la legalidad, en el «marco como siempre del respeto a la Ley». Para De Lózar «con el ‘y tú más’ no solucionas nada».


El concejal de Ciudadanos repasó algunos de los argumentos que expuso el PSOE en la reunión: la despoblación, de la que se desprende un «coste proporcionalmente mayor»; la mayor sensibilidad y una exigencia reforzada de depuración por situarse la planta en cabecera de cuenca; y el interés general, por el que «es el Gobierno quien hace y ejecuta las obras». Ciudadanos analizará la cuestión y mostró su disponibilidad a remitir el tema a sus diputados.


Luis Alberto Romero 
Escepticismo ante la división entre los dos grandes partidos, PSOE y PP. Y desconfianza. Así puede resumirse la postura del concejal de Ciudadanos, Luis Alberto Romero, quien se desmarcó de un trasfondo que ve partidista. «Me da igual quién tiene la culpa, como si la tienen los dos, el que pierde es Soria», señaló Romero. «No me fío de ninguno de los dos», insistió. Y es que, «creo que ha habido posibilidades de llegar a acuerdo en estos años», con gobiernos del PSOE y del PP.


«Tendremos que mirarlo», explicó sobre el material entregado en la reunión. Pero para Romero ayer desde el equipo de Gobierno se dejó entrever una actitud de «‘pobrecitos, como siempre de victimistas» en este proceso.


Enrique García
Si bien «hay que estudiarla» la documentación, para el edil de IU, Enrique García, hay algo claro: «si nos pagan, que la pongan donde quieran». García consideró que la ubicación (Sinova o la modernización de la actual planta) «te viene impuesta» por el Gobierno. «Si es un asunto de interés general, tendrán que decir ellos», estimó, como sucedió con la nueva cárcel. La postura es práctica. «En principio, no tengo inconveniente en apoyarlo, siempre y cuando la paguen», aseguró sobre una PNL con una petición económica por definir, aunque «que pida todo lo que se pueda».

 

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