Las subastas de madera ponen el riesgo al sector

Pinares alerta de las «graves consecuencias» que puede suponer el desabastecimiento de madera en los aserraderos de la zona. Asopiva ha dado un golpe en la mesa ante una situación que data ya de hace unos meses y que se concreta en el siguiente hecho: «La madera se está adjudicando a empresas que tienen sus centros de transformación fuera de la provincia. Y las empresas de aquí se quedan desabastecidas, con todo lo que ello puede arrastrar en pérdida de puestos de trabajo y, si llega el caso, cierres».

El presidente de Asopiva y alcalde de Navaleno, Paulino Herrero, advierte de la gravedad de un problema amparado por la ley y en el que no exagera. Empresarios de la zona han trasladado su inquietud a Asopiva, desde la que se asegura que «ya hay empresas que están enviado a sus empleados a casa o al paro».

Asopiva ha convocado una reunión con propietarios de montes, ayuntamientos y empresarios de la comarca de Pinares para el viernes de la próxima semana, con el ánimo de encontrar una fórmula que «tenga en cuenta la sostenibilidad de nuestros bosques y garantice el futuro de nuestros pueblos», apunta el dirigente municipal que habla de la necesidad de adoptar una «solución drástica». Mientras, el grupo de acción local, que engloba a más de una treintena de municipios de Pinares (Soria y Burgos) y El Valle, trabaja en una propuesta «pero siempre dentro del marco de la legislación que hay y de la libre competencia de mercados», deja claro Herrero, que se pregunta «dónde queda la sostenibilidad de la que tanto se habla?». A falta de que se fije la hora, el encuentro será en Navaleno.

Los ayuntamientos tienen las manos atadas a la hora de adjudicar los aprovechamientos que deben hacer y por partida doble. De un lado, deben adjudicar los lotes al mejor postor, tal y como recoge la Ley de Contratos del Estado. Por otro lado, es la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, quien establece y marca los lotes para licitar, de modo que «los ayuntamientos no pueden hacer lotes más pequeños» que interesaran a pequeñas empresas y no despertaran el interés de las grandes.

La única potestad de un Ayuntamiento antes de abrir la subasta es subir el precio a mayores, algo que a priori puede resultar lógico (toda vez que le supone un aumento de sus recursos económicos), pero que, visto lo visto, va en menoscabo de su tejido socioeconómico. Asimismo, una vez adjudicado el lote, el Ayuntamiento puede pedir cierta garantía al maderero para que deje el monte limpio y en buenas condiciones.

«Hay que tomar una decisión sin incumplir la ley. Lo que está claro es que hay que hacer algo. ¿Qué pasaría si se deja de vender madera? Ésa no es la solución, pero hay que abrir el debate», sentencia el responsable de Asopiva, que prefiere no adelantar cuáles podrían ser algunas soluciones porque «primero las tienen que escuchar los socios y estar todos de acuerdo», añade.

Herrero sostiene que hay que establecer precios asequibles pero buscando la fórmula adecuada para la sostenibilidad de la comarca. «La solución tiene que venir del consenso», reitera el alcalde de Navaleno, población que, al igual que otras de la zona como San Leonardo, optó por gestionar de forma directa los montes y no a través de las sociedades vecinales (como se ha hecho durante años) habida cuenta de los altos impuestos que éstas debían pagar.