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Las plusvalías seguirán sin liquidarse hasta el cambio legal

Muñoz lamenta que la reforma pactada con la FEMP no precise una compensación

JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO
26/01/2018

 

Ocho meses lleva el Consistorio sin realizar las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, las plusvalías. Y así seguirá hasta que el Gobierno plasme la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Legales, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló los cobros cuando la transmisión comportaba pérdidas. Aunque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno han llegado a un acuerdo sobre el alcance de las novedades, «a día de hoy estamos igual», señaló el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, es decir, sin una regulación. Y, según ha trascendido, «posiblemente hasta el verano no haya nada» firme. En este escenario el Consistorio continuará sin cobrar el impuesto, evitando así posibles reclamaciones. «Nos preocupa más el hecho de liquidarlo bien», refirió Muñoz, quien recordó que luego «hay cuatro años» para reclamar la deuda tributaria.


La transmisión del inmueble por un valor inferior al de adquisición suprime el hecho imponible: el incremento. El Tribunal Constitucional anuló varios artículos de la Ley de las Haciendas Locales, aquellos que determinaban la base imponible, el sistema de cálculo del valor del bien y la autoliquidación en estos casos. La manera de establecer si existe o no un incremento que pueda ser sometido a tributación corresponde al legislador, recordó el Constitucional. Con la colaboración de la FEMP y el Gobierno parece despejarse este aspecto.


El contribuyente tendrá que demostrar que en la transmisión no se ha elevado el valor, mientras que la base imponible dependerá de unos coeficientes de revalorización que el Ministerio de Hacienda revisará anualmente de manera que se adapten a la variación del mercado inmobiliario.


Desde el equipo de Gobierno de la capital se felicitan de que «por fin se empiece» a aclarar el horizonte de un impuesto que supone una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos. Sin embargo, la reforma no viene a despejar por ahora una de las inquietudes locales: «qué pasa con el ‘papel’ que hay anterior». O sea, las liquidaciones realizadas con el sistema que quedó anulado y que al ser reclamadas por pérdidas se traducen en mermas para las arcas locales. Cómo «compensar las posibles pérdidas» es algo que no se ha precisado todavía. Y es algo sobre lo que «el Gobierno ahora no quiere entrar», refirió Muñoz. En este sentido, la pretensión de la FEMP es que se cree un fondo específico de compensaciones.


Se trata de cubrir «posibles reclamaciones anteriores», que en el caso de Soria tienen un punto de corte claro: las que pudieron haber llegado relativas a los cuatro años precedentes sobre liquidaciones anteriores a junio del año pasado, cuando se dejó de cobrar el impuesto. Para otras ciudades el asunto es más amplio, pues siguieron cobrando después de que el Constitucional se pronunciara. El Consistorio soriano congeló el impuesto poco después de la sentencia, con el fin de «no tener problemas a posteriori.


Si finalmente el Gobierno acepta la postura de la FEMP y da luz verde a la creación del fondo hay otra incertidumbre añadida. Que no es otra que la de los Presupuestos Generales del Estado, donde tendría que constar. A las puertas de febrero «no tenemos Presupuesto», lamentó Muñoz. Y tampoco constan avances. La ausencia de este «marco normativo general» supone para los ayuntamientos un «perjuicio». El cambio de la determinación del impuesto parece avanzar, pero «no se puede quedar ahí». Falta la compensación.

 

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