El Supremo tumba el recurso de los represaliados de Cobertelada

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tumba el recurso de casación que presentó la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad sobre el caso de las exhumaciones de víctimas del franquismo en Cobertelada, conocida  como la 'fosa de los maestros'. Además el Alto Tribunal ordena el pago de las costas judiciales a la asociación soriana, que la Audiencia Provincial había ordenado de oficio en una sentencia anterior. 

Varapalo judicial para Recuerdo y Dignidad  que considera que esta sentencia «apuntala la doctrina de los tribunales españoles y seguirá consolidando la practica judicial de archivo de cuantas denuncias se presenten  por desapariciones del franquismo», por lo que exige un cambio de legislación sobre esta  materia. 

La sentencia del Supremo argumenta de manera clara y explícita, en los fundamentos de derecho, el rechazo del recurso de casación diciendo que «la fiscalización a través del recurso de casación de los autos dictados por las Audiencias Provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial no solo  queda supeditada a los que acuerdan el sobreseimiento libre, es necesario además que se haya producido una imputación formal y fundada».  Expone que en el caso de los desaparecidos en la fosa de Cobertelada no ha recaído imputación judicial que haya conllevado el procesamiento de personas,  por lo que el Supremo considera que no se dan los requisitos necesarios para interponer este recurso.

En este sentido, la Sala del Supremo considera que con la denuncia por los restos encontrados en la fosa de Cobertelada no se perseguía la incoación de un proceso penal para depurar responsabilidades penales contra determinadas personas, sino que la demanda pretendía la tutela judicial de satisfacción del derecho de los familiares a conocer las circunstancias en las que fallecieron sus allegados, «esta pretensión, aunque razonable, no puede ser dispensada por el sistema penal», concluye. 

Además, la sentencia recoge una reflexión exponiendo que el derecho a conocer la verdad histórica le corresponde otorgarlo al Estado, con la colaboración de los historiadores, y no a los jueces de instrucción, «los métodos de indagación del juez no tienen que ver con el proceso investigador del historiador», recuerda. 

Este periplo judicial comenzó con la denuncia de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad tras localizar y exhumar los restos mortales de cinco personas en una fosa común en Cobertelada en el año 2017. En un principio el Juzgado de Almazán ordenó la apertura de diligencias durante los trabajos de exhumación de los restos  y tras recabar información 16 de octubre de 2018 el Juzgado  decidió el archivo de la causa por prescripción de los delitos denunciados. Contra esta resolución se interpuso un recurso de reforma que fue desestimado por el Juzgado y Recuerdo  y Dignidad apeló ante la Audiencia Provincial que también desestimó el recurso, dictando de oficio las costas. La asociación memorialista  recurrió ante el Supremo en casación. 

En la llamada ‘fosa de los maestros’ de Cobertelada se encontraron los restos de cinco profesores y de dos personas más están sin identificar. Entre ellos se encontraba Francisco Romero Carrasco, amigo de Antonio Machado, fundador de la Universidad Popular de Segovia. Los restos que fueron identificados se entregaron a sus familiares. 

Para ello, Recuerdo y Dignidad, junto a varios grupos republicanos y organizaciones memorialistas lanzaron ayer  una campaña en  twitter el hashtag #NoHayMemoriaSinJusticia.