Fiscalía investiga ya el desfalco en el polideportivo de San Andrés

Del desfalco en el San Andrés se encarga ya la fiscalía. El caso por la desaparición de la recaudación en el polideportivo adquiere tintes judiciales y el Ayuntamiento se desentiende, mientras, de actuar en el plano laboral contra el presunto autor. El expediente disciplinario se encuentra «suspendido», expuso el concejal Javier Jiménez Santamaría, por traslado de los hechos a la fiscalía. El edil popular se hacía eco en el pleno de las explicaciones en la Comisión del concejal de Personal, Eder García, y se interesaba en ruegos y preguntas por el momento en que la fiscalía se hizo cargo del caso. Si a principios de diciembre, como publicó este medio sobre la base de una resolución de García, o finales de enero, según la última referencia que Jiménez Santamaría hizo constar en el pleno.

Pocos días antes de que la noticia saltara a la palestra pública, García se presentaba en el San Andrés acompañado de la tesorera municipal y un subinspector de la Policía Local. El objeto, levantar acta de lo que hubiera en la caja fuerte. Pero allí no había un euro. Más o menos lo esperable, pues ya el concejal de Deportes había alertado en un informe de que hacía tiempo que no constaban ingresos desde el polideportivo.

Con la fiscalía ya detrás de lo acaecido en la instalación deportiva, el concejal popular se hacía eco de otro expediente, en este caso informativo, sobre otro lío municipal-deportivo-de contratación. Era a propósito de las obras menores en la piscina de la Juventud, donde una empresa de un técnico municipal aparecía referenciada en los trabajos. Ahora «nos hemos enterado de que no tenía la compatibilidad» el trabajador municipal, algo que «ya lo sabíamos». La pregunta de Jiménez Santamaría iba dirigida a saber si de lo expuesto se derivará un expediente sancionador y si consta si el técnico pudiera tener «relación mercantil» con adjudicatarios de otras obras que él informaba.

Entre su nueva responsabilidad autonómica y que se pronunciaba hacia el PP, el alcalde, Carlos Martínez, replicó recordando el caso Perla Negra y la trama eólica, «Apesta» uno y otro, señaló el regidor, quien insistió enigmáticamente, como otras veces en este asunto, en que «no es bueno mezclar lo profesional con sus labores políticas».

De sentido más arcano aún fue la frase del concejal de Vox, Fernando Castillo: «Les negamos la ciencia». Qué quería decir en el contexto de un discurso negacionista del cambio climático antropogénico, por el que «supuestamente el hombre emite mucho CO2», él lo sabría. Tenía claro que había una «supuesta contaminación que va a cambiar la vida del planeta» y que se tomaba a familias y empresas «como si fueran culpables de esa contaminación en el mundo». En fin, «el clima es cambiante» y si hay que implantar en Soria el criterio de que ‘quien contamina paga’, también en el recibo de las basuras, es por culpa de «políticas europeas radicales». Todo esto a propósito del mal llamado ‘tasazo’ de las basuras, que Soria introduce con una nueva Ordenanza. Se trata de introducir las normas europeas traspuestas en la legislación nacional.

Mal llamado ‘tasazo’ en la capital, ya que la tasa cambia a prestación patrimonial de carácter público no tributario. Lo que no cambia es que los vecinos tengan que pagar por las basuras y lo que sí es que tendrán que asumir el servicio en su integridad. Ahora el Ayuntamiento se hace cargo de 460.000 euros (déficit de la recogida y el tratamiento), cantidad que repercutirá a partir del próximo año en los recibos.

Para fijar los cobros desaparece en residencial el criterio de la categoría fiscal de la calle y se sustituye por el de los metros cuadrados de la vivienda. En este sentido, se establecen cinco tramos. Con un coste fijo de 33 euros, explicó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Muñoz, una vivienda inferior a los 60 metros cuadrados pagará 42 euros y una de más de 150 metros cuadrados 72. El resto de inmuebles verá incrementado el recibo en un 25%. ‘El que contamina paga’ se aplica en el residencial con el supuesto más o menos angélico de que vive más gente en un piso de más superficie. En todo caso, de alguna manera hay que desarrollar ese criterio.

Conscientes de que hay que aplicar la Ley, el PP se abstuvo. «Se ha escogido un criterio de pago más fácil de implementar», señaló la portavoz popular, Belén Izquierdo. Suponer que en un piso de 100 metros cuadrados viven más que en uno de 50, donde puede haber mucha gente apelotonada, es una «simplificación de la realidad». En la Ordenanza «nos hemos quedado en un nivel elemental», mientras para los locales y empresas se mantiene el criterio de la categoría de la calle, que ya toca retocar.

Mientras consideraba «excusas de mal pagador» las explicaciones del PP (a fin de cuentas, en El Burgo de Osma el ‘tasazo’ supone una subida del 66% y del 62% en Golmayo), Muñoz tenía que estar estupefacto con el ‘no’ de Vox debido al negacionismo de la crisis climática. Vox Valladolid no lo tiene tan claro y votó a favor del ‘tasazo’ en esa capital, negacionistas ‘de facto’ de los negacionistas sorianos.

El pleno se dio por enterado de varias sentencias, todas relativas a los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra la subida del IBI para 2024. Un auténtico varapalo judicial a las pretensiones de FOES (en la víspera la patronal había cargado contra las obras de las travesías mediante una encuesta), PP y un particular. Los tres recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo son desestimados y se considera «conforme a Derecho» el acuerdo del pleno de diciembre de 2023, con el cambio del tipo impositivo y su aprobación definitiva.