Los empleados públicos trabajarán 2,5 horas más y habrá mayor control del absentismo laboral

Los casi 87.000 empleados públicos de la Junta de Castilla y León trabajarán 2,5 horas más a la semana y se aplicará un mayor control para el absentismo laboral, si bien se mantienen las retribuciones de este año y no habrá una rebaja en las mismas, según anunció el presidente del Gobierno regional, Juan Vicente Herrera.

Ambas medidas irán a la Mesa de la Función Pública y supondrá, en el caso de la primera pasar de 35 a 37,5 horas semanales, mientras que habrá “algún coto” a las causas de baja laboral y una nueva regulación del complemento económico de la prestación de incapacidad. 

El conjunto de medidas del Plan de Racionalización del Gasto Corriente, aprobado hoy en el último Consejo de Gobierno de este año, supondrán un ahorro de 136 millones de euros para las arcas autonómicas, de ellos 85 millones en las políticas de personal y 51 en las que se refieren a los gastos corrientes no vinculados al social. 

Entre las iniciativas que incluye el plan, que desplegará todos sus efectos en años sucesivos, figura la ya acordada reducción del 30 por ciento del número de liberados sindicales. Además, la oferta pública de empleo se congela para el próximo año, excepto la que se refiere a los servicios básicos, que tendrán una tasa de reposición como la de este año.

En materia de subvenciones, se obliga a que todas las convocatorias tengan en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios y se establece la necesidad de que haya indicadores de resultados para asegurar su eficacia. Por otro lado, las ayudas que sirvan para la financiación global de entidades estarán sujetas a similares reducciones del gasto que las aplicadas al conjunto de la Administración.

Junto a esto, la norma recoge la reorganización del sector público de la comunidad, reduciendo el número de empresas, entes y fundaciones; la aplicación de las medidas de jornada, oferta pública y retributivas de la Junta a este tipo de entidades; el impulso de la teleformación; la racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social, y la potenciación de los servicios de prevención de riesgos laborales propios.

A esto hay que añadir la rebaja sustancial de los contratos de seguridad y limpieza en los edificios públicos; la implantación de planes de ahorro energético en las dependencias administrativas; la gestión integral del patrimonio y los alquileres; la enajenación, arrendamiento o concesión de los inmuebles que estén en desuso, con el fin de obtener recursos; la venta de bienes muebles obsoletos o infrautilizados; la fusión de todos los centros de proceso de datos en uno; la extensión de la central de compras; la integración de los teléfonos de información en el servicio 012 y la unificación progresiva de las oficinas de atención a los ciudadanos.