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LA CAPITAL

El Ministerio amplía el plazo de financiación de 40 a 50 años

El recibo anual de cada usuario se incrementaría o 32 o 54 euros anuales hasta el 2071

J.S. /Soria
02/02/2018

 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente volvió a reiterar ayer al alcalde de Soria, Carlos Martínez, la necesidad de que defina la alternativa elegida para mejorar el saneamiento de las aguas residuales en la ciudad, y que se decante, cuanto antes, por una de las dos opciones planteadas. Además, desde Acuaes se puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar el plazo de financiación de 40 a 50 años.


La Subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, explicó que tras la reunión mantuvo una conversación con la directora general de Acuaes, Aránzazu Vallejo en la que se detallaron algunas cuestiones sobre el proyecto. La más importante es la relativa a financiación y su repercusión en el recibo de los vecinos.


Si finalmente se acepta la financiación a 50 años, el incremento del recibo variará en función del proyecto elegido. Hay que recordar que la nueva depuradora en Sinova tiene un coste estimado de 50 millones, la reforma de San Saturio unos 30 y las pequeñas actuaciones en la planta actual se valoran en 10 millones de euros contando las bajas de adjudicación.


Según explicó De Gregorio, las tablas de amortización presentadas ayer por Acuaes establecen un coste anual por usuario de 18,.21 euros en el caso del proyecto de Sinova, 10,92 para la reforma integral de San Saturio y 3,64 euros en el caso de que se opte por reforma más modesta. Desde Acuaes se estima que cada unidad familiar está formada por tres individuos y por lo que el recibo anual se incrementaría en 54 euros con la nueva depuradora, 32 en el caso de la ampliación y 10,92 por el último de los proyectos planteados.


Esta cifra indica el coste anual que se repercutiría en el recibo de los vecinos, aunque en el recibo las cantidades se irían incrementado progresivamente. No obstante, la cuota no estaría sujeta a variaciones en función del crecimiento del IPC. De Gregorio sostiene que la propuesta de repercusión es «mínima» y que además es, «a diferencia del IBI», un servicio que beneficia directamente a los ciudadanos de Soria.
De Gregorio rechazó también las comparaciones que realiza el alcalde de Soria, Carlos Martínez, con la situación de los proyectos de otras ciudades. «No me gusta, no está comparando con otras ciudades que tienen unas condiciones que nosotros teníamos en 2013», puntualizó. «Vigo, Toledo o Burgos tenían lo mismo que Soria, he hablado con algunos de esos alcaldes y están encantados y además cobran por el coste de la depuración», aseguró.


La subdelegada insiste en que la propuesta que Acuaes pone sobre la mesa está basada en «realidades» y advirtió que teme que Soria vuelva a rechazar el proyecto. En este sentido, De Gregorio indicó que actualmente se desconoce lo que puede ocurrir en el próximo periodo de fondos europeos y señaló si finalmente la UE sanciona a España por la falta de ejecución de las obras el pago puede recaer en los vecinos de Soria.


De Gregorio insistió de nuevo en que la competencia en materia de depuración de aguas corresponde únicamente a los ayuntamientos y quiso aclarar el alcance de la declaración de interés general que defiende Soria. «El Gobierno asume la ejecución de las obras hidráulicas de interés general cuando atañe a cuestiones que son de su competencia, como es el caso de la presa del río Mayor», explicó. La subdelegada insiste en que este apartado queda claro en el artículo 124 de la ley de Aguas y que en el caso de la depuradora de Soria el interés general solo obliga al Gobierno a prestar apoyo técnico y financiero. «Tanto la presa como la cárcel son asumidas por el Gobierno porque son cuestiones de su competencia», recalcó.

 

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