El Congreso respalda el caso de las ancianas de Almazán

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con la unanimidad de todos los grupos políticos, una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a no considerar como unidad económica los supuestos de familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores y así poder mantener sus pensiones no contributivas.

Esta iniciativa surge después de que una de dos hermanas ancianas, que vivían juntas en la residencia de Matamala de Almazán, fue excluida de recibir una pensión no contributiva por convivir juntas en el mismo centro.

Tras un largo y tenso debate parlamentario, que tuvo lugar el pasado martes, al final la proposición contó con el respaldo de todos los grupos políticos, incluido el PP. «Ahora queda en manos de la voluntad del Gobierno realizar los cambios en la Ley», explicó el diputado nacional del PSOE por Soria, Javier Antón, que ha impulsado esta modificación al conocer la situación de las hermanas Garijo Casal.

La Proposición No de Ley fue presentada por el Grupo Socialista en la Cámara Baja, pero a pesar que ha tenido el respaldo de todos los grupos políticos la satisfacción del PSOE no era completa. Los socialistas tramitaron esta petición en el Congreso como una Proposición de Ley que hubiese permitido de una manera más rápida las modificaciones legislativas sin tener que contar con el Gobierno. Según explicó Antón, el mismo Gobierno vetó esta Proposición de Ley alegando que los cambios solicitados significaban un incremento del 0,1% del presupuesto para todas las pensiones.

Por ese motivo, el PSOE modificó su petición para llevarla al pleno del Congreso de los Diputados como una Proposición No de Ley. Antón confía que tras el respaldo del PP en la Cámara el Gobierno realice los cambios necesarios para evitar de nuevo la situación de las hermanas de Almazán. «Hemos detectado que la interpretación restrictiva e injusta de la ley afecta a 400 personas, no es un número muy significativo si el Gobierno no quiere hacer los cambios».

La petición del PSOE también incluía la revisión de los expedientes en los que se hubiera extinguido la pensión no contributiva por esa consideración.

Las pensiones no contributivas establecen unas rentas de compensación cuando las personas beneficiarias de las mismas carecieran, por sí mismas o dentro de la unidad económica de convivencia, de rentas suficientes para su subsistencia, extendiendo la consideración de la unidad económica de convivencia, conforme a las previsiones del artículo 363 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a todos los casos de convivencia de una persona beneficiaria con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.

El PSOE, argumentó en su proposición, que se trata de un regulación amplía que ha llevado a que una de las hermanas Garijo Casal a abandonar la residencia de Matamala en la que había ingresado junto con su familiar para evitar que esta última se quedase sin percibir una pensión no contributiva de jubilación que tenía reconocida, de 380 euros mensuales.

El amigo de la familia Ángel Martín Vizcaíno tuvo conocimiento de este problema, cuando la preceptora de la pensión no contributiva recibió el comunicado de que se le iba a retirar la misma al haber cambiado su situación familiar y estar viviendo en el mismo domicilio con su hermana que recibía una pensión de jubilación. Martín Vizcaíno fue el que solicitó al PSOE soriano que realizase los trámites parlamentarios necesarios para modificar esta ley y definir los cambios para que no se vuelva a repetir la situación de las dos hermanas ancianas, que habían decidido vivir juntas después de años separadas.