La fiscal pide 2 años en un psiquiátrico al tuitero que se mofó del crimen de Carrasco

La fiscal de la Audiencia Nacional sustituyó ayer su petición de dos años de cárcel por el mismo tiempo máximo de internamiento psiquiátrico para Daniel Bergantiños, un joven contra el que se celebró el juicio por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas por los mensajes que escribió en la red social Twitter justificando los actos de ETA o el asesinato de la presidenta del PP de León Isabel Carrasco.

La fiscal modificó sus conclusiones provisionales tras escuchar el testimonio de la perito psiquiátrico, que describió un cuadro de coeficiente intelectual límite, grave desarraigo familiar y personal –el joven, que vivió los tres primeros años de su vida en un orfanato de Rumanía, ha llegado a vivir en la calle–, y consumo de sustancias psicotrópicas. Muestra actitudes muy agresivas y falta de control de sus acciones.

Durante el juicio compareció la madre adoptiva del acusado, contra quien se dirigían algunos de los ‘tuits’ amenazantes que éste escribió y que ha afirmado ante el tribunal que apenas tiene relación con él, salvo a través de la red Twitter, desde que abandonó el hogar familiar con 17 años.

Por esta razón, la fiscal pidió a la Sala que aplique al acusado una eximente incompleta y ordene su internamiento psiquiátrico en un centro donde el joven sea diagnosticado y sometido a tratamiento por el tiempo máximo de dos años, sin que pueda abandonarlo si no lo considera el tribunal tras analizar los informes médicos pertinentes.

La defensa, sin embargo, señaló que los informes policiales sobre las cuentas del acusado en redes sociales no son prueba suficiente para condenarle porque nadie le vio escribir las amenazas y debe aplicársele además una eximente total dada su discapacidad psíquica, que cifró en un 51 por ciento aludiendo a informes periciales realizados por organismos públicos. Por ello, el abogado defensor pidió su libre absolución o en todo caso un tratamiento psiquiátrico acorde a su situación. Mientras la acusación particular ejercida por asociciación Dignidad y Justicia (DyJ), solicitó pena de prisión.