El bloqueo de la presa de San Pedro dispara plazos y costes

Las obras de la presa del Río Mayor volverán a licitarse en cuestión de semanas. Una demanda histórica de la comarca para solucionar los problemas de abastecimiento. Las obras se adjudicaron en 2017 y se paralizaron en 2019. El proceso para poder retomar la construcción se ha eternizado de tal forma que 7 años después, el coste y el plazo de ejecución se han disparado. La infraestructura que inicialmente iba a costar 3,7 millones y se terminaría en 18 meses ahora ha elevado su presupuesto hasta los 12,4 millones y su plazo de ejecución será de 25 meses, dos años y un mes.

A principios del mes de febrero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, durante su visita a la depuradora de Soria, anunciaba la licitación del contrato para reanudar las obras por 12 millones y semanas después el boletín europeo recogía el anuncio de licitación marcando que el concurso se lanzaría a principios de julio. Ahora, a través de diversas respuestas parlamentarias al diputado del PP por Soria, Tomás Cabezón –también alcalde de Castilfrío de la Sierra, en la comarca de Tierras Altas– revelan más detalles sobre la infraestructura entre ellos, el aumento el coste, del plazo y la necesidad de volver a actuar sobre lo ya construido debido al deterioro causado durante el parón de más de 6 años de las obras.

En estas respuesta se detalla como la actuación de la presa del río Mayor ya estaba incluida en el convenio firmado en 1997, hace casi 30 años, entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta, que marcaba que la ejecución correspondía al Gobierno central. Las obras no se licitaron hasta 2016 y se adjudicaron a mediados de 2017 por 3,7 millones –tras licitarse por 6,1– y un plazo de ejecución de 18 meses. Lamentablemente, ya es conocido que en los primeros meses de 2019 la adjudicataria abandonó las obras iniciando un largo procedimiento para resolver ese contrato que no se culminó hasta el 2024.

Desde el Gobierno explican que el proyecto de terminación «contempla todas las actuaciones necesarias para acondicionar unas obras parcialmente ejecutadas hasta las fecha, sanear las excavaciones y caminos realizados y completar las obras previstas hasta la finalización y puesta en servicio de la presa».

El propio Gobierno indica que desde el año 2013 en el que se redactó el proyecto «el incremento de precios ha sido muy importante». Además la necesidad de sanear las excavaciones realizadas «que se han deteriorado con el paso del tiempo, es preciso realizar una nueva actuación de desvío del río durante la construcción». «Estas son las circunstancias que han hecho aumentar el presupuesto de licitación de las obras». Adicionalmente, señala, «todas las actuaciones necesarias para acondicionar las obras parcialmente ejecutadas suponen un aumento del presupuesto. Entre otras cuestiones hay que sanear las excavaciones y «volver a ejecutar las inyecciones de impermeabilización»·.

En la respuesta ofrecida a Cabezón también se alude a hechos como la pandemia del covid o la invasión rusa de Ucrania que «han supuesto un aumento significativo de los costes de las unidades de obra». Aunque esa afirmación es cierta, cabe señalar que si la adjudicación de 2017 hubiese cumplido los plazos , 18 meses (un año y medio), la presa hubiera estado en servicio antes de que hubiésemos tenido noticias del coronavirus.

En definitiva, la estimación que hace el Gobierno ahora es que la obra pase de los referidos 3,7 millones, fue licitada por 6,1, en los que fue adjudicada a una licitación de 12,4 millones de euros, el triple, y que el plazo de ejecución pase de los 18 meses, año y medio, a 25 meses, dos años y un mes. Si el proyecto no sufre más parones, en torno a 2028 la presa debería estar acabada y en funcionamiento.