1.250 hogares de Soria pierden el bono social de la luz

El número de consumidores acogidos al bono social de la electricidad en Soria a mediados de 2014 ascendió a 10.326, lo que supone un descenso del 10,8% respecto a 2011. Son 1.250 hogares menos que han dejado de disfrutar de un descuento del 25% en su factura que ha coincidido con la lucha contra el fraude y la implantación de los interruptores de control de potencia, que detecta que los hogares necesitan más de los tres kilovatios contratados.

La caída de clientes con la tarifa reducida es generalizada en Castilla y León, donde la cifra de consumidores acogidos a este bono se situó el año pasado en 220.014. Es un descenso del 11,7% en relación con el año anterior. En cifras absolutas, son 29.357 hogares menos que han dejado de disfrutar de este descuento del 25% en su factura.

En España el porcentaje de bajada es del 7,8%. Es inferior por tanto a la evolución tanto de Soria como de la Comunidad, según los datos facilitados por el Gobierno a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista. A fecha del segundo trimestre de 2014, había un total de 2,5 millones de consumidores con el bono social en el conjunto del país, con 212.000 clientes menos. Todas las comunidades han perdido clientes del bono social, informa Ical.

El número de personas que ha perdido el bono social de la luz en Castilla y León ha sido progresivo aunque el mayor descenso tuvo lugar entre 2011 y 2012 cuando pasó de 249.371 a 233.794 clientes. En 2013 cayó un 4,6% hasta los 222.888 consumidores mientras que la cifra se situó por encima de los 220.000 a mediados del año pasado. Es decir, uno de cada diez clientes de la Comunidad tiene contratada esta tarifa que solo está al alcance de los consumidores domésticos con una potencia instalada inferior a tres kilovatios, los pensionistas con prestaciones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos sus miembros en el paro. La nueva Ley del Sector Eléctrico modificó el año pasado las condiciones e incluyó una limitación por renta para acceder a la tarifa social. Desde entonces, sólo está al alcance de los consumidores con el 120 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 10.841 euros anuales.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, explicó en el Congreso que los años de vigencia del bono social, aprobado en 2009, había aumentado la cifra de pensionistas aunque los mayores incrementos se registraron entre las familias numerosas y, sobre todo, en el colectivo de desempleados sin ningún ingreso. Unos datos que le sirvieron para justificar que «los grupos socialmente protegidos aumentan su peso en el bono social».

En cambio, precisó, que el único grupo que había disminuido era el que disfrutaba del bono social por tener una determinada potencia contratada en una vivienda habitual pero que al no contar con un interruptor de control podían consumir sin límite. «A medida que esa potencia se evalúa mejor y se constata que consumen más, ese colectivo está disminuyendo», declaraba en noviembre pasado en sede parlamentaria. Tanto que recordó que el punto máximo de clientes con esta tarifa reducida tuvo lugar en marzo de 2014 y desde entonces hubo un «descenso paulatino y lento, tampoco muy grande, exclusivamente en el grupo de los consumidores con tres kilovatios de potencia».