Comienzan las pruebas para derribar la polémica quinta planta
La operación se realizará, en principio, sin necesidad de desalojo de los vecinos
Obreros en la quinta planta de Pajaritos II.
La polémica quinta planta de Pajaritos II está ya en camino de desaparecer. Los obreros se presentaron ayer en el nivel superior y comenzaron a trabajar en lo que aparentemente es la actuación previa a la demolición. «Han empezado a hacer pruebas» con este fin, señaló el concejal de Urbanismo, Luis Rey, tratando de evaluar qué tipo de maquinaria o procedimiento hay que llevar a cabo para derribar la estructura. Se trata del «mecanismo de hacerlo para generar los menores inconvenientes a los vecinos», prosiguió Rey, quien confirmó que el asunto está «en vías de solución».
En principio, el derribo no conllevaría el desalojo de los vecinos, explicó el concejal de Urbanismo o, por lo menos, la empresa encargada no ha manifestado nada en este sentido. «En principio, no nos han trasladado que haya que hacerlo», indicó Rey sobre un posible desalojo temporal mientras dura la demolición.
El Ayuntamiento ya manifestó en su día que «iba a cumplir la legalidad y en eso estamos, el Ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer», prosiguió el edil, quien explicó cómo tras las pruebas en los «próximos días» o «próximas semanas» se llevará a cabo la actuación principal.
Una intervención que no es fácil. A comienzos de septiembre se conocieron las dificultades de la promotora para encontrar una firma que se hiciera cargo de la obra.
El origen del problema de la quinta planta se encuentra en que la promotora ejecutó un nivel de más, más allá de las condiciones de la licencia. El constructor se adelantó a la permuta que permitía un nivel más, consistente en el canje del suelo municipal aledaño y el traslado de la edificabilidad a Pajaritos II por el suelo junto al río donde se celebra la Noche de las Ánimas. Esta permuta ha sido declarada conforme a la legalidad por la justicia y, en principio, sigue adelante.
La permuta se tramitó con posterioridad, cuando ya estaba alzada la quinta planta y no estaban cumplidos los límites de la licencia.
El Consistorio inició un procedimiento de restitución de la legalidad, para obligar al derribo de lo mal actuado. Imposibilitada de hacer allí viviendas, la promotora consiguió que el resto se considerase como una pérgola para instalar paneles solares. Esta pretensión fue recurrida por el PP y el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón, obligando a la demolición de toda la estructura.
Paralelamente el Consistorio inició un expediente sancionador, que derivó en la multa de 150.000 euros a la constructora, ya abonada.