La Fiscalía pide seis años de cárcel para un gestor por estafa a su empresa

La Fiscalía de Soria considera a un vecino de la capital que trabajaba como responsable de la gestión administrativa, contable y fiscal de una empresa autor de un delito continuado de estafa y de un segundo delito continuado de apropiación indebida, y le pide penas que suman seis años de cárcel y una multa de 7.300 euros por apropiarse de dinero y no cobrar a empresas de familiares, y a conocidos, un total de 112.997 euros.

El Ministerio Fiscal también reclama para el acusado, que responde a las iniciales de A.M.M., que indemnice a la empresa en la que trabajaba cuando cometió los dos presuntos delitos en la suma de 119.394,84 euros, de los que 112.997 euros corresponden a cantidades cobradas a clientes y cuyo paradero se desconoce, 5.397,57 euros por minoración de las cuentas de un cliente y 1.000 euros que se transfirió desde una cuenta de la mercantil a una suya.

Además, la Fiscalía exigió al contable una fianza de 250.000 euros mientras se resuelve el procedimiento por el perjuicio que considera que causó a la empresa en la que era jefe de la sección mercantil y director comercial.

Según la información que obra en poder de la Fiscalía, A.M.M. era el responsable de la gestión administrativa, contable y fiscal de una empresa dedicada a la venta al por mayor y al por menor y distribución de lubricantes y sus derivados, gasóleos y gas ubicada en Navalcaballo, en la que, además, era también el director de atención al cliente.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, el acusado entre 2008 y 2011 procedió «a manipular varias cuentas de clientes abiertas en la empresa a los que se había vendido gasóleo, haciendo constar el abono por el cliente de cantidades de dinero en pago de los suministros, que en realidad no habían sido efectuados por ellos, con la finalidad de minorar el saldo que dichos clientes adeudaban a la mercantil».

Así, según el fiscal, el gestor y director comercial de la firma de venta de carburante manipuló hasta seis facturas por suministro a una empresa familiar de la que el propio acusado era socio y administrador junto a otros dos hermanos de manera que contabilizó pagos por esta firma que realmente no había hecho.

El acusado contabilizaba dichos falsos cobros como ingresos en la cuenta bancaria de la empresa en la que trabajaba pero, sin embargo, no constaba realizado su ingreso efectivo en ninguna cuenta bancaria. Con esta manera de actuar, el fiscal calcula que durante el año 2008 protagonizó hasta seis falsos cobros de la firma de la que era socio por una cuantía de 8.536,86 euros.

La Fiscalía considera que esta misma operación volvió a repetirla en 2009 «haciendo constar pagos por dicha mercantil -la familiar de la que era socio y administrador- que no se habían llevado a cabo realmente por la misma» y contabilizando supuestos cobros como ingresos en la cuenta contable de la empresa para la que trabajaba aunque no constaban realizados los ingresos. El Ministerio Fiscal cuantifica en 8.354,49 euros el dinero por los falsos cobros correspondientes a cinco facturas y el cobro atrasado de pagos de la mercantil familiar de la que era socio.

Durante el mismo año, 2009, realizó la misma operación de anotar supuestos pagos no realizados por clientes con cinco conocidos.

Así, a uno le anotó el supuesto pago de 7.585,69 euros, a otro una cuantía de 2.051,10 euros, a un tercero un pago por 6.795,97 euros, a un cuarto por 2.200 euros y a un quinto por 1.836,40 euros. Según el Ministerio Fiscal, de estos cinco casos, la mercantil de distribución de combustible cobró con posterioridad el dinero que adeudaban tres de esos cinco clientes, pero no lo correspondiente a dos y cuyo importe económico total asciende a 5.397,57 euros.

Asimismo, siempre según el relato del Ministerio Público, el gestor se transfirió 1.000 euros desde una cuenta de la empresa en la que trabajaba a una cuenta personal suya, sin que conste causa alguna que lo justificara. Además, la Fiscalía considera que se apoderó durante los años 2008 y 2011 de 89.522,44 euros de cobros en mano y en efectivo que no fueron contabilizados en caja ni ingresados ni en la propia caja ni en las cuentas bancarias.

Según la Fiscalía, dentro de estas operaciones, sí hay una cuantía de 17.698,86 euros que fue contabilizada pero no ingresada en la caja ni en cuentas bancarias.

Así, el Ministerio Fiscal solicita para A.G.G., que será juzgado durante el mes de junio, una pena de tres años de prisión y una multa de 7.300 euros como presunto autor de un delito continuado de estafa. Además solicita otros tres años como autor de un delito continuado de apropiación indebida.