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GANADERÍA

El Procurador del Común pide aumentar la inspección y el control en las macrogranjas

La institución constata la existencia de numerosas alegaciones y reclamaciones presentadas por ciudadanos y asociaciones de Soria / Aboga por una moratoria en zonas declaradas vulnerables

VÍCTOR F. MORENO
14/11/2019

 

El Procurador del Común ha pedido aumentar la inspección y el control de los aspectos medioambientales de las macrogranjas de ganado porcino. En un comunicado remitido por la institución, explica que su petición llega como como consecuencia de la presentación de varias quejas sobre los proyectos de instalación de explotaciones industriales de ganado porcino de gran tamaño, las macrogranjas, en varias localidades de las provincias de Zamora y Soria.
La Procuraduría reitera que tuvo conocimiento de la existencia de «numerosas alegaciones y reclamaciones presentadas por ciudadanos y asociaciones, ante el impacto medioambiental que podría suponer la proliferación de estas actividades», lo que motivó que se iniciase una actuación de oficio sobre esta materia. En este sentido, se ha solicitado información al Gobierno regional y a las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Ebro, como organismos de cuenca de referencia.
Según los datos facilitados por el órgano medioambiental, existen actualmente 591 explotaciones de ganado porcino que requieren este tipo de autorización por su capacidad, concentrándose las dos terceras partes de estas en las provincias de Segovia (20%), Soria y Valladolid (16’5% cada una), y Burgos (14,4%). En el periodo 2016-2018, se han aprobado 80 proyectos (un 13,5% del número total (591) existente), de los cuales más de la mitad se encuentran en tres provincias: Salamanca (21), Soria (15) y Segovia (13), «sin perjuicio de las modificaciones no sustanciales de autorizaciones ambientales integradas, y que permiten en la mayor parte de las ocasiones un incremento del número de cabezas de ganado porcino autorizado», explica la Procuradoría.
A la vista de estos informes, la institución estimó que «era aconsejable» la adopción de medidas por los órganos competentes de la Administración autonómica para minimizar el impacto de los purines y del estiércol que se generan. Del mismo modo, se formuló una resolución dirigida a las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Fomento y Medio Ambiente, en la que se recomienda la adopción de algunas medidas para minimizar el impacto ambiental de estas actividades
Entre ellas se encuentran las de fijar un calendario de inspecciones de las instalaciones que albergan las explotaciones porcinas sujetas a autorización ambiental integrada con el fin de «comprobar que su funcionamiento se ajusta a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) de su sector, solicitando la colaboración de los técnicos de las Confederaciones Hidrográficas en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de las cuencas de los ríos Duero y Ebro».
En el caso de que en dicha inspección se compruebe que resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos, continúa el Procurador del Común, o que sea necesario implantar mejoras técnicas significativas, o que lo soliciten expresamente los organismos de cuenca, «debería requerirse al titular de esta explotación para que actualice la autorización ambiental integrada que disponga, implantando las Mejores Técnicas Disponibles del sector porcino recogidas en el Anexo de la Decisión de Ejecución (UE) de la Comisión, de 15 de febrero de 2017».
Dice también que es preciso que, «al haber transcurrido ampliamente el plazo establecido en el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la protección contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias», la Administración autonómica «apruebe a la mayor brevedad posible el Decreto de designación de las zonas vulnerables a esta contaminación y el Código de Buenas Prácticas Agrarias, como el programa de actuación preciso para prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario».
También expresa que «debe valorarse» la aplicación de una moratoria para la instalación de nuevas granjas de porcino o el incremento de la capacidad de las ya existentes, «en aquellas zonas que se declaren vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, salvo que se adopten medidas por los titulares de dichas explotaciones para minimizar el impacto ambiental». De igual forma, «se debería exigir la implementación de herramientas informáticas que permitan controlar el depósito de las deyecciones ganaderas en las tierras de cultivo agrícola, evitando duplicidades en las declaraciones que presentan a la Administración autonómica los titulares de las explotacione».
Por último, en las zonas declaradas como vulnerables, apuesta el Procurador del Común por aprobarse medidas específicas de apoyo para «garantizar» la implantación en ellas de plantas de generación eléctrica o de biogás con el fin de que pueda llevarse a cabo un sistema alternativo del tratamiento que permita «reducir la carga contaminante de los purines y deyecciones procedentes de estas explotaciones de ganado porcino».
Entre sus consideraciones, la institución dice que tras analizar la documentación remitida, se acreditó que «nos encontramos ante un sector pujante» -España es la cuarta potencia productora (después de China, EEUU, y Alemania)-, y que se concentra fundamentalmente en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Aragón, Castilla y León, Murcia y Andalucía. Además, recalca que ha habido un incremento exponencial de las exportaciones (un 42,6% en el período 2015-2019), principalmente a países fuera de la Unión Europea, fundamentalmente a China (un aumento del 50% en 2018-2019) y Filipinas (un 12,4% en ese período), lo que seguramente haya determinado el aumento del número de explotaciones de gran tamaño que requieren disponer de una autorización ambiental integrada que debe otorgar la Administración autonómica.

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