Frente común en el medio rural en apoyo a los cazadores

Frente común en contra del acoso que aseguran sufrir los cazadores, en concreto el colectivo de rehaleros, ante el «acoso de las administraciones». Alcaldes, Mancomunidad de los 150 Pueblos y asociaciones agrarias han mostrado su respaldo a la Asociación de Rehalas Regionales, Arrecal, ante su plante anunciado de no cazar esta temporada «hasta que se no se retire la campaña de acoso hacia el colectivo» evidenciada, a su juicio, con la operación Podenco, pero que viene de atrás. La desveda de caza mayor se abre el próximo domingo 23 de septiembre, para cuando esperan que «esté solucionado el problema», en palabras del presidente de Arrecal, José Sanz, al frente también de la Delegación Soriana de Caza.

El problema se concreta en el excesivo celo en las inspecciones y en las consecuencias de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil, con 18 expedientes abiertos a rehalero. «No se pide que no se cumpla la ley, pero sí que den un trato real de lo que es la normativa. El derecho penal es la última respuesta del estado ante los ataques más graves. No está para nimiedades ni para generar alarma social», se quejan desde Arrecal. «El corte de orejas a perros, como se ha hecho siempre, no menoscaba la salud del animal», añaden.

De las 18 denuncias, cuatro fueron archivadas, dos de las cuales «reactivadas después a raíz de un informe pedido por el Seprona y la Fiscalía al Colegio de Veterinarios», en palabras de José Sanz. Las otras 14 siguen su curso. La asociación de rehaleros tiene 108 asociados, todos ellos con rehalas que en la provincia se cifran en torno a 130, según las citadas fuentes.

En el acto estuvieron presentes los alcaldes de San Leonardo, Jesús Elvira; Almazán, José Antonio de Miguel; Covaleda, José Antonio de Miguel; y Almarza, Ascensión Pérez; el presidente de la Mancomunidad de los 150 Pueblos –donde está el Ayuntamiento de Soria-, Pedro Asensio; así como Eduardo Pacheco y Restituto Nafría, por parte de Asaja; Raúl Ramírez, de UPA-Coag; además de cazadores como José Manzano, Ildefonso Núñez e Iván Escribano.

El respaldo llega también de la Federación Regional de Caza, cuyo presidente, Santiago Iturmendi, se preguntó ayer en la capital «por qué le ha tocado a Soria y no a ninguna otra provincia española», poniendo encima de la mesa la oferta cinegética y de calidad de la provincia, «de las más importantes del país». «¿Son diferentes las rehalas de Badajoz o Sevilla, hacen algo diferente los de Soria?». Tras dejar constancia que desde el colectivos de cazadores «tolerancia cero hacia el maltrato animal», Iturmendi reclamó a las administraciones que «no se dejen llevar por el fundamentalismo animalista. A un animal se le ha de procurar respeto y cariño, pero jamás se pueden considerar como un ser humano ni tener los mismos derechos», añadió.

De paso, lanzó un «aviso a navegantes: El mundo rural mueve muchos miles de votos. Muchos. Y no consentimos que nos digan cómo tenemos que cuidar a los perros». En el foco de sus palabras, la futura ley de bienestar animal, en la que «no vamos a tolerar ninguna tontería», amenazó. En este sentido, habló de «separar la funcionalidad de los perros. ¿O acaso no vamos a poder sacar a personas de derrumbes de edificios por el temor de que al perro pueda caerle algo encima?».

También incisivo con la «presión» que denuncian los rehaleros se mostró el alcalde de Almazán, que habló en representación del resto de dirigentes municipales y pidió a la Delegación del Gobierno y a la Delegación Territorial de la Junta (como administraciones a las que competen la actuación de la Guardia Civil, de un lado, y de los servicios veterinarios, por otros») que «levanten el pie del acelerador».

De Miguel expuso la necesidad de la provincia de medidas de discriminación positiva, fiscales y de otro tipo, «y lo único que recibe son inspecciones por doquier en Comercio, Trabajo, Hacienda y en este caso también».

El alcalde de Almazán, que dijo hablar también como diputado, lamentó que cada vez «esté ganando más terreno el populismo y la gente que no tiene ni idea del peso del sector en Soria». En este sentido, significó el papel de la caza en la regulación de las especies y contra los daños que produce la fauna salvaje en la agricultura, así como los numerosos accidentes por animales que se producen. «Es una persecución injustificada y espero que las personas, fiscales o políticos, correspondientes, frenen este disparate puesto en marcha».

El presidente de los 150 Pueblos recordó que la caza es el segundo recurso que más ingresos genera a la mancomunidad y calificó de «situación injusta» la que sufren los rehaleros y su «persecución». Asensio recordó asimismo el alto grado de accidentalidad en la provincia debido a la fauna salvaje. A los colectivos citados hay que añadir el de Asohtur que hace unos días expresó su inquietud ante las repercusiones que podría significar el plante de los cazadores para los establecimientos turísticos de la provincia.