Uso y abuso político de la arqueología

"En política se puede hacer

de todo menos el ridículo"

Josep Tarradellas

Desde hace más de cincuenta años llevamos trabajando en el mundo del patrimonio cultural, especialmente en el arqueológico, tanto en el campo de la investigación como en el de la gestión.

Desde aquella lejana época, y en momentos anteriores, ya eran habituales "los ataques" a los restos arqueológicos. Si acudimos a las hemerotecas veremos como la situación, aunque ha disminuido, lamentablemente no ha variado mucho y los bagaudas continúan actuando contra el patrimonio.

Centrándonos en el mundo de la arqueología, la historia nos muestra como se han destruido mosaicos, cuando no se han tapado con hormigón, para realizar construcciones; como se han roturado terrenos en donde se sabía que había yacimientos arqueológicos (villas, necrópolis, campamentos, etc.); como se han grafiado, salvajemente, paneles donde se encontraban restos de arte rupestre; como se han destrozado conjunto arqueológicos importantes al hacer vías de comunicación, y así podríamos seguir indefinidamente.

Y ante estas actuaciones, siempre, la respuesta del bagauda de turno ha sido la misma: "desconocíamos la existencia, fue culpa del obrero, el palista no atendió las instrucciones, etc". y los propietarios perpetuamente han pretendido salir de "rositas".

Afortunadamente, y gracias a los jueces, las sanciones cada vez son más frecuentes y la actuación de la Guardia Civil (SEPRONA) está siendo fundamental para la protección de este ámbito de nuestra cultura.

En España (Ley 16/85) y en las Comunidades Autónomas, en el caso de Castilla y León (Ley 12/2002 y 7/2024), se ha legislado al respecto y la aplicación sobre la arqueología es evidente.

En nuestra Comunidad, desde mediados de los años noventa del pasado siglo, la Junta de Castilla y León viene desarrollando una importante labor en este ámbito.

Se han catalogado todos los yacimientos conocidos; se han preparado lugares arqueológicos para la visita pública; se han señalizado lugares arqueológicos; se han realizado aulas arqueológicas; se han editado publicaciones especializadas de divulgación; etc. Y todo ello ha partido de propuestas de profesionales, que no de aficionados, del mundo de la arqueología.

Véase por ejemplo el trabajo: "Hacia una política de los lugares arqueológicos en Castilla y León. Su adecuación para la visita pública", en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, 1996 o "La ley del Patrimonio Histórico Español. Comentarios sobre su aplicación arqueológica en Castilla y León" en Complutum, nº 9, 1988.

Es evidente que todas las normativas, ya la nacional ya las comunitarias, dejan claro que el deber de conservación y protección corresponde a "los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos sobre los bienes integrantes del Patrimonio Cultural...y estos están obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro".

Y ahora resulta que unos "señores" devastan unos restos arqueológicos en tierras palentinas, "aseverando que tienen más derechos que los investigadores que trabajan sobre los restos destrozados" y un procurador en las Cortes de Castilla y León, de cuyo nombre es mejor no acordarse -la publicidad se gana, no se regala-, une estos atentados con otros acontecidos en León y Valladolid y pide la dimisión del Consejero de Cultura, Prf. Dr. Santonja Gómez, por cierto, una persona que desde bien pequeño y gracias a su padre "mamó la arqueología en general y la castellano y leonesa en particular", y se queda tan ancho y su grupo, en donde creo que hay un licenciado en arqueología, aplaude.

En otras circunstancias podríamos tratar este "uso y abuso político de la arqueología" de absurdo. Pero, en esta ocasión y dado el vocero (persona que habla en nombre de un grupo), solo se nos ocurre utilizar el término ridículo.

Y haciendo una reflexión, siempre desde un punto de vista cultural, podemos estimar que la actuación, sí actuación, de este procurador se puede deber a varios motivos:

- Desconocimiento de la normativa y de las actuaciones que se vienen realizando desde hace décadas para acabar con los bagaudas del patrimonio.

- Afán de protagonismo e intento de quedar bien con los que mandan, para de esta forma continuar en el puesto y con las prebendas correspondientes.

- O como bien ha dicho el editorial de un medio de comunicación regional de nuestra Comunidad, el pasado día 14 de marzo: "afán de venganza emanada de un evidente rencor".

Nosotros, humildemente y sin ningún objetivo específico, estimamos que estamos ante un tres en uno.

Y la verdad, muy sorprendidos. El citado, y no mencionado procurador, estimamos que debería conocer la Ley de Patrimonio de nuestra Comunidad y el lamentable mundo sobre el que algunos, afortunadamente cada vez menos, atentan contra el patrimonio arqueológico y encima lo quieren justificar diciendo que el terreno es suyo.

Y hablando de estos individuos, nos viene a la mente un ejemplo a seguir, el del palentino DON, con mayúsculas, Javier Cortes Álvarez de Miranda. Un agricultor que renunció a sus tierras y apoyó y financió con su pecunio particular y luego cedió a la Diputación de Palencia la Villa Romana de la Olmeda, institución que con la Junta de Castilla y León han puesto a disposición de la sociedad un importante patrimonio arqueológico..

Sr. Procurador en Cortes es usted, aún, relativamente joven, haga caso al Muy Honorable Tarradellas y deje de hacer el ridículo.