PP y VOX pactan en Extremadura medidas fiscales menos ambiciosas de las que ya aplica Castilla y León

Cuatro meses. Ese es el tiempo que PP y VOX empleaban para cerrar el pacto de gobierno en Extremadura, con investidura fallida de la ‘popular’ María Guardiola de por medio. Un pacto que se recoge en 11 puntos y 23 páginas y que contiene medidas fiscales y de rebaja de impuestos mucho menos ambiciosas de las que aplica en Castilla y León el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco.

El epígrafe fiscal y de bajada de impuestos, PP y VOX lo recogen en el punto cinco de su acuerdo para Extremadura. En el mismo fijan cuatro apartados que van desde la reducción del IRPF a la bajada general de tasas autonómicas, pasando por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de actos jurídicos documentados. En todos ellos, tal y como consta en el pacto de ‘populares’ y los de Santiago Abascal, se recogen bajadas o bonificaciones que en el caso de Castilla y León son ya efectivas e, incluso, superiores.

Así sucede con la reducción del IRPF. «En cada año de la legislatura, se aplicará una bajada progresiva del IRPF del 0,25 % en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica, con la finalidad de acumular una reducción total de 1 punto porcentual en ambos tramos al final de la misma», señala el pacto extremeño. Pues bien, aquí la Junta eleva esa bajada para el tramo autonómico del 0,50%, fijado ya en 2022 y que iba también recogido en presupuesto de 2025, que era tumbado en las Cortes, con los votos de la oposición, incluidos los de VOX. Una rebaja que, según anunciaba el propio Mañueco en campaña tiene intención de seguir aplicando.

Lo mismo puede decirse en lo que se refiere a la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. PP y VOX plantean ampliar la bonificación. Castilla y León tiene bonificado ya al 99% de este impuesto para donaciones y sucesiones entre padres, hijos y cónyuge y el poder ampliarlo también a sobrinos y hermano. Como también sucede con la reducción del de actos jurídicos para la adquisición de una vivienda habitual, que recoge el acuerdo extremeño entre ‘populares’ y VOX. Aquí, la Junta ya lo tiene y lo reduce especial en el caso de adquirir una vivienda habitual en el medio rural.

Sobre la bajada general de tasas autonómicas, el acuerdo de Extremadura habla por ejemplo de las de caza y pesca. Conviene recordar, y así lo señalan las fuentes del ejecutivo de Castilla y León consultadas por este periódico, que la Comunidad era la primera en eliminar las tasas para las licencias de caza y pesca.

Castilla yLeón también tiene rebajado el Impuesto de Transmisión Patrimonial para una vivienda habitual, que PPy VOX sellan, en este caso en el apartado de vivienda del pacto de gobierno.

Sanidad

Si en política fiscal, el acuerdo de gobernabilidad de Extremadura recoge medidas en las que Castilla y León va por delante, en lo que a su aprobación y ejecución se refiere, lo mismos puede decirse en el área de Sanidad, incide las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico.

El aparto tres del pacto recoge el plan de mejora de la Sanidad. Una mejora que plantea con medidas como aumentar la dotación presupuestaria. Castilla y León viene incrementando el presupuesto de Sanidad, en los aprobados y en los que eran rechazados, en torno al cinco, seis por ciento. Al igual que ese apartado de «campañas quirúrgicas extraordinarias, ampliación de horarios, derivaciones coordinadas y colaboración público-privada», que en Extremadura plantean hacer antes de que finalice este año y que en la Consejería de Sanidad de Castilla y León aplica de manera regular.

En cuanto al plan de contratación de 1.500 profesionales sanitarios adicionales, que recoge el pacto de PP y VOX en Extremadura a cuatro años, en Castilla y León sólo en médicos se fidelizaban ya 907 plazas, que suman muchas más con el resto de trabajadores sanitarios extra creado, en palabras de las mismas fuentes.

Por no hablar del plan de incentivos retributivos para áreas de difícil cobertura e incentivos para tutores MIR, con aumentos de complemento específico ligado a la permanencia en la misma plaza», que en la Comunidad extremeña quieren también tener antes de final de año y que aquí está ya regulado por Ley, precisamente la última que se salía adelante en el pleno de cierre de la Legislatura recién concluida. Cuestión similar concurre en el caso del plan de planificación de infraestructuras sanitarias, que Sanidad aquí lleva años poniendo en marcha.

Educación

Lo más llamativo sobre lo que recoge el acuerdo de Gobierno de ‘populares’ y VOX en materia educativa es la gratuidad de las escuelas infantiles des cero a tres años. «Se completará la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años, con la incorporación de cero a uno, a partir del curso escolar 2026-2027», es decir del próximo curso. Cuatro años lleva ya Castilla y León aplicando la gratuidad en la educación infantil de cero a tres años.

Se iniciaba casi con el arranque del anterior mandato haciéndola gratuita entre de dos a tres años, para al año siguiente ampliarla entre uno y dos y, finalmente, hace dos años la gratuidad llegaba para los de cero a uno. O, lo que es lo mismo, la gratuidad educativa de cero a tres años comenzaba a hacerse efectiva hace cuatro años en la Comunidad y, desde hace dos, una vez concluya el actual curso, es gratuita para todo entre cero y tres, que es lo que plantean PPy VOX alcanzar el próximo curso en la región extremeña al ampliarla entre cero y un año.

Un acuerdo, el extremeño, que servirá para investir a la segunda a la ‘popular ‘ María Guardiola como presidenta, en el que los de Santiago Abascal se quedan con la Vicepresidencia, que lleva adscrita la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, además de la Consejería de Agricultura y un senador autonómico. Está por ver lo que reclaman aquí en Castilla y León.

Todo apunta, tal y como publicaba ya este periódico, que se quedarán con la Vicepresidencia para Carlos Pollán con una consejería adscrita, que podría ser Cultura. A eso se le sumaría otra consejería, en este caso la de Agricultura. Conviene recordar que, a diferencia del pacto de Extremadura, donde suman un senador autonómico, que VOX aquí ya tiene dos miembros en la Mesa de las Cortes, la Vicepresidencia primera y la Secretaría tercera, mientras que en el caso de la Comunidad extremeña sólo cuenta con un sillón en el órgano de dirección del Parlamento extremeño.

Inmigración

El nudo gordiano del acuerdo que acaba de sellarse entre PPy VOX en Extremadura, la parte más gruesa del mismo es su apartado cuatro, aquel que tiene que ver con la inmigración. Un apartado con doce puntos en lo que se fija el no acoger más menores migrantes no acompañados y devolver a su país a los que hay, además del principio de «prioridad nacional» para acceder a todo tipo de ayudas.

Este apartado arranca, de hecho, con los menas. «No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central. La Junta de Extremadura rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. No participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura», se asevera en este primer punto de este apartado de inmigración.

Y eso será así, inciden los ‘populares’ y los de Abascal, «desde el primer día de gobierno. A eso se le añade el que, según este pacto, «los menores deben estar con sus padres», por lo dejan claro que «la Junta de Extremadura trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen». Para ello, indican en el acuerdo, que «en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales, promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres».

No aclaran, eso sí, cómo van a llevarlos a cabo, toda vez que las competencias en materia de inmigración las tiene el Gobierno central y no las comunidades autónomas. No habilitarán tampoco nuevos centros de acogidas de inmigrantes, ni ampliarán más plazas en los que ya existen. A esto se le añade, también desde el inicio del Gobierno, la realización de pruebas para la «verificación de los inmigrantes ilegales».

Supresión de ayudas a ONG

PP y VOX suprimirán «el total de subvenciones a las ONGs «que favorezcan la inmigración ilegal», aunque no aclaran cuáles, ni tampoco cómo se determinará quién favorece o no, según ellos, la «inmigración ilegal». Lo que sí recogen con rotundidad es el que «la Junta de Extremadura no destinará ni un sólo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada».

Reformar el padrón municipal «para combatir el fraude y la ocupación ilegal», «prohibición de usar el burka en espacios públicos» y supresión de la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí en los colegios, son otras de las medidas en materia de inmigración.

"Prioridad nacional"

Bajo este principio de «prioridad nacional», PP y VOX recogen en su pacto de gobierno en Extremadura, que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Para ello se exigirá «un período mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio».

«Arraigo y prioridad nacional», que van a exigir, también, para el acceso a una vivienda protegida y al alquiler social. Así, aquellos que tener acceso a la compra de vivienda de protección deberán acreditar «un mínimo de 10 años de empadronamiento histórico», que se rebaja a cinco años, para el alquiler social. Nada de esto existe en Castilla y León.

Concordia

De nuevo, en un pacto PP y VOX, aparece el término concordia. En este caso para impulsar, de acuerdo a su ley de concordia de octubre de 2025, el impulsar «actuaciones de protección, recuperación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda». Cabe recordar que en Castilla y León la proposición de Ley de Concordia se rechazaba en 2024 en las Cortes tras la salida de VOX del Gobierno.

Habrá que ver cómo se articulará el futuro acuerdo en Castilla y León, a la vista de estos puntos del pacto extremeño y teniendo en cuenta, primero, que muchas medidas en materia fiscal, sanitaria, educativa y también de política de vivienda, el actual gobierno del PP en Castilla y León va muy por delante de este acuerdo que se acaba de rubricar en Extremadura.

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, asegura que «la música» del acuerdo en Extremadura será la que «va a acompañar el acuerdo de Aragón y Castilla y León», mientras para Mañueco «no influye». Lo siguiente, en palabras, de Garriga, será el pacto en Aragón. «Castilla y León se votó hace poco», afirma. En el PP, como avanzaba ester periódico asumen que VOX no desbloqueará Castilla y León hasta después de las andaluzas.

Recorte de ayudas a los sindicatos

«Gasto improductivo». En ese apartado 10 del pacto es donde PP y VOX incluyen la «reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública». En concreto se les reducirán 50% las ayudas que «no acrediten de forma objetiva una utilidad pública. Recorte a sindicatos y patronal que ya vivía en Castilla y León con VOX en el gobierno en los primeros años de la anterior legislatura, con los de Abascal al frente de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio. Recorte de ayudas que, eso sí, con posterioridad el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sentenciaba que había sido ilegal.

Lo que también reducirán «al mínimo legal» serán las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo.