Demanda en cascada de seis pueblos de Soria para poner videocámaras de vigilancia por los robos

Los robos en los pueblos de la provincia de Soria, en especial a las viviendas, han movilizado a los alcaldes de varios pueblos que consideran que ha llegado el momento de instalar videocámaras de vigilancia en las calles.

Aunque esta preocupación se arrastra desde hace años que algunos regidores ya han trasladado a la Subdelegación es ahora cuando los ayuntamientos toman la iniciativa y se movilizan para solicitar las cámaras.

Garray es uno de los afectados y tras pedir las cámaras ha recibido, hace unas semanas, la negativa por parte de la Subdelegación del Gobierno. Los que lo van a pedir en los próximos días son los ayuntamientos de Valdeavellano de Tera, Sotillo del Rincón, Rollamienta, Villar del Ala y Rebollar. La petición se tramitará de manera individual, pero su presentación se pretende realizar todos al tiempo, según explicó la alcaldesa de Valdeavellano, Laura Prieto.

El elevado número de robos que sufre Garray a lo largo del año, en torno a la veintena, es lo que ha llevado al Ayuntamiento a solicitar las cámaras, según explicó la alcaldesa, María José Jiménez.

En este caso, la regidora garreña considera que sería una buena solución para una pequeña población que no cuenta con Policía Local y cuya vigilancia depende de los efectivos de la Guardia Civil que tienen que velar por los delincuencia en todos los pueblos.

La pretensión de la alcaldesa era colocar cámaras a la salida y entrada de las tres urbanizaciones que tiene el pueblo, así como a la entrada y salida del casco urbano. El Ayuntamiento afrontaría el coste, para lo que solicitaría una subvención a la Diputación, y cedería la gestión de su funcionamiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Creo que puede ser una herramienta muy útil tanto como medida de persuasión para los ladrones, así como ayudaría a la Guardia Civil a esclarecer los delitos», puntualizó Jiménez, quien dijo no entender la negativa de la Subdelegación, porque en otros pueblos de la Comunidad con un problema similar y de tamaño parecido se han autorizado la instalación de estas cámaras porque se trata de poblaciones que no cuentan con Policía Local.

Sin embargo, la Subdelegación del Gobierno en Soria, en el oficio que ha remitido al Ayuntamiento de Garray, recoge que «los alcaldes o concejales competentes en materia de seguridad ciudadana de municipios que carecen de policía local no ostentan competencia para formular esta solicitud».

Además expone que la «autorización de videocámaras requiere un estudio concreto y casuístico, no siendo posible la admisión de peticiones genéricas en las que no se acredite de forma objetiva y razonable el riesgo para la seguridad ciudadana». 

También menciona la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras, en la que se exige que la solicitud sea concreta y con los motivos concretos y la finalidad específica para su colocación en lugares concretos.

A pesar de la negativa de la Subdelegación, la alcaldesa de Garray no levanta el dedo del renglón y ha encargado a una empresa especializada un estudio de la situación en Garray para volver a tramitar la petición, porque considera que los robos en las viviendas es un preocupación de los residentes de la localidad.

«Todos los meses hay alguno o incluso más de uno y el año pasado sufrieron una oleada en verano», explicó Jiménez. Se ha observado que muchos de ellos se producen en segundas viviendas y después del verano cuando esas casas han quedado vacías porque sus propietarios cierran sus casas en Garray y se desplazan a la capital.

Las unifamiliares en las urbanizaciones de Garray son el objetivo de los ladrones que atacan en Garray que lo hacen fundamentalmente en la cabecera del municipio, ya que no ocurre con tanta frecuencia en las pedanías. «Lo lógico sería que ante esta situación nos dejaran hacer algo».

El Valle

La misma inquietud y preocupación se vive entre los pueblos de la comarca de El Valle. Donde a lo largo del año pasado se sucedieron robos en viviendas, así como de material de obra. Hace un año trasladaron ya esta posibilidad ante la Subdelegación en el transcurso de una reunión.

La Diputación Provincial respalda a los pueblos que tienen este problema hasta tal punto que está dispuesta a subvencionar la instalación de estas cámaras de videovigilancia. 

El presidente, Benito Serrano, indicó que se encuentran a la espera que se les autorice. «Hace más de medio año que lo hemos solicitado a la Subdelegación pero no nos han contestado», expuso Serrano, que agregó que «la Subdelegación dice que lo tiene que tramitar el Tribunal Superior de Burgos, pues que tramiten nuestra petición, pero que nos digan sí o no», puntualizó el presidente.

Benito Serrano defiende que la instalación de cámaras de videovigilancia es una actuación viable que se ha implantado en los pueblos de otras provincias con éxito, como Guadalajara, y no entiende por qué en Soria se da largas a la propuesta de Diputación que lo que quiere es respaldar con subvenciones a los pueblos que han trasladado su preocupación por el incremento de los robos.