Ávila, Burgos y Zamora superan los 30 días para pagar sus facturas previstas en la ley de morosidad

Los ayuntamientos de las capitales abulenses, burgalesa y zamorana incumplen con el plazo máximo de 30 días en el pago de sus facturas a proveedores, previsto en la normativa sobre morosidad. En concreto, en el mes de septiembre, el Consistorio de Ávila registró un periodo medio de pago de 52 días; el de Burgos, de 43,16; y el de Zamora, de 38,29. Así aparece recogido en un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que por primera vez publica de forma centralizada estos datos referidos al conjunto de las administraciones públicas, donde se refleja que las corporaciones locales tuvieron un periodo medio de pago de 24,84 días.

Un análisis de las capitales de provincia de la Comunidad, refleja que el ayuntamiento con mejores periodos medios de pago en septiembre fue el de Segovia, con -7,37 días. Y es que el periodo medio de pago computa a partir de los 30 días de que entre una factura, es decir, las cifras negativas reflejan que se paga a los proveedores en menos de un mes. Asimismo, el Ayuntamiento de Valladolid contabilizó un PMP de -6,07 días; y el de Palencia, de -4,86. Además, el PMP del Consistorio de Salamanca se situó en 4,94 días; el de Soria, en 16,57; y el de León, en 23,18.

Por lo que se refiere a las diputaciones provinciales, los datos que facilita en su web el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, constatan que todas cumplían con los límites fijados por la normativa nacional. El mejor ratio lo presentó en septiembre la Diputación de Palencia, -11,64 días; seguida por Ávila, -9,9; Segovia, -8,67; Valladolid -5,65; Zamora, -2,55; y León, -1,41. En cifras positivas pero dentro de los objetivos marcados, se situaron las diputaciones de Soria, 7,6 días; Burgos, 13,72; y Salamanca, 20,74.

Fuentes del departamento que dirige Cirstóbal Montoro denunciaron que únicamente el 52,22% ayuntamientos existentes en España; el 88,46% de las diputaciones; el 30,58% de las mancomunidades; el 6,25% de las agrupaciones de municipios; el 61,73% de las comarcas; el 50% de las ciudades autónomas, y el 5,15% de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio cumplieron con su obligación de remitir información sobre el periodo medio de pago a proveedores.

En este sentido, advirtieron de que formularán un requerimiento para que cumplan y en el caso de que continúen sin facilitar información, se procederá a dar publicidad de su incumplimiento y a la adopción de medidas automáticas de corrección previstas en la ley de estabilidad.

El objetivo perseguido con los requerimientos enviados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es que toda entidad local calcule correctamente y publique su período medio de pago con objeto de poder cumplir con la “sostenibilidad” de su deuda comercial, y que los proveedores puedan conocer si el periodo medio de pago de esa Administración supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.

Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos publicados, supere el plazo máximo previsto en dicha normativa, la Administración deberá incluir, en la actualización de su plan de tesorería, medidas que le permitan generar la tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores.

En el caso de entidades incluidas en el modelo de cesión, el incumplimiento del PMP durante dos meses consecutivos conllevará que la Administración que tenga atribuida su tutela financiera pueda establecer medidas para que lo que reduzca, pudiendo desembocar, de no corregir dicho PMP, en una retención de los recursos derivados de la participación en tributos del Estado e implicar el acceso obligatorio de esa Entidad Local a los mecanismos adicionales de financiación previstos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas