El desacuerdo con los propietarios bloquea la ampliación de La Audiencia

La ampliación del Palacio de La Audiencia, vinculada a una reordenación urbana de su parcela trasera –hoy un espacio degradado y sin uso– se mantiene como uno de los grandes asuntos pendientes de la capital por el desacuerdo con los propietarios. Más de 20 años de idas y venidas que en el 2018 tuvo un importante impulso con la aprobación de la reordenación urbanística. Sin embargo, aunque ese trámite se completó las intenciones no han superado la fase del ‘papel’ y aún están lejos de ser una realidad, como reconoció ayer el propio alcalde, Javier Antón, ya que aún no hay cerrado un acuerdo con los propietarios para la ‘distribución’ de espacios.

Los avances, pequeños, en estos 8 años han sido costosos y centrados prácticamente en el plano administrativo. El resumen de la historia tiene el inicio de su último capítulo en octubre de 2018 cuando el entonces alcalde, Carlos Martínez, presentó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana número 26 que afecta a todo ese espacio urbano. A grandes rasgos, además de la ampliación de La Audiencia, el nuevo ordenamiento urbanístico contemplaba la recuperación de la torre de Doña Urraca, unas 70 viviendas, una zona comercial de 2.000 metros cuadrados y unas 500 plazas de aparcamiento subterráneo. En total, permite recuperar unos 6.000 metros cuadrados y la ciudad sumaría una nueva «plaza castellana» detrás de la plaza mayor en cuyas galerías porticadas se abriría la zona comercial, dotacional y residencial.

Tras completar los trámites ese planteamiento se aprobó de forma definitiva en 2020, pero su desarrollo no ha avanzado de forma significativa. El principal problema, a trazo grueso, es la ‘compensación’ de espacios. El Ayuntamiento necesita suelo que hoy está en manos privadas para ejecutar la ampliación del centro cultural, pero sus titulares, hasta ahora, no consideran adecuadas las contraprestaciones ofrecidas por el Ayuntamiento y la distribución de la edificabilidad –y por tanto la futura rentabilidad de los bloques de vivienda a construir–.

Aunque en estos años el contacto ha sido continuo, con mayor o menor intensidad, lo cierto es que no se ha cerrado el acuerdo. A pesar de esas diferencias el Ayuntamiento ha intentado avanzar en su ‘parte’, aunque también con bastantes dificultades. En el último trimestre de 2023 lanzó un concurso para la redacción del proyecto constructivo de la ampliación de La Audiencia.

El anteproyecto, elaborado desde el Ayuntamiento, comprendía un nuevo volumen edificatorio que se sumará al actual palacio, habrá dos entradas, por cada una de las plazas, pero un único conjunto interconectado que tendrá dos escenarios, el actual con 565 localidades, y la nueva zona con 1.028 butacas, 380 correspondientes al palco. Doble espacio para el público y también doble espacio en la caja escénica. La ampliación tendrá una fachada «monumental» que dará a la futura nueva plaza castellana. Tras muchos avatares, el contrato, con un plazo de ejecución de 4 meses, se logró adjudicar en septiembre de 2025, dos años después de su lanzamiento.

El actual alcalde, Javier Antón, confirmó ayer que el Ayuntamiento ya dispone de ese documento –que es el que guiará las obras cuando se liciten–. «Los redactores ya nos lo han enseñado con las últimos modificaciones que se solicitaron desde los servicios técnicos», explicó el regidor. Aunque no desveló la cifra exacta contemplada en el documento si avanzó que el coste «salta de los 10 millones de euros de largo».

Antón admitió que hay un «hándicap urbanístico» que no es otro que «disponer de los metros que ocuparía». «El proyecto está, se puede mandar a la Junta, pero tenemos que ir de la mano de los propietarios privados para poder conseguir el (suelo) dotacional necesario para cubrir los metros que necesitamos para esa ampliación», señaló.

En estas palabras el alcalde hace referencia al último escollo, la financiación, que pese a las eternas disputas previas hoy parece salvado con el compromiso, reiterado por la Junta al menos hasta la pasada legislatura, de cubrir el 70% del coste de la intervención y que nació de un convenio firmado y nunca ejecutado por ambas administraciones hace más de una década.