La Junta destina 1,8 millones para sufragar el suministro urgente de agua a poblaciones con problemas de escasez
Las subvenciones directas van dirigidas a las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León
Camiones cisterna de agua potable.
El Consejo de Gobierno autorizó, en su reunión de este jueves, subvenciones directas, por valor de 1,8 millones de euros, a las nueve diputaciones de Castilla y León para sufragar el suministro urgente de agua a poblaciones con problemas de escasez y ejecutar actuaciones de abastecimiento y depuración.
Estas ayudas permitirán subvencionar el 50% del coste de los suministros de agua potable y de las obras ejecutadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2027, con hasta 200.000 euros por provincia.
El suministro de agua potable tendrá carácter prioritario dentro de esta línea de ayudas, con el objetivo de dar respuesta inmediata a episodios de desabastecimiento provocados por causas sobrevenidas, como la falta de caudal, la contaminación de las fuentes de suministro o averías en los sistemas de abastecimiento y saneamiento.
Cuando sea necesario recurrir al abastecimiento mediante cisternas o agua embotellada, este deberá cumplir con las exigencias sanitarias establecidas en el Programa de Vigilancia Sanitaria de Agua para el Consumo Humano de Castilla y León.
Además de atender situaciones de emergencia, estas subvenciones permitirán financiar obras de mejora en infraestructuras hidráulicas municipales, tanto en redes de abastecimiento como en instalaciones de saneamiento, reforzando la capacidad de respuesta de las entidades locales ante incidencias que puedan comprometer el suministro o la calidad del agua, recoge Ical.
La Junta mantiene desde hace años una línea continuada de colaboración con las diputaciones provinciales para atender estas necesidades básicas en el medio rural. Desde 2016, estas ayudas financian con carácter general tanto el suministro extraordinario de agua potable como la ejecución de obras, consolidando un instrumento de apoyo esencial para garantizar un servicio básico en los municipios de la Comunidad, especialmente en aquellos con menor capacidad económica y técnica para afrontar este tipo de actuaciones.