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AGRARIO

Preocupación por los cambios sobre purines

UPA-COAG pide que aplace la obligación de enterrarlos para adaptar su maquinaria

M. H.
06/01/2018

 

La nueva obligación en materia de purines y estiércoles ha levantado las críticas del sector agrario por entender que no se le ha dado el tiempo suficiente para adaptarse a los condicionantes que recoge la normativa, cuya aplicación comenzó ya el pasado 1 de enero. Desde la alianza UPA-COAG la reacción no se ha hecho esperar y piden a la Junta de Castilla y León que, dentro de las competencias de las que dispone, que flexibilice las exigencias y que sobre todo aplace su puesta en marcha, «entre dos y tres años», como explicó a HERALDO-DIARIO DE SORIA desde el sindicato agrario el técnico Pablo Ayllón.
El quid de la cuestión es poder adaptar la maquinaria, de modo que el sector agrario pueda seguir la normativa tal y como se ha establecido.
La entrada en vigor el pasado lunes del Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre de 2017, supone la modificación de ciertas normas de condicionalidad en las explotaciones agrícolas, que afectan principalmente a la aplicación de purines y estiércoles en las parcelas de cultivos. Según destaca la Alianza UPA-COAG, y ante la flexibilidad que establece dicho Real Decreto, se pone en manos de las comunidades autónomas la forma de aplicación del mismo.
Por tal motivo, la central sindical agraria ha remitido una carta a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, evidenciando «la necesidad de que nuestra comunidad autónoma establezca excepciones al respecto y de esta manera nuestros agricultores y ganaderos no queden en inferioridad competitiva respecto de otras comunidades autónomas que las lleven a efecto». Según puntualizó Ayllón, en Cantabria «ya se han pronunciado y van a permitir echar estiércol, con lo cual, si ellos lo hacen, nosotros estaríamos en inferioridad en Castilla y León».
Obligación de enterrarlos
Tal y como matiza la Alianza UPA-COAG, el Real Decreto señala que desde el 1 de enero de 2018, «la aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones, pudiendo las comunidades autónomas establecer excepciones, atendiendo a las características específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones orográficas y climáticas, u otros motivos, debiendo las mismas quedar debidamente justificadas». Además, continúa el decreto, «los estiércoles sólidos deberán enterrarse después de su aplicación en el menor plazo de tiempo posible. No obstante, se podrán exceptuar de esta obligación, si la comunidad autónoma así lo establece, los tipos de cultivo mediante siembra directa o mínimo laboreo, los pastos y cultivos permanentes, y cuando la aportación del estiércol sólido se realice en cobertura con el cultivo ya instalado».
El sindicato agrario sostiene que si estos requisitos o condicionantes en la aplicación de purines o estiércoles no se suprimen o se flexibilizan, «los ganaderos tendrán un serio problema con la eliminación de los mismos puesto que la maquinaria que actualmente se estaba utilizando, las llamadas cubas de purín y esparcidores de estiércol para la distribución de los mismos, no cumple esta normativa, ya que no incorporan los purines al suelo sino que lo distribuyen sobre el terreno». En ese sentido, UPA-COAGA recalca que «no es de recibo que pretendan imponernos restricciones sin un preaviso lo suficientemente largo para permitir la adaptación de la maquinaria de aquellos agricultores o ganaderos que hayan invertido en maquinaria aún sin amortizar y que de golpe dejen de poder utilizarla, sin que se haya previsto compensación a cambio».
Ayllón matiza que la maquinaria se puede adaptar mediante la aplicación de un sistema que lo inyecte en el suelo, pero los profesionales reclaman ayudas para hacer frente a esta incidencia.
Por todo ello, desde la Alianza UPA-COAG reclaman a la Consejería de Agricultura y Ganadería que se oponga a la aplicación de los añadidos del Real Decreto 980/2017 que afecta a los estiércoles y purines y en caso de no ser posible lo anterior, «solicitamos que la Consejería haga una trasposición normativa a nuestra comunidad autónoma con la máxima flexibilidad posible», al objeto de retrasar la aplicación de la norma hasta adaptar la maquinaria, evitando posibles sanciones.

 

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