La Capital
Fiscalía cifra el desfalco del San Andrés en 17.000 euros y abre causa judicial
El empleado municipal ha devuelto parte de la cantidad que faltaba en la contabilidad municipal
Entrada principal al polideportivo San Andrés de la capital soriana.
En cuestión de días, la Fiscalía Provincial de Soria iniciará el procedimiento judicial para aclarar el desfalco del polideportivo San Andrés. Tras recibir la documentación del expediente abierto por el Ayuntamiento de Soria, el Ministerio Fiscal tiene previsto presentar denuncia contra el exencargado de la instalación. Según pudo saber este medio, en la contabilidad municipal faltan 17.000 euros. Inicialmente, la cifra era más alta, pero el exempleado del San Andrés ha devuelto una cantidad que, según diversas fuentes, podría rondar los 20.000 euros.
Durante el Pleno municipal celebrado en la mañana del jueves se desveló, por parte de la oposición, a través del concejal del PP, Javier Jiménez Santamaría, de la suspensión del expediente disciplinario abierto por el Ayuntamiento contra el exencargado de las instalaciones deportivas. La suspensión estará vigente en tanto se resuelva el proceso judicial que, según fuentes oficiales, se abrirá en cuestión de días.
Según la información facilitada desde Fiscalía, aún quedan por determinar algunos aspectos que serán decisivos a la hora de establecer del delito que presuntamente ha cometido el exencargado de la instalación. Son cuestiones que afectan, por ejemplo, a la relación laboral entre el principal sospechoso y el propio Ayuntamiento. La información que maneja el Ministerio Fiscal es que han desaparecido algo más de 17.000 euros de la recaudación del polideportivo capitalino.
Tal y como está explicado, es la cifra que ahora mismo se maneja ya que cuando se inició el procedimiento la cantidad era más elevada. En los prácticamente dos meses que han pasado desde la apertura del expediente municipal hasta que la documentación llega a Fiscalía el empleado municipal ha devuelto parte del dinero. Las fuentes consultadas por este medio no han podido precisar la cifra reintegrada en las arcas municipales aunque se estima que puede situarse en el entorno de los 20.000 euros.
El caso se destapa a principios del mes de diciembre cuando este medio publica que el viernes 29 de noviembre el concejal de Personal, Eder García, acompañado de la tesorera municipal y un subinspector de la Policía Local se personan en el San Andrés para levantar acta de lo que hubiera en la caja fuerte del complejo deportivo. Allí, según pudo confirmar este medio, no encontraron nada.
Ese mismo día, desde el área de Gobernanza, cuyo concejal delegado es el mismo Eder García, emite una resolución en la que se detallan algunas de las cuestiones vinculadas al caso. En primer lugar, se alude a un informe del concejal delegado de Deportes –Manu Salvador– en el que se señala «que a pesar de los numerosos requerimientos formulados no se ha recibido justificación documental de los ingresos recaudados en las instalaciones del San Andrés por parte del encargado de la instalación». Además, se pide información al departamento de Tesorería que traslada «de forma verbal» que «desde hace tiempo no se ha recibido ingreso bancario de esa instalación».
Con ese contexto se indica que el responsable del polideportivo lleva en ese cargo desde el 4 de julio de 2022, es decir, prácticamente dos años y medio y que entre sus funciones consta «la recaudación de los ingresos por el uso de las instalaciones». Asimismo, se reitera que los ingresos de las recaudaciones «no han sido efectuados en las cuentas municipales». El documento no especifica si la ausencia de ingresos coincide con la llegada al cargo del encargado –4 de julio del 2022– o es posterior.
El relato de los hechos continúa afirmando que la actuación de dicho trabajador «puede constituir un hecho objeto de aplicación de régimen disciplinario» según lo dispuesto en la normativa. Además añade que «si bien considerando que se trata de un presunto delito que reviste especial gravedad por causar un perjuicio económico al Ayuntamiento de Soria» y en aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público «cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal». Insistir en que esa resolución se produce a finales de noviembre y no es hasta los primeros días de febrero cuando la documentación llega al Ministerio Fiscal. Por último, recordar que desde el inicio del expediente el empleado municipal está suspendido de empleo y sueldo.