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LA CAPITAL

Soria se aferra al interés general para la depuradora

La capital recalcará el «agravio comparativo» con otros proyectos similares

J.S. /Soria
01/02/2018

 

El proyecto de la depuradora de Soria escribe hoy un nuevo capítulo en la reunión que mantendrán en Madrid los ayuntamientos de Soria, Golmayo y Los Rábanos con Acuaes. La capital reconoce su «poco optimismo» en que haya un cambio de escenario que rebaje el porcentaje de financiación de los municipios (65%), aunque se aferra a la declaración de interés general de la obra recogida en la ley de Presupuestos de 2010 y al «agravio comparativo» que sufre Soria con respecto a otras ciudades.


Tras las últimas reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente, y con la propia ministra, Isabel García Tejerina, el planteamiento del Gobierno es muy claro. Soria debe elegir entre hacer la nueva depuradora (55 millones) o ampliar las actuales instalaciones (37,5 millones), pero en ambos casos los municipios deberán aportar el 65% del coste de la infraestructura mediante su repercusión en el recibo de los vecinos durante 40 años.


El alcalde de Soria, Carlos Martínez, reveló ayer que el Ayuntamiento ya que ha recibido la carta «donde nos trasladan una fijación de posiciones que viene a corroborar el posicionamiento que nos trasladó la ministra». En ese documento se hace referencia a la cofinanciación al 65% por lo que «no podemos ser optimistas». Martínez indicó que una de las cuestiones primordiales en la cita será conocer «la letra pequeña que suman a ese 65% de cofinanciación».


En la reunión de hoy el Ayuntamiento de Soria volverá a insistir en dos argumentos. En primer lugar reiterará la declaración de interés general que tiene la obra con apoyo de un documento elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. «Nos dicen clarísimamente que una infraestructura declarada de interés general tiene competencias y obligaciones a las que tiene que dar cobertura el Gobierno de España y no solo cargar a los vecinos de los municipios el coste de una infraestructura que tiene la obligación de asumir el Gobierno», recalcó.


Según explicó el regidor el documento «recoge la legislación vigente» que marca que «una infraestructura declarada de interés general es competencia y obligación del Estado». «Las infraestructuras se declaran de interés general porque el Estado asume el compromiso y la competencia de ejecución de la misma», subrayó el regidor. Martínez puso como ejemplo el nuevo centro penitenciario de Soria «financiado al 100%» por el Estado y recordó que la calificación de la depuradora de Soria bajo este marco estuvo amparada en que «es cabecera del Duero y está en una zona desfavorecida vinculada al PAESque aprobó el consejo de Ministros». El alcalde cree que la depuradora tendría que tener el mismo tratamiento que la cárcel «y aquí se hace lo contrario».


El alcalde de Soria, Carlos Martínez, quiso aclarar que la figura de interés general va «más allá» del apoyo técnico. «Cada uno debe asumir sus competencias y además no mentir, que es importante», indicó Martínez añadiendo que «la legislación dice que la declaración de interés general va más allá de la asistencia técnica que es lo que se da a cualquier depuradora que licita y ejecuta el Ministerio», subrayó el regidor. El alcalde insiste en que la asistencia técnica «es lo básico» que debe asumir el Gobierno «cuando tiene una empresa que licita y ejecuta la obra».


El otro argumento que defenderá Soria ante el Gobierno es el «agravio comparativo» con otros proyectos similares. «Si vemos como se financian otras como Estepona, Nerja, Plasencia o Cáceres cada vez es más flagrante el abuso del Gobierno a los vecinos de Soria, Golmayo y Los Rábanos», asegura. «No hacen pagar algo que en otros sitios, seguramente con más recursos económicos y más potencial de desarrollo, pagan al 100% de las arcas del Estado», lamentó añadiendo que «ante ese agravio no queda más que seguir batallando y esperamos encontrar aliados necesarios como pueden ser los vecinos y los ayuntamientos de Golmayo y Los Rábanos».


Martínez advirtió que en el caso de que no haya una variación en el posicionamiento del Gobierno el proyecto de la depuradora tiene que tener más recorrido porque «no podemos resignarnos constantemente y de nuevo exigir a la administración más pequeña que busque una solución ante la negativa del Gobierno y ante la injusticia que nos ponen sobre la mesa». El regidor insiste en que «si nos cruzamos de brazos no podremos sacar a Soria de la situación en la que se encuentra». «Tiene que haber más recorrido y tenemos que hacer ver al Gobierno que se equivoca con esta injusticia», reiteró. El alcalde afirma que no es una cuestión «de signo político de una administración» sino que estamos ante «un claro abuso hacia los vecinos de Soria». «Es un claro agravio comparativo para quienes dicen comprometerse de palabra con esta tierra y por la vía de los hechos constantemente no solo nos perjudican sino que plantean unas condiciones de imposible cumplimiento para abocarnos a una dificilísima y complicada situación», sentenció. Para Martínez «no hay ejemplo más claro de injusticia y agravio comparativo que la depuradora».

 

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