La avenida de Valladolid «se podría considerar como un punto negro»
Los vecinos de La Barriada, «descontentos» tras la reunión con la subdelegada y con la impresión de que las cesiones de las travesías «fueran obligadas, pero sin dinero» previo para arreglos
No parece que la reunión del viernes entre miembros de la Asociación de Vecinos de La Barriada y la subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, sirviera de mucho para aclarar compromisos en torno a las travesías, ni siquiera en la cuestión que a la entidad vecinal más le preocupa: la seguridad vial. El encuentro transcurrió con «buenas palabras» y «ofreciendo colaboración» por parte de la representante del Gobierno en la provincia, pero faltaron hechos, refirió ayer el presidente de la Asociación, Ignacio Gutiérrez. El resumen es que «el problema sigue» y que permanecerá «por bastante tiempo». En tanto que Fomento y el Consistorio solucionan sus diferencias, la avenida de Valladolid «se podría considerar por parte del Ministerio como un punto negro», consideró Gutiérrez.
En lo que va de año se han registrado 26 sucesos, entre atropellos y accidentes entre vehículos, recordó el presidente de la Asociación. La entidad consideró hace unas semanas la posibilidad de realizar acciones públicas para presionar y que se adopten medidas que reduzcan la siniestralidad en la vía. Ahora se tendrá que reunir y «estudiar las fórmulas» por si al final se llevan a cabo.
«Conclusiones, me da la impresión que pocas», opinó el presidente, quien tiene claro que «el problema es el dinero». El Consistorio reclama una cesión de las travesías que llegue acompañada de una inversión previa en arreglos y mantenimiento y «el Ministerio se las quiere quitar pero sin aportar nada», expuso la situación el presidente. Ni Virgilio Velasco, quien firmó el acuerdo de ejecuciones de cara a la cesión con el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, ni ningún regidor posterior ha recepcionado los recorridos urbanos de las antiguas carreteras nacionales. De modo que el asunto está «en tierra de nadie».
«Respuesta concreta»
Las transferencias de estas vías «da la impresión de que fueran obligadas, pero sin dinero y es lo que no puede ser», lamentó el presidente, quien expresó cómo desde la Asociación están «descontentos» tras la reunión. En ella la subdelegada remitió el remedio al que pudiera salir de la entrevista que en su día mantendrán el alcalde, Carlos Martínez, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
La cita estaba prevista para el pasado miércoles, pero el Ministerio la anuló en el último momento. Eso sí, cuando De Gregorio se refirió a ella aseguró que «el ministro tenía una respuesta concreta» para el alcalde y se mostró «muy optimista», aunque prefería «no adelantarnos acontecimientos». Gutiérrez se mostró ayer más escéptico al respecto. Estimó que el ministro iba a decir «ahí tenéis las transferencias, pero sin dinero». En cualquier caso, «estamos en lo mismo, con la pelota en el tejado» municipal y del Estado.
A la espera de nuevos hechos, las posiciones de una y otra parte están más o menos claras. El Gobierno respondió este año al diputado socialista Javier Antón cómo «la gestión de las travesías de Soria corresponde al Ayuntamiento». Antón se había interesado por las previsiones de obras de mejora por parte del Estado. En este sentido, Fomento «ha continuado conservándolas en lo estrictamente necesario para mantener la seguridad vial, esto es, reparar el firme y atender la conservación de señalización y balizamiento».
A otra indagación sobre cuándo se firmará un convenio para la cesión definitiva, el Gobierno explicó que el pacto «ya existe», apuntando al de mayo de 1990. «El Ministerio de Fomento ha cumplido con la totalidad de los acuerdos del citado convenio», afirmó, zanjando así la cuestión. Por su parte, el alcalde ratificó el viernes la negativa a asumir las travesías sin una inversión previa. Y citó la última cláusula del acuerdo, por la que se pueden introducir mejoras por acuerdo de los firmantes.
Dos bloques de vías
En 2012 el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Jorge Ferre Moltó, distinguió dos situaciones al entonces diputado del PSOE Félix Lavilla. En su comparecencia habló del convenio de mayo de 1990, que englobaba 6,79 kilómetros. El Ministerio dio en 1996 por terminadas las obras que contemplaba, pero «el Ayuntamiento, incumpliendo lo acordado, nunca ha llegado a firmar el acta de decisión».
Por acuerdo del pleno, en 2001 el municipio «se comprometió a aceptar la cesión» de 4,41 kilómetros, si bien «finalmente no lo hizo así». Sobre estos recorridos sí sería posible aplicar una orden ministerial posterior a mayo de 1990, admitió el cargo. Pero entonces eran tiempos de crudeza de crisis y las disponibilidades presupuestarias «no nos hacen ser extremadamente optimistas». Por ello, las cesiones se realizarían con renuncia del Consistorio a la aportación económica o bien habría que esperar a que existiera capacidad económica.